10 mayo, 2024
El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn recepcionó en la mañana de este jueves una denuncia por parte de un directivo de una compañía pesquera al dar cuenta que fue “víctima de un ataque” cuando se movilizaba hacia el parque industrial pesquero de la ciudad chubutense, al tiempo que recibió explicitas “amenazas de muerte”.
El evento ocurrió en circunstancias que se desarrollaba el paro nacional decretado por la CGT y que, en Madryn, incluyó bloqueos parciales en inmediaciones de donde están radicadas la mayoría de las plantas de procesamiento de pescado.
Se trata de Sebastián de Haro, gerente de La Escalerona S.A. que relató ante la Fiscalía que “siendo las 07:50 horas, aproximadamente, en circunstancias que me dirigía hacia Greciamar sito en Ruta Provincial 42, a bordo de un vehículo perteneciente a la empresa La Escalerona, al llegar a la rotonda que pasa por frente a Conarpesa percaté la presencia de un grupo de aproximadamente 80 personas, vestidos con chalecos del STIA en su mayoría, haciendo una manifestación gremialista sobre la ruta, de los cuales entre 30 y 40 se interpusieron delante de mí recorrido impidiéndome el paso”, indica un tramo de la denuncia que publicó PDP.
En ese marco, contó que “rodearon la camioneta y comenzaron a referirme: ‘vos sos el que denunció a nuestros compañeros, si sos tan macho para denunciar por qué no te bajas ahora’, mientras a la par referían: ‘te vamos a matar hijo de puta’ y demás insultos. A la par causaron daños sobre el vehículo, los cuales constaté cuando logré liberarme de la situación”, expuso ante el Ministerio Público Fiscal.
Trascendió que en el lugar había dos efectivos policiales a bordo del móvil R.I 859, que observaron la situación, y también testigos presenciales que habrían recibido un trato similar de parte de los manifestantes.
Este tipo de hechos no son nuevos en la actividad pesquera y sobre todo a cargo del STIA, liderado por Luis Nuñez. Hay numerosos antecedentes de episodios violentos que tienen como protagonistas a manifestantes y dirigentes enrolados en el gremio de la Alimentación.
El más reciente, en el mes de febrero del corriente año, cuando en una movilización a la pesquera San Isidro, un grupo de manifestantes identificados con el STIA, irrumpió en las instalaciones amenazando a las empleadas y sustrayéndole pertenencias. En ese caso, la Justicia Penal hizo apertura de investigación, procesó a dos manifestantes, y dictó prohibición de acercamiento a las víctimas; lo que marcó un precedente importante.
En tanto, en septiembre de 2023, uno de los representantes legales de Red Chamber, el abogado Pablo Marcelo Moras, sufrió una agresión física en las puertas de la delegación local de la Secretaría de Trabajo, donde se encontraban manifestantes junto a delegados y miembros de la conducción del STIA en las afueras del organismo laboral.
Desde sectores empresariales condenaron el acto de violencia, como también ocurrió, a comienzos de 2023, cuando un directivo de la empresa Achernar fue salvajemente agredido en el mismo lugar, en medio de un conflicto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación.
Este tipo de situaciones reiteradas no pueden quedar como hechos anecdóticos, como parte del folclore de una protesta sindical. Que manifestantes actúen de determinada manera es el resultado de metodologías sistemáticas, propiciadas y agitadas desde los mandos directivos de las organizaciones. Que acostumbran a tirar la piedra y esconder la mano.
El legítimo derecho de protesta, consagrado por la Constitución Nacional, nada tiene que ver con las tropelías o excesos en las manifestaciones, ni mucho menos con la intimidación, violencia física o coacción, tipificados como delitos en el Código Penal.
Con todo, el STIA Chubut, que conduce Luis Emilio Núñez, se movilizó este jueves en el marco de la huelga nacional de la central obrera (foto), y al cierre de esta edición, la organización sindical no había condenado el ataque ni la amenaza de muerte.
