18 noviembre, 2021
Se trata de una iniciativa que fue promovida por Máximo Kirchner, Juan Cabandié y la Federación de Cartoneros. De seguir así, podría aprobarse en diciembre.
En el Congreso se está analizando una nueva tasa de 3% que se aplicará a diversos productos envasados. Se trata de un asunto que gira en torno a la «ley de envases», con lo que se obtendría una recaudación que si bien no se sabe con exactitud cuánto podría ser, generaría un fondo millonario que será manejado por el Ministerio de Ambiente que está a cargo de Juan Cabandié.
Mediante esta ley, se propicia establecer los «presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo», tal como sostiene el proyecto, que ingresó al parlamento el 28 de octubre pasado. Entonces Cabandié, Máximo Kirchner y la Federación de Cartoneros presentaron el proyecto de «Ley de envases con inclusión social» y se estima que podría estar lista para ser aprobada en Diputados antes del 10 de diciembre.
Este martes, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto. La decisión se adoptó en una reunión de comisión -que preside el diputado del Frente de Todos Leonardo Grosso- en la que expusieron representantes de la Federación de Cartoneros y de la industria, que expresaron sus reparos a la creación de una tasa y a las nuevas regulaciones.
El despacho fue respaldado por el Frente de Todos pero cuestionado por Juntos por el Cambio, que presentó un dictamen de minoría.
Al respecto, el diputado nacional de JxC Luciano Laspina hizo un comentario a través de su cuenta personal en Twitter. «OTRO IMPUESTAZO. El oficialismo impulsa una ley de reciclado de envases que crea una «tasa» (un impuesto) de hasta 3% sobre el precio mayorista de los productos envasados. Curioso: dos productos con igual envase pagarán distinto según el valor de su contenido y no por su envase!», dijo el diputado.
La tasa no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta
Según los fundamentos presentados, en la Argentina hay unas 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos.
De ese número se estima que un 21,2% son residuos de Envases Post Consumo. Estos datos de cantidad de residuos se enmarcan «en una sociedad de obsolescencia programada y precoz, de consumo desvinculado con los impactos dañinos que acarrea la generación de residuos y de tendencia al aumento de dicho consumo y descarte», dice el proyecto.
La ley crea el Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE), que, entre otras cosas, se encargaría de monitorear los sistemas de gestión, la mayoría de ellos con cooperativas de reciclaje, que conformarán «las autoridades locales, consorcios regionales, u otras entidades que las reemplacen».
Esto sería financiado por la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida (TAREP) respecto de los envases alcanzados por esta ley, la que tendrá como objeto garantizar la protección mínima ambiental, evitar el impacto negativo que estos generan sobre el ambiente de no gestionarse de acuerdo con la jerarquía de opciones, y dar cumplimiento a los restantes objetivos del artículo 2° de la presente. Los productores responsables de la puesta en el mercado de los mismos deberán abonar la TAREP.
En el artículo siguiente, fija el valor de la tasa. «El valor de la TAREP deberá ser expresado en pesos argentinos por kilogramos de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado». Es decir, podría aplicarse hasta un 3% de tasa el precio mayorista de cada envasado en rubros como limpieza, medicamentos, alimentos o envíos, entre muchos otros. Miles de productos.
Con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.
El despacho fue respaldado por el Frente de Todos pero cuestionado por Juntos por el Cambio,
Al abrir el debate, Grosso dijo que «es una ley que hemos intentado empujar muchas veces en este Congreso» y se quejó en el debate de que «haya más defensores de la industria que de los trabajadores recicladores»
El viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, aseguró que el proyecto impulsado por el Gobierno «es una síntesis» de iniciativas presentadas anteriormente y destacó la voluntad del Poder Ejecutivo de que la gestión ambiental sea una política de Estado.
«Cuando hablamos de envases o de responsabilidad extendida al productor pretendemos demostrar que nuestra intención es crear una política de Estado ambiental», dijo.
Agregó que el proyecto busca «combatir el flagelo de 5.000 basurales a cielo abierto, que es una culpa que le caben a los Gobierno de los últimos 20 años».
La secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros carreros y recicladores, Jacki Flores, celebró que los hayan convocado a participar de la reunión de comisión y dijo que su presencia en el recinto es consecuencia de «muchos años de lucha».
«Que haya llegado la ley de envases con inclusión social nos hace pensar que esa esperanza que construimos hace muchos años tenía razón de ser. Con esta ley dignificamos nuestro trabajo», expresó.
Por su parte, Federico Fagioli, autor del proyecto, destacó que «la inclusión social no tiene que ser un slogan, sino real, con inversiones en los sistemas locales de reciclado» y dijo que la ley que se busca aprobar «es fundamental y tiene un carácter integral».
«No podemos avanzar en ningún tipo de política que no contemple la agenda ambiental», agregó.
Al explicar las criticas de Juntos por el Cambio, la radical Brenda Austin anticipó que acompañarán un dictamen de minoría redactado por su Gustavo Menna, y cuestionó la creación de una tasa al entender que «hay sectores que prefieren pagar este nuevo impuesto que promueve la creación de este dictamen antes que realmente entablar un compromiso con una responsabilidad de gestión integral que implique el cumplimiento de esta jerarquía de opciones».
Por su parte, Menna dijo que «el proyecto va a contramano de lo que es la tendencia mundial» y citó el caso de Hungría que, dijo, «deberá abandonarlo por recomendaciones de la Unión Europea».
