Chubut, 12 de Mayo de 2025
22 abril, 2025
MILEI NO CEDERÁ ACCIONES A LOS ESTADOS SUBNACIONALES SEGÚN LAS PRIMERAS LICITACIONES
El pliego licitatorio que redactó el gobierno para reprivatizar las represas a las que ya se les vencen los contratos sería por 30 años y no participa a las Provincias. Los gobernadores de Neuquén y Río Negro mantendrán este miércoles un encuentro con funcionarios de Energía para plantear la posición de las Provincias frente a la licitación que no las incluyó en el paquete accionario.
El gobierno nacional licitará el 100% del paquete accionario -en el caso de las represas del Comahue que son las inmediatas a gestionar- con un ticket de entrada a los activos que no será alto y según se conoció, el pliego va a permitir que cada empresa se adjudique dos centrales. Con una inversión relativamente baja una empresa podría quedarse con más de 2000 MW de potencia.
La principal condición es que durante los primeros dos años, un 95% de la energía generada se utilice para cubrir la demanda prioritaria residencial de energía por un precio diferencial cercano a los 15/20 dólares por MWh. El porcentaje restante, que se irá ampliando en el tiempo, se podrá vender a precio libre. Se espera una compulsa competitiva con participación de varios actores.
En lo inmediato se va a reprivatizar el complejo hidroeléctrico del Comahue, que está integrado por cinco represas ubicadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén en las provincia homónima y en Río Negro. Se trata de Piedra del Águila, El Chocón y Arroyito (que conforman un tándem), Alicurá, y Planicie Banderitas. En conjunto, las centrales aportan 4.107 megawatt (MW) de potencia, un 13% del parque de generación total de la Argentina.
El lanzamiento oficial del proceso licitatorio —que iba a presentarse la semana pasada— se dilató hasta fines de abril en parte porque las gobernaciones de las dos provincias patagónicas solicitaron un poco más de tiempo para interiorizarse de los pormenores del concurso.
Pero por decisión del presidente Javier Milei solo les dieron 15 días para analizar los pliegos del proceso a los gobernadores, pese a que habían exigido un mes, y por lo que se sabe hasta ahora no incluirán ninguna participación accionaria para las provincias.
Si bien las provincias reclamaban desde hace al menos dos años su derecho histórico para conservar parte del negocio hidroeléctrico del Comahue, el Estado nacional licitará el 100% del paquete accionario de las centrales.
Con esta primera experiencia, todo indicaría que igual destino tendría la represa Futaleufú en Chubut, cuya producción energética abstece a la única planta productora de aluminio primario del país, ubicada en Puerto Madryn.
Cabe destacar que la concesión de la hidroeléctrica Futaleufú vence el 15 de junio de 2025, en apenas dos meses, y no ha habido definiciones públicas al respecto, más allá de los pronunciamientos del Gobierno del Chubut pidiendo la participación provincial en el proceso licitatorio a principios del año pasado.
Futaleufú genera anualmente 2.900 GWh de energía eléctrica en condiciones hidrológicas medias. Su capacidad instalada es de 560 MW.
En el caso de las primeras represas mencionadas, el trazo grueso de la compulsa que involucra a Neuquén y Río Negro ya está definido. Se avanzará con un esquema de re-concesión en manos privadas por un plazo de 30 años, aunque el modelo de negocios que se diseñó posee rasgos particulares que obedecen a las necesidades contextuales del gobierno y también se explican por las condiciones de posibilidad que ofrece el funcionamiento actual del mercado eléctrico argentino.
Aunque las Provincias no tendrán participación accionaria, siguen teniendo una voz en el proceso a través de su capacidad para opinar sobre las condiciones de la licitación. Sin embargo, esto ha generado tensiones, especialmente después de que los senadores pidieran explícitamente que los estados provinciales recibieran al menos la mitad de las acciones, como ocurrió durante la privatización inicial en la década de los 90.
La Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, ha sido clara al señalar que el único actor en las concesiones serán los privados, lo que marca un giro respecto a los acuerdos previos. En cuanto al canon que las provincias habían estipulado para las hidroeléctricas, este sigue vigente, pero aún no se ha concretado su cobro.
Uno de los aspectos que más inquieta a las autoridades provinciales es cómo se gestionará la seguridad de las presas y la protección ambiental, dos puntos clave que seguirán bajo la supervisión de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) y el Orsep (Organismo Regulador de Seguridad de Presas), quienes mantendrán su autoridad sobre las concesiones. Esto implica que, aunque las provincias no podrán participar directamente en las concesiones, sí seguirán siendo responsables de la seguridad de las represas y la protección de las cuencas.
En el plano técnico, la licitación abarcará ocho de las nueve presas construidas por el Estado nacional
En primer lugar, el pliego establecerá que las empresas que se adjudiquen la titularidad de las centrales hidroeléctricas estarán obligadas a vender, durante los primeros dos años, la gran mayoría de la energía generada a distribuidoras que se encarguen de cubrir la demanda prioritaria (residencial) de electricidad.
