10 diciembre, 2020
NOTA DE OPINIÓN
Por Gonzalo Pérez Álvarez*
Resulta muy preocupante el contenido del proyecto de Ley de Pesca enviado a la Legislatura por el gobierno de Mariano Arcioni el pasado 4 de diciembre. Fue elaborado con «cero» debate público, como el de la zonificación minera, e ingresado en medio de este desastre institucional. No parece nada bueno, y seguramente no puede votarse sin consultas.
Según el proyecto, seguiremos exportando millones de dólares en pescados y mariscos sin procesar -generando grandes ganancias para unos pocos- y de una escasa cantidad procesada -que es realmente lo que genera trabajo en tierra, compra de insumos locales, generación de encadenamientos productivos, etc.-. Como está formulado, sólo garantizará a largo plazo los permisos pesqueros de quienes ya los tienen y el gobierno tendría el libre arbitrio de dar permisos «provisorios» -que luego serán «definitivos»- a quienes quiera.
Sintetizo los principales puntos críticos tras un primer análisis, siempre dispuesto a debatir y pensarlo colectivamente:
– El proyecto entrega permisos «definitivos». Esto es absurdo, implica la entrega a perpetuidad de un recurso que debe ser administrado y controlado para que sea sustentable.
– Se perpetúa, además, la actual situación de dar muchos más permisos definitivos para congeladores que para fresqueros y artesanales (estos últimos barcos son los que generan trabajo en tierra).
– Además los «permisos provisorios» no tienen límite establecido y queda un criterio muy arbitrario para entregarlos, pudiendo ser caja propia de cualquier gobierno, y sin límites claros de sustentabilidad del recurso. Esos «provisorios» se transforman, en diez años, en «definitivos».
– Se establece una demasiado amplia posibilidad de cambiar de embarcaciones y transferir permisos, dificultando mucho el control y las consabidas trampas que con estos procesos se realizan en la actividad pesquera (hay muchos datos al respecto).
– Establece los pasos para «blanquear» irregularidades específicas de algunas grandes empresas, que son nombradas de manera particular en la ley (algo muy extraño para un instrumento legal de este calibre).
– Fundamentalmente, no aparece ninguna política clara para fomentar el trabajo en tierra para lxs chubutenses. Esto, que a mi entender debería ser el corazón de una nueva ley o marco regulatorio de la actividad pesquera en Chubut, prácticamente ni se menciona, menos aún se regula.
– Seguiremos siendo exportadores de millones de dólares en pescados y mariscos sin procesar, generando grandes ganancias para unos pocos, y de una escasa cantidad procesada -lo que genera trabajo en tierra, compra de insumos locales, generación de encadenamientos productivos, etc.-.
– El proyecto, así como está formulado, parece que sólo conseguirá garantizar a largo plazo los permisos pesqueros de quienes ya los tienen, y darse como gobierno el libre arbitrio de dar permisos «provisorios» (que luego serán «definitivos») a quienes quiera.
– Tampoco se establecen reglamentaciones más finas de seguridad en los barcos, pese a las constantes tragedias que hemos vivenciado.
Hace falta debate y articulaciones, no imposición.
*Doctor en Historia. Docente e investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Su último libro publicado es «Historias de la clase obrera en la Patagonia» (2020)
* El Extremo Sur