6 noviembre, 2023
Con el candidato en su rol de ministro, el FMI fue irresponsablemente permisivo, algo que hacia adelante no seguiría siendo así; un nuevo gobierno necesitará tomar medidas muy diferentes a las de la actual gestión y encarar, además, reformas estructurales, y, para eso, deberá contar con credibilidad y apoyo en el Congreso
Por Marcos Buscaglia*
“A partir del 10 de diciembre, el presidente soy yo. Entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política económica, de la política de seguridad la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer”, terminaba diciendo el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa en uno de los spots de campaña previos a la elección del 22 de octubre. El mensaje era claro: a pesar de ser el superministro de este gobierno, su gobierno, si resulta electo presidente, sería distinto al actual. El mensaje, a la luz de los resultados electorales, le funcionó.
Paradójicamente, esta vez Massa dice la verdad. Si es electo presidente, su gobierno será muy distinto al actual. Pero no porque él quiera, sino porque será obligado por el Fondo Monetario Internacional. El FMI fue irresponsablemente permisivo con el Massa ministro, al punto que quizás le haya regalado la elección.
Para dimensionar la magnitud de esta permisividad, remontémonos a los objetivos iniciales del acuerdo renegociado en marzo de 2022. En ese momento estaba claro que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no estaba dispuesto a corregir en serio los desbalances de la economía. Entonces, el FMI propuso dos metas minimalistas para afrontar los principales problemas macro del país, que son la elevada inflación y la escasez de reservas internacionales. Para lograr el primer objetivo, se proponía bajar gradualmente el déficit fiscal, fuente de la inflación. Para lograr acumular reservas, el acuerdo hablaba de mantener un “tipo de cambio real competitivo”.
En la práctica, sin embargo, el Gobierno no implementó ninguna de las medidas tendientes a lograr dichos objetivos. Ya en 2022 el FMI permitió, increíblemente, que el Gobierno hiciera como que cumplía las metas gracias a la implementación del “dólar soja” y de otras medidas ad-hoc, que eran pura cosmética y que complicaron el cumplimiento de las metas este año. Pero lo de 2023 fue directamente escandaloso. El Banco Central debía acumular US$3000 millones de reservas netas, en la meta ya ajustada en marzo para tener en cuenta la sequía, pero al día de la fecha ya cayeron en más de US$22.700 millones. Y eso que el aumento de la deuda por importaciones impagas en el año superará los US$11.000 millones.
El déficit primario, que debía bajar al 1,9% del PBI, terminará por encima del 3%, y se agregan reducciones de impuestos que ya hipotecaron el resultado de 2024. Esta expansión del gasto y la caída de las importaciones mucho menor de la que se debería haber registrado permitieron que, al menos hasta agosto, la mayor parte de las actividades como el comercio, los hoteles y restaurantes, y la construcción se haya expandido este año.
Esta permisividad se acabó. El programa con el FMI estará, a todos los efectos prácticos, caído luego de las elecciones. Las relaciones con dicho organismo ya se resintieron fuertemente durante las negociaciones pre-PASO; después del “plan platita”, seguramente estén rotas. Massa no agotó solamente la paciencia del staff del FMI sino, mucho más importante aún, también la del principal accionista del FMI, los Estados Unidos. En un discurso de septiembre, Jay Shambaugh, el subsecretario del Tesoro para asuntos internacionales de ese país, dijo que “el FMI debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias.” Aunque no mencionó a la Argentina, todos sabían a quien se refería. “Medidas necesarias” implica devaluar, tender hacia la unificación del mercado cambiario, y bajar fuertemente el déficit fiscal. Y “retirarse” significa dejar al país sin programa.
La caída del programa con el FMI significaría dejar de recibir préstamos de organismos internacionales y de crédito comercial y bancario, entre otros, llevando al país rápidamente a una hiperinflación.
El FMI será utilizado como excusa por el gobierno de Massa para implementar un ajuste. Pero, en realidad, aun si la Argentina no tuviese un programa con el FMI, el ajuste que tendrá que implementar el próximo gobierno será brutal. Lo impondrá la realidad económica, ya que el legado que deja el Massa ministro al (posible) Massa presidente es de los peores de la historia económica argentina.