Se estipulará que, durante los primeros dos años de la nueva concesión, que se extenderá hasta 2055, los privados tendrán que comercializar cerca de un 95% de la energía producida en las represas con el mercado regulado domiciliario. La licitación contempla, a su vez, que esa energía tendrá un precio diferencial que estará fijado por la Secretaría de Energía. Oscilaría entre los 15 y 20 dólares por MW por hora (MWh), es decir, por debajo de la mitad del costo real —monómico, en la jerga eléctrica— del sistema de generación, que en el primer trimestre de 2025 se ubicó en los 68 dólares.
El 5% restante que no esté obligatoriamente direccionado hacia las distribuidoras podrá comercializarse a precio libre en el Mercado a Término (MAT), aunque la creación y puesta en marcha de ese mercado recién está prevista para el último cuatrimestre del año.
El pliego prevé que el porcentaje que los nuevos concesionarios puedan contractualizar libremente en el MAT aumentará en el tiempo: la cuota de ‘libre comercialización’ podría ampliarse un 10% adicional cada 12 o 24 meses.
La elección de un valor de 15/20 US$/MWh no es antojadiza: es la remuneración que en promedio recibieron las generadoras que despachan esas centrales a lo largo de 2024. El dinero que reciben está calculado bajo el paraguas de un esquema de costo-plus desde 2013: el Estado monitorea los costos de operación y mantenimiento (O&M) de las compañías y les autorizada una rentabilidad moderada.
La pregunta que se desprende, en función de eso, es: ¿por qué el gobierno eligió reprivatizar las represas fijando un precio de la energía muy inferior que el del mercado, atentando, de ese modo, contra el nivel de las propuestas económicas de los privados para quedarse con los activos?
La respuesta tendría una naturaleza pragmática, y es que estableciendo un precio bajo para la energía producido en las represas, el gobierno busca evitar un encarecimiento del costo medio de la electricidad que lo pondría frente a la disyuntiva de a) aumentar las tarifas residenciales de energía para cubrir esos costos crecientes o, en caso de no querer hacerlo, b) solventar una masa más alta de subsidios al sector eléctrico.
“Permitir que los nuevos concesionarios puedan vender la energía a un precio de mercado (por caso, a 68 US$/MWh y no a 15 dólares) hubiese implicado que el costo monómico del sistema se encarezca cerca de un 30/35%, obligando al gobierno a aumentar más las tarifas o a ceder en las metas fiscales”, aceptó un alto directivo del sector.
¿Qué consecuencia directa tiene haber optado por reprivatizar con un modelo de negocios que evita una escalada del costo de la energía en la Argentina? En primer lugar, que el Estado recaudará menos fondos de lo que podría haber recibido por parte de los privados si permitía una libre comercialización de la energía.
Múltiples fuentes privadas consultadas por EconoJournal indicaron que por la privatización de las cinco represas del Comahue que el Tesoro podría recibir ofertas que en total sumen entre 400 y 700 millones de dólares.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que dirige Diego Chaher, que reporta políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, contrató a una consultora que para valuar económicamente el negocio que se licitará en las próximas semanas. Los resultados —que fijarán el precio de referencia de los activos que se incluirá en el pliego— se conocerán en los próximos días.
“Por la incertidumbre que existe a cómo funcionará la reforma del mercado eléctrico, es muy complejo estimar los ingresos futuros que podrá tener cada central. Es clave saber a qué precio se va a poder comercializar el porcentaje de la energía que no vaya para la demanda prioritaria de electricidad. Pero aún no sabemos cómo se va a determinar ese número. Sabemos que los primeros años, el negocio será de precios bajos, pero a medida que pase el tiempo puede convertirse en en un negocio interesante», indicó el gerente general de una empresa generadora que se apresta a participar de la iniciativa.
Se espera una licitación competitiva porque, como resultado del modelo de negocios que diseñó el gobierno, el ticket de entrada a los activos no será alto. Se descuenta que los actuales concesionarios —Central Puerto (Piedra del Águila), Alicurá (AES), Chocón-Arroyito (Enel) y Planicia Banderitas (Aconcagua Energía Generación)— participarán del proceso. A esa lista podrían sumársele otros jugadores del mercado eléctrico como Pampa, Genneia, MSU Energy e YPF Luz, entre otros, y no habría que descartar que algunas compañía petrolera que apuntale su estrategia de negocios en la transición energética —como por ejemplo la francesa TotalEnergies— evalúe participar de la compulsa.
«El pliego va a permitir que cada empresa se adjudique dos centrales. Con una inversión relativamente baja una empresa podría quedarse con más de 2000 MW de potencia», concluyó otro alto directivo que ambiciona con quedarse con uno de los activos hidroeléctricos.
