23 junio, 2021
La Subsecretaría de Pesca notificó a dos armadores por incumplir parcialmente el compromiso de reprocesar parte de las capturas en tierra. Hay otros dos barcos que incumplieron en su totalidad y se les aplicará una multa de 23 millones de pesos. También hay barcos cuyo cumplimiento está condicionado.
La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera comenzó a notificar las multas a una serie de barcos poteros por no cumplir con el compromiso de reprocesar parte de las capturas de calamar, o cumplirlo parcialmente, en frigoríficos de tierra, tal como lo establece el permiso de pesca al momento de ser asignado.
Hubo el año pasado 39 barcos de la flota potera nacional que asumieron el compromiso de reprocesar un porcentaje de su captura, el cual varía entre el 10% y más del 20% según cada permiso de pesca, aunque dos barcos no participaron de la zafra. Esta flota tuvo capturas por casi 90 mil toneladas y el objetivo del reproceso es el de generar valor agregado y promover el empleo entre los trabajadores del pescado.
Hasta las capturas de 2019 las empresas armadoras podían justificar el cumplimiento de dicho compromiso presentando una factura de venta del calamar para su reproceso con destino al mercado interno.
La abundante zafra de calamar que se registró el año pasado llegó con una novedad que entusiasmó a los obreros del pescado. La autoridad de aplicación modificó la Resolución 6/2008 que estableció el cumplimiento efectivo del compromiso de reprocesar un porcentaje de la captura total de calamar en frigoríficos de tierra para los armadores con permisos que así lo establecían.
Los armadores tuvieron plazo para reprocesar las capturas de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021 e informar a las autoridades la trazabilidad de esas toneladas hasta el 30 de marzo pasado. Transcurridos más de dos meses de la fecha límite y con toda la información entregada por las empresas armadoras, desde la Dirección Nacional comenzaron a pasar el tamiz y labrar infracciones a aquellas empresas que no cumplieron o lo hicieron parcialmente.
En estas condiciones habría dos barcos que incumplieron de manera total el compromiso de reproceso. A ambos barcos les correspondía reprocesar entre el 10% y el 20% de sus capturas y se les ha aplicado una multa de 300 mil Unidades Pesca (UP), la máxima sanción que establece la Ley Federal de Pesca.
Cada UP equivale al precio de un litro de gasoil que se expenda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El valor de la UP se actualiza en abril y octubre de cada año. En este caso son unos 23 millones de pesos.
Los nombres de dichas embarcaciones no trascendieron porque es un expediente que se tramita en la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera y desde dicha dependencia todavía no habían emitido la notificación de la sanción.
Estos dos barcos incumplidores no solo recibirán una sanción económica, sino que ello también conlleva una suspensión preventiva, la cual, en un contexto de pesquería cerrada, posiblemente se haga efectiva en el inicio de la zafra 2022.
En tanto, el otro potero no pudo acreditar el reproceso de 17 de las 183 toneladas que como mínimo debía sumarle valor en tierra. En este caso se aplicaron 28 mil UP, unos 2,2 millones de pesos.
“El año pasado en plena primera ola del covid resultó muy difícil para el cuerpo de inspectores poder fiscalizar la descarga de los poteros y la confección de las actas complementarias que establece la Resolución 299 para cuando el calamar se descargaba para ser reprocesado en frigoríficos”, reconoció Suárez.
A principios de este año desde la Dirección Nacional se envió una nota a todos los tenedores de permisos de pesca con compromiso de reproceso en que les solicitaron dar aviso, con 72 horas de anticipación, cuando enviaran calamar a plantas de reprocesamiento.
“El 70% de los obligados a reprocesar avisaron y pudimos comprobar fiscalizando tanto en Mar del Plata como en Deseado y Madryn. Otros no avisaron y tenemos estas inconsistencias”, remarca el Director Nacional.
En la Subsecretaría de Pesca tiene separado a otro grupo de poteros que han presentado documentación que acredita el cumplimiento, pero el mismo está condicionado a la evaluación de las autoridades.
“La situación no es la misma en todos los casos, pero el denominador común es que falta documentación respaldatoria”, resumió Suárez.
