13 marzo, 2026
CÁMARA OCULTA Y PRESUNTOS ACUERDOS OCULTOS. GAMARRA SE PUSO A DISPOSICIÓN
Un video que mostró el supuesto pago de una «coima» de $12 millones para aliviar un pedido de condena a un detenido acusado de un delito grave, se transformó en un nuevo escándalo en la justicia y la política de Chubut. El Procurador General apelo a una investogacón general. La fiscal apuntada se presentó a Derecho y resulta la misma funcionaria que días pasados acusó ‘en vano’ a Carpintero
El hecho involucra de manera directa a un abogado defensor, el doctor Martín Castro, a una fiscal, la doctora Julieta Gamarra, y al estudio societario del sobrino del mismísimo Procurador General de la provincia de Chubut.
Ante estas enormes repercusiones que se fueron dando a través de redes sociales y medios independientes, el Procurador y jefe de los fiscales Jorge Miquelarena presento una denuncia en la Fiscalía de Trelew ante el fiscal general Omar Rodríguez para que se investigue «a todos los involucrados», dijo una fuente con acceso al caso.
La historia se conoció cuando el hecho ya se había convertido en viral en redes, grupos de WhatsApp, y en las cuentas de algunos periodistas alternativos, donde se muestra a un abogado del foro local que sería Martín Castro recogiendo un pago de 12 millones de pesos, donde una mujer que sería identificada como la madre del preso defendido, le paga una millonaria suma preusntamente exigida por la Fiscal para reducirle el tiempo de cárcel a su hijo acusado de encabezar un ataque a vecinos y policías del barrio Constitución de Trelew.
Castro comparte el estudio con otros profesionales, uno de ellos sería Rodrigo Miquelarena, sobrino del procurador y el hecho no tardó en explotar púbicamente por la gravedad del hecho y de los actores involucrados.
El video difundido involucraría directamente a la fiscal jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Julieta Gamarra, quien apareció en todos los medios del país semanas atrás, cuando se conoció un supuesto plan de boicot de la Flota Amarilla al inicio de clases en la provincia. Eso habría sido un supuesto «apriete» al Gobierno. Pero ese caso fue desestimado por la Justicia en primera instancia con críticas a la fiscal. Todos ‘salpicados’
Sin embargo, cada vez que una causa de esa naturaleza que roza ‘el carpetazo’ judicial se produce, deja al descubierto entramados y actores que no actuarían del todo de manera independiente y ajustados a los deberes de funcionarios.
Miquelarena contó en la denuncia de ayer. ante el fiscal Rodríguez, que recibió un mensaje de su sobrino Rodrigo con el video, y el pedido de «hablar». Aunque el fiscal jefe de todos los fiscales de Chubut no hizo declaraciones, se sabe que consideró las acusaciones como una «infamia» y que no obstante ello, decidió autodenunciarse y pedir la investigación completa.
Un dato que llamó la atención, inmediatamente después del escándalo, la placa de Miquelarena fue removida del estudio vinculado a Martín Castro
En medio del escándalo por el video que muestra al abogado Martín Castro recibiendo dinero en un supuesto pedido de coima, este jueves apareció un dato llamativo en Trelew.
En el estudio jurídico “Castro, Miquelarena y Asociados”, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1189, ya no está la placa con el nombre de Rodrigo Miquelarena. El detalle no pasó desapercibido
Por el peso de lo que se ve, y aunque el video en principio se presume editado y manipulado con la presunta idea de producir impacto político, el Procurador Jorge Miquelarena consideró que los elementos que aparecen son suficientes como para hacer una denuncia penal, trámite que se cumplió ayer a la tarde en la Fiscalía de Trelew.
Miquelarena pidió que se investigue a «todos» los involucrados en el video. Esto incluye a las personas que aparecen como «pagadores», a los que supuestamente están «cobrando», a los abogados, al sobrino del propio procurador que aparece compartiendo el estudio de uno de los supuestos «cobradores», e incluso a la fiscal Julieta Gamarra.
