19 noviembre, 2024
El sector pesquero de Mar del Plata enfrenta una crisis marcada por la redistribución pendiente del CITC de merluza hubbsi y multas multimillonarias basadas en presuntas infracciones durante la temporada de pesca de langostino 2020-2021. Las imputaciones, percibidas como arbitrarias y desproporcionadas, han generado un clima de incertidumbre y malestar, mientras los armadores evalúan la judicialización como último recurso.
El sector pesquero de Mar del Plata atraviesa una etapa marcada por incertidumbre debido a la poca receptividad en cumplir con la redistribución de CITC de merluza hubbsi, única especie que aun no se redistribuyó; no obstante, a esta constante preocupación se le suman las tensiones derivadas de la reciente imposición de multas y sanciones por parte de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera del ejercicio 2020 al 2022.
Estas medidas correspondientes a presuntas infracciones ocurridas durante la temporada de pesca de langostino de aquellos años, habían quedado «cajoneadas» después de sendas presentaciones que determinaron lo poco veraz, la falta de sustento técnico dinámico y operativo de la pesca y por ser infundado en una perspectiva de cuatro mediciones puntuales de Monpesat por hora; o peor aún; en presunciones e inferencias que escapan al conocimiento de la dinámica física y cinemática de un barco en alta mar, han generado un clima de malestar entre los armadores locales, exacerbado por los montos imposibles de pagar como además un fundamento poco verosímil desde la óptica jurídico formal.
En este contexto, la estabilidad del sector se encuentra gravemente amenazada, mientras la posibilidad de un litigio judicial extraordinario contra exfuncionarios que ya no ocupan sus cargos emerge como el último recurso para los afectados.
En el centro de la controversia, las sanciones impuestas se fundamentan en la aplicación de una presunta violación a la Resolución 7 y la Resolución 171 de 2018, dos medidas de manejo y administración de la pesquería de langostino. Entre las acusaciones principales destacan la pesca en horarios no autorizados, el exceder el límite de 72 horas permitido por marea y operar a velocidades de arrastre superiores a los 3,5 nudos. Estas imputaciones, que han resultado en multas de hasta 140.000 Unidades de Pesca (UP)—un equivalente fluctuante según el precio del gasoil hoy en $1244)—han alcanzado cifras que oscilan entre los 40 y 80 millones de pesos por embarcación. Además, a estas sanciones económicas, de prosperar, se suman la posibilidad de suspensiones preventivas de 30 días, afectando a barcos emblemáticos de la flota fresquera de Mar del Plata cuya pesca objetivo es el langostino en aguas bajo jurisdicción nacional.
Mientras algunas empresas armadoras han optado por allanarse a las sanciones cunado han llegado oportunamente debido a la insignificancia de lo exigido economicamente hablando, ademas, negociando reducciones o planes de pago, otras han presentado descargos en un intento por revocar las imputaciones fácilmente incomprobables que alegan motivos justificables para la extensión de su marea, evidencian la complejidad de las operaciones y los desafíos logísticos y dinámicos del entorno marino (abatimiento, mareas, deriva, condiciones de mar, eventos climáticos, etc., etc., etc). Sin embargo, las imputaciones por otras irregularidades, como la velocidad de arrastre y la pesca nocturna, se mantienen vigentes, intensificando la percepción de arbitrariedad en la aplicación de las normativas.
El malestar en el sector no se limita a las sanciones económicas. La interpretación de las normativas por parte de las autoridades ha sido fuertemente cuestionada.
Oportunamente Cámaras del sector representativas de este segmento de flota, y otros armadores sostienen que se han implementado medidas sancionatorias que exceden las disposiciones legales. Entre las críticas destacan la falta de consideración de los tiempos de espera en puertos saturados, errores en la medición de la velocidad de arrastre y la imposición de requisitos operativos que carecen de sustento jurídico claro. Estas discrepancias han llevado a los armadores a calificar el accionar de la Dirección de Pesca del ejercicio anterior (2019-2023) como abusivo, arbitrario y lesivo para los intereses de la flota fresquera. Hoy, algunas cuantas multas de aquellas, fueron llegando con la sorpresa de hasta un monto de 200 Millones de Pesos, valor sin dudas, confiscatorio frente a lo presuncion de una inferencia de eventual infracción.
La amenaza de judicialización del conflicto por parte de armadores que ya han manifestado mediante intercamaras su preocupación al CFP es un síntoma de la gravedad de la situación. En su presentación a las autoridades, argumentan que las normativas actuales no contemplan adecuadamente las realidades operativas del sector y que las imputaciones no solo son infundadas, sino que también afectan la sustentabilidad económica de las empresas y el empleo en la región. Alegan, además, que ciertas disposiciones contradicen la Ley Federal de Pesca y exigen la revisión inmediata de las resoluciones en cuestión.
La resolución de este conflicto se presenta como un desafío complejo para el actual Director Nacional de Control y Fiscalización Pesquera Dr. Alejandro Bonicatto, pues hereda una problemática que si bien no es ajeno, solo resta su participación en la resolución de la misma. Por un lado, las autoridades de Pesca insistían en que las medidas son necesarias para garantizar la sostenibilidad del recurso y el cumplimiento de las normativas vigentes. Por otro lado, los armadores argumentan que la aplicación de sanciones desproporcionadas amenaza la viabilidad del sector. Mientras tanto, el recurso del langostino, vital para la economía local, se encuentra en el centro de una disputa que pone en riesgo no solo la estabilidad económica del sector, sino también la confianza en las instituciones regulatorias.
Este escenario, caracterizado por tensiones crecientes y un clima de incertidumbre, demanda una solución equilibrada y razonable. La preservación de los recursos pesqueros, junto con la sustentabilidad económica y social del sector, debe ser prioritaria para evitar que este conflicto se traduzca en un impacto irreversible para la industria pesquera primaria extractiva de Mar del Plata.
