28 abril, 2021
Crisis en la obra social de los militares: avanzan para trasladar a sus afiliados. El descontento es por el mal funcionamiento del Iosfa, el Ministerio de Seguridad negocia para incorporarlos a otra prestadora.
En crisis y con una deuda millonaria que estuvo cerca de sentenciarla a la quiebra, la obra social de los militares corre ahora riesgo de extinguirse por la posible salida en tropa de gendarmes y prefectos, que evalúan el traspaso a la prestadora médica Unión Personal, que depende del gremio estatal de UPCN.
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) tiene hoy 575.000 afiliados, de los cuales un 32 por ciento son gendarmes o prefectos. Es la segunda obra social del Estado nacional después de PAMI por sus dimensiones y la tercera si se cuenta el IOMA bonaerense. En caso de que deje de aportar el personal de Gendarmería y Prefectura, la prestadora médica sumaría otro golpe a sus finanzas. La deuda acumulada del Iosfa alcanzó el año pasado los $4795 millones, aunque hoy el pasivo “exigible” es de $1100 millones, según precisó Darío Díaz Pérez, titular de la obra social.
Díaz Pérez reconoció una maniobra de la Gendarmería y Prefectura de retirar a sus afiliados ante el corte de prestaciones que debió aplicar el Iosfa por su apremiante situación económica o por el aumento de los costos y el mal funcionamiento. Sin embargo, afirmó que el traspaso aún no se concretó y que se trata por ahora solo de una intención. “Hay una movida administrativa en el Ministerio de Seguridad, pero para que se vayan tiene que haber un decreto presidencial. Y eso no está, ni siquiera hay un borrador”, planteó el exintendente de Lanús.
En la vereda de enfrente, la cúpula de la obra social de UPCN ya mantuvo reuniones con el Gobierno por la posible llegada del personal de Gendarmería y Prefectura. “Hay muchas quejas por los servicios del Iosfa y nos vinieron a ver. Nosotros ya tenemos al personal de la PSA. Lo debe resolver el Ministerio de Seguridad”, señalaron desde la obra social sindical, que lidera Andrés Rodríguez, número tres de la CGT y un aliado de la Casa Rosada. UP tiene unos 700.000 beneficiarios. De incorporar a los afiliados descontentos del Iosfa, quedaría cerca del millón de contribuyentes.
Por los pasillos del Iosfa, la comisión interna que representa a los trabajadores distingue “una privatización solapada” del servicio de salud y advierte que el traspaso podría desencadenar en despidos masivos en el organismo, que cuenta hoy con 3700 empleados.
El Iosfa fue creado por el decreto 637, del año 2013, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, para unificar los servicios médicos y sociales que cada fuerza militar mantenía por separado. Maneja un presupuesto de $20.000 millones anuales, conformado por aportes y contribuciones.
Durante el gobierno de Juntos por el Cambio, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, hubo un intento de separar a estas fuerzas de Iosfa. Prevaleció la idea del entonces presidente del instituto, Pedro Barrios, quien recomendó mantener la unificación, como lo hace ahora Díaz Pérez.
“La ventaja de la unificación es que, al concentrar las tres fuerzas armadas y sumarles las de seguridad, se logró una masa crítica de casi 600.000 afiliados, mientras que Prefectura y Gendarmería pueden alcanzar 170.000, una cantidad que con los niveles actuales de aporte sería insuficiente para mantener una obra social de nivel nacional, sobre todo con la extensión territorial de las fuerzas”, explicó Barrios en septiembre de 2020.
El debate sobre el destino del Iosfa crece dentro del Gobierno y así como lo planteó su antecesora, Sabina Frederic también cree conveniente impulsar el traspaso de las fuerzas de seguridad a una obra social que garantice un mejor funcionamiento. La ministra contaría con el aval del presidente Alberto Fernández para avanzar con el traspaso, según deslizó Infobae. La salida de las fuerzas de seguridad del Iosfa solo es viable mediante un decreto presidencial.
*LN
