27 diciembre, 2022
El desacato al fallo le pegaría de lleno a los bonos emitidos bajo jurisdicción local.
Por Ignacio Miri*
Cuando un país se endeuda emite títulos en donde figura cuándo devolverá ese préstamo, qué tasa de interés beneficiará al acreedor y en qué moneda deberá pagarse ese compromiso.
Allí figura, además, adonde deberán resolverse las potenciales controversias que surjan por retrasos en los pagos o, llegado el caso, la posibilidad del default. En algunos títulos figura que esos conflictos deberán resolverse en tribunales de plazas financieras como Nueva York o Londres y en otros se determina que los litigios deberán basarse en tribunales locales.
En el caso de los países como la Argentina, que arrastran una frondosa historia de deudas no pagadas y renegociadas, este punto es determinante. Cualquier comprador de un bono argentino le prestará una atención extrama a la jurisdicción en que se resolverán las demandas por esos papeles.
Una de las consecuencias que tiene la posibilidad de que el Gobierno no acate un fallo de la Corte Suprema es que hace volar por los aires la jurisdicción local. Si el Gobierno desoye las decisiones de la Corte, la punta de la pirámide judicial argentina: ¿quién comprará de aquí en adelante un bono en donde figura que los litigios debe resolverse, en última instancia, en esa misma Corte?
Por supuesto, los bancos e inversores institucionales que compran bonos solucionan fácil ese interrogante. La desconfianza se salva pagando más caro. Así, las opciones que le quedan a la Argentina son dos: pagar tasas de interés mucho más altas para que alguien se arriegue a comprar títulos emitidos bajo jurisdicción local o emitir bonos bajo legislación extranjera, algo que el Gobierno dice una y otra vez que aborrece.
La semana pasada, esa fue una de las preocupaciones que escucharon funcionarios de la Corte de boca de banqueros preocupados por la salud de los bonos argentinos que tienen en sus balances, e incluso por la de las Letras que emite en cantidades cada vez más preocupantes el Banco Central.
Esas mismas señales de alerta le llegaron al Ministerio de Economía. Además de la gravísima ruptura institucional que implica, que el Gobierno no respete un fallo de la Corte Suprema se parece, para cualquier observador del mundo, a un anuncio de que los compromisos del Ejecutivo, el de respetar la distribución de poderes pero también el de pagar sus deudas, valen menos que el papel mojado.
Ese costo no pareció ser advertido en los llamados de los gobernadores kirchneristas a desconocer el fallo. Es extraño porque las provincias también emiten deuda bajo jurisdicción local, con lo cual este desatino tendrá consecuencias directas en esas emisiones de los distritos.
Es cierto que el impulso al desacato presidencial vino desde dirigentes, como Cristina Kirchner, que no están ocupados hoy en pensar en las potenciales consecuencias que generan esta clase de peleas en la economía. Hoy, la vicepresidenta está concentrada en asegurar el flujo de fondos hacia el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el distrito que sigue aportando la mayor porción de su menguada base electoral.
Cristina hoy cree que la elección presidencial de 2023 está perdida para el Frente de Todos y estima que la única posibilidad de conservar poder es hacer una buena elección en la Provincia para conservar una buena cantidad de diputados nacionales o, si el viento le sopla a favor, la Gobernación.