El comunicado oficial del MPF expone que: «El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena se presentó en la Fiscalía de Trelew y pidió que se abra una investigación por un video difundido en redes sociales. Formuló una denuncia ante el fiscal general Omar Rodríguez y se puso a disposición en el marco del derecho de vindicación previsto en la Constitución, el artículo 68, refiere a que todo funcionario público que se encuentre sospechado de participar en un hecho delictivo tiene la obligación de presentarse para ser investigado y todo lo que surja del video. La presentación se realizó en el marco del derecho de vindicación que establece la Constitución, y tiene como objetivo que se lleve adelante una investigación completa respecto de un video que en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales y en distintos portales informativos» dice.
«A partir de esta presentación, el Ministerio Público Fiscal iniciará las actuaciones correspondientes con el fin de analizar el contenido del material difundido y determinar las circunstancias del hecho, conforme a los procedimientos previstos por la ley».
«Desde el MPF se indicó que la intervención permitirá esclarecer lo sucedido a partir de una investigación formal, garantizando el análisis integral de la información que actualmente se encuentra en circulación pública» dice la comunicación.
Lo que ha hecho Miquelarena en la práctica, es denunciar a todos, pero pedir que se lo investigue también a él, por su relación de familia con uno de los abogados del estudio donde supuestamente se habría filmado el video, quien además sería pareja de la fiscal Gamarra. Rodrigo Miquelarena no aparece en el video, pero en la edición intentaron relacionarlo.
En el centro de esta nueva escena desgraciada en la que se vió encuelta parte de la Justicia de Chubut aparece centralmente la fiscal Julieta Gamarra.
Recibida de abogada en la Universidad SJBde Trelew, la funcionaria se desmpeñaría desde Julio de 2018 en la Fiscalía. Con diez años de carrera la funcionaria en cuestión habría escalado económica y políticamente según reportes de medios del Valle, sin pasar desapercibida en causas altamente resonantes y un presunto escalamiento patrimonial que abre dudas entre la fuerte comunicación vecinal de La Ciudad de Luis.Hace menos de un mes.
o es un dato menor que amarra llevó adelante el escabroso embate contra el abogado gremial Gonzalo Carpintero en el marco de una causa altamente politizada y que quedó en la nada misma.
De hecho, la jueza Mirta Moreno determinó de nulidad absoluta las órdenes de allanamiento, requisa y secuestro realizadas por la fiscal Julieta Gamarra por presunto cohecho para provocar un conflicto gremial en la provincia. La defensa cuestionó la legalidad de las medidas y la tipificación penal.
Dicen los entendios que bastaron tres semanas para que la justicia de Chubut pudiera iluminar mejor la “Operación Carpintero” y exponer a la luz las irregularidades que se cometieron durante la primera etapa del proceso en que intervino el Ministerio Público Fiscal a partir de la denuncia de José Severiche.
El dirigente de ATE había dicho, tras una reunión con Gonzalo Carpintero y Ricardo Traversini, que en el transcurso de la misma el asesor de la CaFACH, “creía”, habría insinuado la oferta de un resarcimiento económico con el objetivo de que, desde su rol gremial, generara un conflicto para impedir el inicio de clases en la Provincia.
El Gobierno tomó el dato y denunció a propios y extraños. Pero tras el planteo de la defensa de los denunciados, Alfredo Pérez Galimberti y Federico Ruffa, en representación de Traversini y Carpintero, la jueza penal Mirta Moreno resolvió declarar la nulidad absoluta de todas las actuaciones que impulsó la fiscal Gamarra tras la denuncia. Y todo quedó en la nada.
Será esta una devolución de favores a la Fiscal que actuó en ambas situaciones? Vaya uno a saber, pero que en términos judiciales, las coincidencias son raras, lo son. Habrá que ver…
