A tal punto que se estaría consolidando el “enclave inglés” denunciado en estas páginas, aunque ahora a través de un primo australiano. Es el caso de las eventuales inversiones de la empresa australiana Fortescue, con trayectoria en la producción minera en aquel país. El proceso de ese emprendimiento ha sido descripto en estas páginas con todo detalle por Susana Lara, con un relato serio y objetivo que trasluce una serie de obscuridades y una total ausencia de transparencia en los objetivos reales de la entrega de territorios inmensos a esa minera multinacional.

Transferencias que estarían motivadas en el interés por instalar en ese territorio la industria del hidrógeno verde, fabricando ese elemento a partir de la electrólisis del agua (¿dulce, salada?) con energía verde, mayormente eólica. Lo que no queda claro del negocio es lo referido al precio que surge de ese proceso industrial, absolutamente inaccesible para el consumo argentino. Los costos incluyen energía eólica abundante, desarrollo de la separación del hidrógeno del agua y embalaje del producto en tubos especiales para su conservación y transporte. Es por lo tanto un enclave industrial para la exportación. Y digo enclave porque no es una inversión que pretende instalarse para interactuar con el mercado nacional: es el mero uso del territorio para exportar y obtener ganancias. Las eventuales divisas que derivarían de esa propuesta para el país son otra parte de los misterios de esta mega-inversión.

La avanzada cesión de 625.000 hectáreas de territorio rionegrino por 75 años a Fortescue es otro de los enigmas de esta llamativa producción. No parece que fueran a dedicarse a la producción eólica que requiere el proyecto. Todo conduce a más dudas que certezas, a pesar del apoyo provincial y nacional al proyecto.

Este hecho se suma a otras experiencias en diversos lugares del país, que alertan sobre la gravedad de una suerte de invasión de capitales especulativos.

Me refiero concretamente al uso y abuso de los recursos naturales existentes en los límites del territorio argentino, con desprecio de principios constitucionales y legales, pero esencialmente sin la debida consideración de las necesidades del país, actuales y futuras, transgrediendo toda racionalidad económica en su uso y explotación.

Es así que asistimos a una carrera de negocios con la justificación de obtener divisas, que se traduce en ver quién vende, transfiere, regala, concede alegremente recursos, custodia irregularidades, justifica ilícitos y reprime resistencias con mayor rapidez e impunidad.

En el norte, donde el litio es codiciado por grandes consorcios internacionales, se mantiene el esquema de regalías minúsculas, y el valor agregado local para el desarrollo industrial aparece solo en proyectos, mientras se exporta la materia prima, el carbonato de litio, para el desarrollo de las productoras internacionales de autos eléctricos. En el norte también se ejecutan importantes parques solares, que no pagan regalías, como se hace en toda la industria eléctrica que usa recursos naturales. En este caso corresponderían por la disposición del suelo con el mejor aprovechamiento solar de nuestro territorio. De igual manera que incumben en la Patagonia por el uso del recurso suelo para instalar parques eólicos con los mejores vientos del mundo.

La región cordillerana, de norte a sur, rica en minerales, es fuente de conflicto entre las empresas multinacionales y las poblaciones locales. Estas mineras ocupan el territorio para sus tareas como si fueran enclaves, y no pagan más del 3% de regalías, a menudo contaminan, y dejan casi nula riqueza en el país. Eso sí, aportan algunas divisas, que seducen a gobiernos provinciales y nacionales. Es alguna fortuna en medio de la escasez: la renta significativa se va afuera, con poca transparencia. Esperamos la sanción de una nueva ley para la industria minera, realista y nacional, al vencimiento de la actual en 2023.

Los hidrocarburos son fuente de desarrollos trascendentales de nuestros recursos naturales para el uso energético, y también se observa el otorgamiento y prórroga de concesiones sin la contrapartida de los urgentes requerimientos de producción para la actual crisis energética. Obtienen las petroleras, eso sí, los planes nacionales para remunerar su producción, subsidiada por el Estado Nacional por arriba de sus costos y ganancias razonables. Rentas extraordinarias que les permiten elegir a su gusto el destino de las inversiones en el hidrocarburo más rentable en cada época.

La ausencia de una normativa adecuada para la protección del recurso agua permite también su uso y abuso para todos los desarrollos anteriores, minería, hidrocarburos, represas, riegos industriales de la producción agropecuaria y otros, sin el debido control. El agua, junto con el suelo, son los recursos más importantes del planeta, y por lo tanto también de nuestro país. La acumulación directa o indirecta de este recurso por transnacionales o extranjeros particulares avanza a todo trapo en nuestro territorio.

Por otro lado se desarrolla con el mayor sigilo la transferencia de abundantes tierras fiscales a multinacionales de todo origen a lo largo y ancho del territorio argentino. A menudo de forma opaca, cuando no directamente irregular, y en incumplimiento de la ley que limita la propiedad de tierras por extranjeros. A veces son los mejores suelos, y con las mayores riquezas.

Son simples ejemplos de una trama extensa y compleja que atraviesa todo el territorio nacional, no solamente con relación a los recursos naturales, pero especialmente de ellos.

Lejos de mí la participación en algunas luchas fundamentalistas contra el extractivismo: algunos minerales son esenciales en la creación de bienes derivados de uso necesario en la vida actual. Los hidrocarburos son imprescindibles en la etapa de la transición energética hacia fuentes limpias. El uso del agua, debidamente controlado y planificado, incrementa el derecho humano a su consumo generalizado y su uso en otras actividades creadoras de riqueza. Sin embargo, sólo una adecuada programación y regulación de la explotación de estos recursos naturales permitiría no sólo aumentar notablemente la riqueza nacional y la de cada provincia y el aporte sustancial de divisas apenas exijamos un creciente aporte de valor agregado nacional, sino también garantizar empleo local y avances tecnológicos de la industria.

Por ello la importancia de una planificación nacional del territorio, de proyectos sectoriales de largo alcance, y su inserción en un proyecto de país que priorice el interés nacional, cuidando sus recursos.

El apoyo de esas políticas nacionales al interior profundo y creativo exige acuerdos y consensos con las jurisdicciones, en aras de la unidad nacional, evitando las señales de anarquía que presuponen a menudo esas liberalidades que siembran sospechas de opacidad y no responden a las reales necesidades de sus respectivos pueblos, que generalmente no son los beneficiarios de aquellas medidas.

Este fenómeno respecto de los recursos, y de la transferencia de territorios de enormes extensiones a conglomerados multinacionales o corporaciones extranjeras especulativas afecta ya la calidad de nuestra soberanía sobre las tierras continentales.

Cabe interrogarse entonces si la necesidad de divisas, sobre la cual no existe duda, justifica este proceso de desmadre de acciones y omisiones en todos los ámbitos, que va progresando sin un programa claro y un propósito definido que supere el alegado de pagar deudas, y que permita un proyecto de país en primer lugar, con todas las inclusiones que ello supone.

La pregunta sería también, entonces, si la necesidad de inversiones en esta etapa, con sus virtudes para el crecimiento de la economía, no está rompiendo los equilibrios sociales y económicos al concentrar una renta excesiva a partir de esos acaparamientos de tierras y abusos de ganancias obtenidas depredando recursos naturales.