10 julio, 2024
Mantener el actual status quo o barajar y dar de nuevo. Por allí transcurrirá la discusión que se viene en el sector pequero de Argentina. La administración nacional que conduce Javier Milei ya avisó que su plan es impulsar una profunda desregulación; reiteran que no son ‘pro empresas’, sino ‘pro mercado’.
Por Nelson Saldivia/PDP
El gobierno libertario no archivó la reforma pesquera, la dejó temporalmente en el freezer, pero en las entrañas del sector dan por descontado que en no mucho tiempo volverán a la carga con esa premisa. La inminente incorporación formal de Federico Sturzenegger al gabinete nacional, por un lado, y la presentación de ayer del “Avance sobre la Elaboración del Proyecto de ley de Presupuesto 2025”, por el otro, donde se prevé fortalecer el área de ‘desregulación económica’, con el objetivo de “implementar un proceso de simplificación y desregulación que simplifique la acción privada”, marca pautas de las próximas ‘fases’ del programa Milei.
El debate sobre la cuotificación cobra vigencia ante los vencimientos próximos y parece comenzar a instalarse en la agenda pública del sector, una discusión que más tarde o más temprano estará de lleno sobre el escenario.
Está claro en su definición que la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) es una concesión temporal del Estado a favor del titular de un permiso de pesca, que habilita a la captura de un porcentaje de la Captura Máxima Permisible de una especie determinada y cuya magnitud, expresada en toneladas, queda establecida cada año en función de la CMP. Esas CITC están sujetas al régimen de administración de cada especie.
Esta semana, la Cámara Pesquera Argentina – Armadores Langostineros Federales Argentinos (CAPEAR ALFA) salió a fijar posición pública en este sentido al plantear “la importancia de la seguridad jurídica” para los armadores, proveedores, productores, emprendedores y profesionales de la Industria Pesquera.
“Inmersos en un ámbito de trabajo siempre desafiante, nuestro Mar Salvaje y Austral, las avezadas tripulaciones comienzan el ciclo productivo de la Industria Pesquera con las capturas que, una vez puestas a bordo, son procesadas, acondicionadas, conservadas y traídas a puerto. Allí se descarga materia prima que, según la época del año y las especies capturadas, serán distribuidas a los diferentes procesadores o comerciales a fin de abastecer las cadenas productivas, tanto para mercado interno como exportación, en las diversas presentaciones, con agregados de valor o de industrialización, hacia sus destinos finales”, describió la entidad empresarial marplatense.
Y agrega: “Varios son los eslabones que intervienen en esta enorme cadena de producción. Para asegurar un mejor desarrollo de cada uno de ellos —desde un gran frigorífico, hasta una pequeña pescadería—, es necesario contar con reglas de juego preestablecidas. Es decir, con seguridad jurídica. Para los privados, la seguridad jurídica brinda estabilidad y confianza al ofrecer un entorno predecible en el cual pueden planificar sus actividades comerciales a largo plazo. Por ejemplo, que cada buque posea su CITC de merluza, permite conocer, al inicio de cada año, la asignación de volumen de captura y de esta forma desarrollar la cadena productiva con previsibilidad”, fundamentó la cámara que preside Mariano Retrivi.
Asimismo, ese nucleamiento empresarial expone su posición en torno a esta discusión que se viene y ya está en la agenda pública, y en tal sentido considera que “contar con un marco legal sólido y confiable fomenta la inversión privada”. ALFA sostiene que “las CITC deben ser renovadas en las mismas condiciones que imperan en la actualidad, ya que es un ejemplo de cómo, en los últimos 15 años de vigencia, la industria pesquera extractiva y productora ha sabido trabajar y regular sus capturas e inversiones, trabajando en la protección de los recursos”.
Por otro lado, refieren a que “la seguridad jurídica contribuye a una mejor competitividad de las empresas de cara a los mercados internacionales, ya que crea un entorno propicio para el desarrollo de negocios atrayendo talento, innovación y permitiendo un crecimiento económico sostenible. Es por todo lo expresado, que resulta de vital importancia para las industrias pesquera y naval, con alta carga de personal y una constante demanda de inversiones y amortizaciones a largo plazo, contar con seguridad jurídica”, concluyen.
Las cartas empiezan a aparecer sobre la mesa. Es un debate al que no hay que rehuir y escuchar todas las posiciones. El Gobierno ha transparentado su vocación de avanzar en una política de desregulación de la actividad. La actualización de la Ley Federal de Pesca llegará en algún momento y hay coincidencias en que es necesaria una adecuación; la madurez de su abordaje marcará por dónde transitará la industria pesquera en esta etapa de la historia.
