14 noviembre, 2022
La Dirección de Áreas Marinas Protegidas ha debatido con el empresariado sobre aspectos relevantes sin lograr aún consenso en todos los puntos. El sector reclama la convocatoria de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego que se han mostrado públicamente interesadas, pero a pesar de ser convocadas no participaron de las discusiones.
Pesca: reclaman que se discute un plan de manejo de merluza negra en AMP, pero sin las provincias
El Ministerio de Ambiente está trabajando junto con el sector sobre el plan de gestión para este recurso en la AMP Namuncurá-Banco Burdwood y existen algunos puntos sobre los que no logran acuerdo. En ese marco desde las empresas habían solicitado la incorporación de los representantes de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego en la discusión, e incluso la Ministra de Producción y Ambiente fueguina había hecho público el reclamo, pero ningún representante provincial asistió a la última reunión a pesar de haber sido convocados.
Durante los encuentros que se mantuvieron con la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas dependiente de la Administración de Parques Nacionales junto a la Consultora de María Schulze y María Eva Góngora, se pusieron sobre la mesa las inquietudes del sector pesquero en el marco del proceso de elaboración del Plan de Manejo con Enfoque Ecosistémico de las Pesquerías (PMEEP) del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood (AMPNBB).
De los encuentros participaron representantes de las empresas Estremar, Argenova, Pesantar, y las cámaras CEPA, CAPeCA, CAPA, CAPIP, como también los capitanes de dos buques pesqueros dedicados a la captura de la merluza negra. El sector expuso las dudas que le genera la futura aplicación de dicho plan de manejo.
Una de las inquietudes giró en torno a la legislación y desde la consultora aseguraron que se van a considerar las cuotas, períodos, restricciones a la captura de juveniles y todos los aspectos que ya están determinados dentro de la Ley Federal de Pesca y demás normativa vigente. Sumándose a las restricciones impuestas por norma aquellas que derivan del enfoque ecosistémico como indicadores de biodiversidad, señalaron que se deberán resolver problemas de captura incidental y cumplir cuestiones asociadas a los valores de conservación del Área.
Se especificó que será necesario aumentar el monitoreo para “tener en cuenta aspectos que hasta hoy no se le han prestado demasiada atención” y que será necesario capacitar a los observadores con los que ya cuenta la flota, dado que se adicionarán nuevos protocolos y se modificarán los existentes.
Uno de los puntos álgidos del encuentro se dio al momento de abordar la correcta definición de la isobata para poder navegar, dado que se generan infracciones cuando una correcta determinación las volvería inválidas.
La respuesta que recibieron de la consultora no fue satisfactoria para los empresarios: “Dado que el Servicio de Hidrografía Naval actualizó la carta náutica, y aunque se informó que la misma no es apta para navegar, es la que se utiliza y se definió por ley”, aseguraron.
Es decir, que, si se está adentro de la zona establecida en la carta no se puede pescar, aunque no coincida con las profundidades que observan los capitanes a bordo de las embarcaciones. La disconformidad del sector se hizo sentir, dado que consideran que la respuesta recibida carece de sentido, por lo que es un tema sobre el que se deberá seguir discutiendo.
Desde las empresas han planteado que las restricciones que se aplicarán sobre los armadores argentinos terminan beneficiando a las flotas que operan tanto en Chile, como en Malvinas o en aguas internacionales, por lo que quisieron saber si se realizarán acuerdos geopolíticos y cómo se determinarán las sanciones tanto para las flotas nacionales como para las extranjeras. Desde la Dirección de AMP han señalado que la idea no es establecer sanciones sino guiar y acompañar para que las pesquerías que operen lo hagan por iniciativa propia y en cuanto al control y monitoreo de la flota de Gran Bretaña, indicaron que es algo que les preocupa pero que escapa de su ámbito, por lo que se encuentran en conversaciones con Cancillería porque comprenden que esta situación afecta y desbalancea a la industria argentina.
Las empresas y los capitanes consideran que es necesario analizar los efectos que se producen sobre las poblaciones producto de la concentración del esfuerzo pesquero en una pequeña porción del área, estableciendo que posiblemente sea mejor ampliar las áreas de pesca para la sostenibilidad del recurso. Esto se habría generado a partir de la implementación de las AMP y consideran que es necesario flexibilizar la actividad en las áreas buffer del AMP, que es donde se pesca, a unos 800 metros de profundidad.
Sobre este último punto no hubo una respuesta de la consultora y como vemos existen varios temas sobre los que todavía no se ha generado consenso. Desde el sector empresario han considerado que es muy importante que sean parte de las discusiones las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego por ser receptoras de los beneficios que genera la actividad en esas comunidades.
La semana pasada una nota de la firma Argenova ingresó al Consejo Federal Pesquero en la que se hace público este reclamo y los consejeros ordenaron que se ponga en conocimiento a las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de las reuniones llevadas a cabo por la Dirección de AMP y se les dé participación.
El interés de las provincias por participar parecía claro; incluso la ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego había dicho al respecto en este medio: “No tenemos una participación activa en la discusión y análisis ni desde lo ambiental ni desde lo productivo, estas decisiones son muy importantes como para no integrar de forma fehaciente y profunda a todos los actores”, dijo Sonia Castiglione (ver «Le estamos engordando los pescados a las flotas extranjeras»).
Sin embargo, una nota extendida por la Dirección de AMP, pone en duda el real interés y compromiso de las provincias por tomar intervención en la discusión, dado que desde la consultora contratada por el Ministerio de Ambiente para elaborar el plan de gestión informaron que fueron convocadas las autoridades pesqueras de ambas provincias a la última reunión realizada pero no dieron respuesta ni asistieron. Habrá que ver si en los próximos encuentros, ante la exposición pública, comienzan a involucrarse realmente en el tema, que como han dicho los afecta directamente.
