29 mayo, 2021
El Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino vinculada a la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, emitió un contundente comunicado referido al proyecto de cupo femenino y de diversidad de género que busca acceder a un 30% de las tripulaciones pesqueras. En el mismo expone lo ocioso de una letra labrada sobre una actividad que en los hechos no tiene limitantes actualmente, excepto por la falta de personal de dichos colectivos formada e interesada en tales trabajos. A la par, la entidad invita a un abordaje legislativo con mayor conocimiento y datos al respecto, a fin de alcanzar un camino de soluciones efectivas que de hecho requiere la actividad con vistas a un desarrollo a futuro.
Firmado por el presidente de CESMAR, Jorge a Frías el profundo comunicado expone «El proyecto de ley que recibiera la semana pasada media sanción del Senado, respecto al establecimiento de cupos para determinados colectivos a bordo de los buques dedicados a la pesca, representa un paso adelante en la visibilización de una problemática que la Asociación reconoce y desea abordar y que no se restringe solo al ámbito pesquero.
No obstante, en tanto apoyamos poner en agenda este tema, entendemos que el camino que se pretende transitar a partir de que la iniciativa tome forma de ley y comience a ser aplicada, nos conducirá a un callejón del cual solo se podrá salir por la vía de excepciones en cada caso y no aportará a la solución de fondo de la cuestión.
Aún sin datos a la mano, está muy claro que el “mercado de oferta de profesionales proveniente de los colectivos” está muy por debajo de la demanda que generará la implementación de la ley, no hay integrantes de esos colectivos en cantidad suficiente para satisfacer la demanda y el sistema no estará en condiciones de aportar las cantidades necesarias por un plazo que para los cargos de menor responsabilidad a bordo no demandará menos de dos o tres años y el doble o triple para los cargos de mayor responsabilidad.
El desempeño de tareas a bordo de buques pesqueros es una tarea de alto riesgo y así lo muestran todos los indicadores nacionales y globales, y su responsabilidad es confiada a profesionales educados en el marco de un sistema de formación creado a partir de obligaciones que el Estado nacional asume como signatario de convenios internacionales.
Dicho sistema, para el caso de la pesca, implica la formación inicial en escuelas de formación que dependen del Estado o privados y que luego de un año de estudios les permite acceder a certificados de competencia para desempeñar tareas a bordo en los cargos de menos responsabilidad náutica (aunque no menos riesgo) y luego de años de embarco (que se miden por días navegados denominados singladuras) acceder a la formación de nivel superior en la Escuela Nacional de Pesca en Mar del Plata, y recién ahí acceder al título de menor categoría en la especialidad (cubierta o máquinas) y paulatinamente, mediante acumulación de singladuras, cursos y exámenes, transitar la carrera.
Quiere decir esto que el personal de la pesca no es de creación instantánea sino que requiere tiempo académico, tiempo de experiencia laboral a bordo y tiempo personal para sostener una vida digna.
Por otro lado, reconocemos que no hay ninguna prohibición actual que impida el acceso de los integrantes de esos colectivos al sistema de formación, lo que nos hace pensar acerca de cuáles serán las verdaderas razones que llevan a que la solución sea determinar cupos.
Abordando la formación y posterior embarco de miembros de esos colectivos como un proceso (que actualmente de hecho se cumple por no existir ninguna restricción al respecto) entendemos que la propuesta del proyecto de ley solo aborda la problemática al final de dicho proceso y generará la interrupción de la cadena. No aborda la problemática desde el ángulo adecuado para la solución de fondo que es la formación en sí misma, como un proceso integral y continuo que agrega valor y dignidad a nuestros trabajadores y trabajadoras.
A ello puede agregarse que el proyecto establece un régimen compulsivo que, en el actual estado de desarrollo de la actividad pesquera, contradice el espíritu del régimen de promoción que propone como incentivo para las empresas, corriendo el riesgo de transformarse en una norma de cumplimiento imposible con un régimen sancionatorio que seguramente será cuestionado en su legalidad. Se trata de consecuencias que podrían evitarse y sobre las cuales las empresas deberían pronunciarse.
La verdadera solución a la problemática está en el inicio del proceso, en la entrada y no en la salida. y la política pública debería estar orientada a alentar a que mayor cantidad de ciudadanos que componen los colectivos que el proyecto pretende privilegiar (mediante incentivos económicos a las empresas pesqueras) accedan fácilmente al proceso de formación, todo esto acompañado por medidas de sensibilización de las autoridades y gestores del proceso educativo y de las empresas pero poniendo el foco en la educación de los recursos humanos que se desempeñarán en la pesca.
El cupo será cubierto naturalmente porque a quienes ponen en riesgo su capital en un buque pesquero les importa que el buque produzca y no quien lo hace producir en tanto sea un profesional formado, que cuide el valor que el armador le confía y que gestione el buque como la ley y las buenas artes marineras lo indica.
El camino es el incentivo a la educación, la facilitación del acceso a la formación, la dignidad de nuestros trabajadores que ganen ese espacio por su capacidad competencia y no un cupo incumplible que solo generará espacios de discrecionalidad a partir de las excepciones»
*CESMAR
