Cristóbal López, Echegaray y De Sousa junto a sus abogados en una de las audiencias del juicio.NA.
La causa contra los accionistas de la petrolera había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad y el gobierno de Mauricio Macri.
Tras la asunción como presidente de Alberto Fernández, la Administración Federal de Ingresos Públicos le permitió a Oil Combustibles ingresar en una moratoria para devolver los impuestos retenidos y adeudados al fisco. De esa manera, López y De Sousa podrán regularizar parte de su situación fiscal.
“La decisión tendiente al saneamiento del organismo se toma tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa”, sostuvo Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, ante la Justicia.
Cristóbal López publicó esta tarde en su cuenta de Twitter: «AFIP no tenía más remedio que desistir de la querella. Con auditorías internas y externas se demostró cada cosa que dijimos durante años, incluso desde la cárcel: que el gobierno de Mauricio Macri usó el Estado para quedarse con nuestras empresas».
Marcó del Pont informó por escrito al Tribunal Oral Federal Nº2 que el organismo considera que habrían existido supuestas irregularidades en la acusación del fisco contra los empresarios y la compañía. Dichos indicios darían cuenta de hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad y desvíos de poder contra los empresarios durante el gobierno de Macri.
“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de querellar a los accionistas de Oil.
López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Echegaray, en el gobierno de Cristina Kirchner.
Echegaray, en tanto, es juzgado como presunto coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.
