18 agosto, 2025
En la Argentina, tenemos un talento especial para lograr lo imposible: mantener intactas las leyes y al mismo tiempo vaciarlas de contenido. En materia laboral, hemos elevado este arte al rango de política de Estado, aunque nadie lo reconozca. Durante medio siglo, el país ha vivido en un “loop perfecto” que podríamos resumir como el fantasma de la “reforma laboral”. Él aparece cada vez que hay crisis, provocando que los gremios salgan con los bombos y las pymes con el rosario, mientras los políticos sacan pecho por negociadores eternos del futuro. Sin embargo, al poco tiempo no pasa nada, al menos, en el Boletín Oficial.
Por Sergio Marcelo Mammarelli*
Sin embargo, afuera, en el mundo real, la reforma laboral no solo ocurrió, sino que se viene perfeccionando hace casi 50 años. Y no fue el Congreso quien la sancionó ni el Poder Ejecutivo quien la reglamentó. La hizo el mercado, a escondidas, sin permiso y sin plan. Lo que tenemos hoy no es el sistema diseñado en la Ley de Contrato de Trabajo, sino una criatura mutante: la reforma laboral de facto, construida a fuerza de informalidad, monotributo trucho, “altas y bajas” estratégicas y empresas fantasmas de temporada.
El primer resultado de esta reforma es el costo. Nos cuesta una fortuna a todos los argentinos desde distintos puntos de vista. El 42 % de los trabajadores argentinos están en negro. Son más de 8 millones de personas sin aportes ni cobertura.
Se generan más de 125 mil juicios laborales por año, alimentados por vínculos no registrados o encubiertos. La cobertura previsional y de ART apenas alcanza al 54 % de la fuerza laboral. Es decir, que el Estado pierde más de 4.000 millones de dólares anuales en recaudación previsional. Pero claro, la cuenta no la pagan quienes idearon esta arquitectura. La pagan los que cumplen con las leyes y ven cómo su competidor informal puede cobrar un 40 % menos y seguir en carrera. Y la paga el trabajador que, ante el primer conflicto, descubre que “ser monotributista” no le cubre ni el infortunio más básico.
¿Cómo llegamos hasta acá? Con un trípode jurídico tan sólido como inmutable:
1. La Ley de Contrato de Trabajo: diseñada para un país industrial que ya no existe, con una rigidez que eleva el costo laboral a niveles inasumibles para micro y pequeñas empresas.
2. Convenios colectivos nacionales: que fijan condiciones homogéneas sin importar si se trata de una multinacional exportadora o una panadería de barrio.
3. Ultraactividad: esa joya que garantiza que cláusulas firmadas en los setenta sigan vigentes en 2025, aunque la tecnología, los mercados y hasta las profesiones hayan cambiado por completo.
El resultado de este combo mortal es un manual de instrucciones perfecto para empujar a las empresas a la informalidad, puesto que, si cumplir la ley es imposible sin arruinarse, el incentivo a evadir se vuelve estructural.
Y todo acompañado por un sindicalismo zen
Mientras tanto, el sindicalismo argentino ha encontrado en este desorden un equilibrio zen. La reforma de facto avanza, la base laboral se fragmenta, pero las estructuras gremiales permanecen inalteradas. No se tocan los convenios, no se discute la productividad, no se revisa la ultraactividad. Es la resistencia al cambio elevada a dogma, aunque el piso sobre el que están parados se esté hundiendo.
Algunos gremios incluso han encontrado en la informalidad un aliado, donde el mercado en negro convive con el sistema formal y, de vez en cuando, provee la excusa perfecta para pedir más aportes, más multas y más privilegios. En fin, todo muy lamentable.
Hace décadas, trabajar “en blanco” era el sueño de todo trabajador y el estándar de toda empresa. Hoy, es una opción más y muchas veces la menos conveniente. El circuito informal ofrece costos más bajos, menos inspecciones, más flexibilidad y, en algunos sectores, hasta menos conflictos.
Lo más dramático es que la informalidad no está concentrada en “nichos” marginales. Domina en la construcción, el comercio minorista, el agro y los servicios personales. Apenas un tercio de los ocupados privados trabaja en firmas formales medianas o grandes. El resto vive en un limbo laboral donde la ley no llega salvo para castigar cuando conviene.
Esta reforma por la puerta de atrás no trajo nada de lo que una flexibilización bien diseñada podría aportar. No hay aumento de productividad, no hay inversión en capacitación, no hay seguridad jurídica. Sin embargo, le sobra litigiosidad creciente, con vínculos informales susceptibles de reclamo permanente; una desigualdad aberrante y un fomento de la Economía enano-dependiente, en la creencia que, al quedarse chico, se evita exponerse al radar fiscal y sindical.
En estos 50 años nuestra dirigencia política se ha mostrado más cómoda administrando este caos que enfrentándolo. Y es lógico. Una reforma genuina exigiría tocar intereses muy pesados. Solo mencionemos como ejemplos, reducir cargas para pequeños empleadores, descentralizar la negociación colectiva, ponerle fecha de vencimiento a la ultraactividad, crear mecanismos de transición que permitan blanquear sin quiebras de empresas, etc.
Una reforma verdadera, exige pedirle a cada actor que va a perder algo: menos privilegios para algunos gremios, menos margen de evasión para ciertos empresarios, menos populismo declarativo para los políticos. Será por eso que, apenas surge el “fantasma de la reforma”, al poco tiempo todo vuelve a cómo estaba antes, esperando otra oportunidad en el futuro.
Hoy, como tantas veces, vuelve el fantasma de la reforma a la discusión política. Y la pregunta incómoda, es ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos pretendiendo que la ley es el pilar del trabajo argentino cuando el 42 % de los trabajadores viven fuera de ella? ¿Reconoceremos que el marco formal se volvió tan caro y rígido que el país decidió abandonarlo por las malas? ¿Nos daremos cuenta que la verdadera discusión política no es si la reforma laboral es necesaria, sino si vamos a tener el coraje de enfrentarla?
En fin, como tantas veces en la Argentina desde la recuperación de nuestra democracia, nuevamente se pondrá en el tapete de la discusión jurídica, la necesidad de una reforma laboral. Ojalá tengamos el coraje de hacerla bien, dentro de la ley y en forma completa y sistemática. Si ello no sucede, recordemos que la próxima vez que alguien pida una reforma laboral en el Congreso, la respuesta honesta será: “No hace falta. Ya la tenemos. Solo que no está escrita en ninguna parte… salvo en la calle, que la hizo gratis y sin debate y en ilegalidad a lo largo de estos 50 años”.
