28 agosto, 2023
Tanto la Cámara Argentina de la Mediana Empresa como la Cámara Argentina de Comercio y otras entidades que agrupan al sector privado se sumaron a las críticas contra el Gobierno por la suma fija a los trabajadores que exige a través de las nuevas medidas dispuestas para atenuar la devaluación.
Las entodades que representan a comercios, industrias y sector privado indican que las paritarias son el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, conciliando las pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de cada sector.
En este marco defendieron que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto.
En particular, los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida.
La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente, afirmaron desde CAME.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su «profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado recientemente anunciada por el Gobierno Nacional».
La Entidad presidida por Natalio Mario Grinman, expuso en el documento que «es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación que soporta la economía nacional, producto de desequilibrios de larga data».
No obstante, advirtió que «buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija».
Adicionalmente, advirtió que si bien aun no se conoce la reglamentación, «de los anuncios se desprende que tan solo una fracción acotada de los pagos en cuestión podría ser tomada a cuenta de contribuciones patronales».
Por lo expuesto, concluyen en que «la suma fija acabará por implicar un aumento de costos significativo para numerosas firmas, ya exhaustas por una elevadísima presión tributaria, legislación laboral vetusta, trabas al comercio exterior, regulaciones excesivas y un entorno macroeconómico por demás adverso».