El resultado de este gasto desenfrenado en 2023 es que el país llegará a diciembre con reservas internacionales netas negativas por más de US$13.000 millones, una deuda comercial de casi US$60.000 millones, deudas de en el mercado de futuros de dólar de US$8000 millones, un brutal aumento de la deuda indexada a la inflación y al dólar oficial, y un stock de Leliq de casi $25 billones. A esto se suma una inflación inestablemente elevada, un tipo de cambio oficial groseramente sobrevaluado y retrasos en las tarifas de más de 80%. Esta cuenta no suma los intangibles: la intervención en distintos mercados, las trabas para importar y la discrecionalidad regulatoria dejan marcas que no se van de un día para otro. Tampoco las deudas contingentes, como la de la expropiación de YPF.
Si el próximo gobierno no implementa un plan de shock inmediatamente, la hiper está a la vuelta de la esquina. Esto hará que las múltiples personalidades del ministro/candidato lleguen a otro nivel: puesto en términos históricos, Massa tendrá que pasar de Jose Ber Gelbard a Celestino Rodrigo en pocos días.
Una forma que tendría Massa para morigerar el costo del ajuste es atraer inversiones haciendo la gran Menem: anunciando un cambio de régimen económico apenas asuma su gobierno, incluyendo la implementación de un plan de reformas estructurales. Así como está recitando de memoria el Preámbulo de la Constitución al estilo Alfonsín para atraer el voto radical, ya debe estar estudiando el discurso de Carlos Menem a la Asamblea Legislativa en julio de 1989. Pero tiene varios problemas para hacer tal malabarismo económico y simbólico.
El primero es que no controla su propia bancada, como para poder implementar un giro “neoliberal”. Esto se vio cuando el Gobierno sometió al voto del Congreso al acuerdo con el FMI: de los 118 diputados de bancada oficial, 13 se abstuvieron y 28 votaron en contra. Al menos 37 de los 108 diputados que Unión por la Patria tendrá desde diciembre son kirchneristas y/o de La Cámpora. El kirchnerismo estará, además, abroquelado en la provincia de Buenos Aires y en muchos municipios del conurbano.
El otro efecto de esta limitación política es que es muy probable que Massa intente equilibrar las cuentas fiscales sobre la base de una suba de impuestos. Las recientes negociaciones del presupuesto 2024 en las comisiones del Congreso nos dan unas pistas. Los funcionarios de Economía hablaron el 25 de octubre de “abrir el análisis” de los gastos tributarios, es decir de excepciones impositivas y regímenes especiales. Es muy probable que el kirchnerismo quiera dirigir estas subas a los enemigos de siempre: la justicia (impuesto a las ganancias) y el campo (Bienes Personales a inmuebles rurales) entre otros.
El segundo y principal problema es que Massa no es Menem. El meme que circuló por Halloween, en el que un Massa vestido exactamente igual en cuatro fotos se proponía como disfraz de liberal, o de menemista, o de kirchnerista, o de anti-kirchnerista, resume bien el problema que enfrenta el ministro/candidato. La credibilidad es fundamental para hacer política económica. La eficacia de cualquier anuncio depende crucialmente de la credibilidad de quien lo realice y de las garantías que las instituciones políticas brinden a tal anuncio. Dado que la Argentina no ofrece garantía institucional de estabilidad de cualquier política, la credibilidad del anunciante es lo único que queda, pero es algo de lo que Massa carece. Una forma de subsanar esta carencia sería nombrando un equipo económico que le aporte credibilidad. Quizás debería seguir los pasos de Patricia Bullrich y llamarlo a Carlos Melconian y su equipo. Pero es difícil que quiera ceder espacio político, al menos al inicio. Sin credibilidad, la única forma de atraer algo de inversiones será con prebendas impositivas y regulatorias, la especialidad de la casa.
La falta de credibilidad de Massa lo afectaría también en la negociación con el FMI. Cuando se aprueba un programa con ese organismo, las autoridades del país se comprometen a realizar una serie de reformas. Difícilmente el FMI le dé algún crédito a Massa: la implementación de las medidas seguramente sea al contado, es decir, con medidas implementadas antes de que el FMI haga los desembolsos (“prior actions”). Por eso las palabras que más debe estar memorizando Massa del discurso de Menem seguramente sean: “Sería un hipócrita si lo negara. Esta economía de emergencia va a vivir una primera instancia de ajuste. De ajuste duro. De ajuste costoso. De ajuste severo.”
