15 diciembre, 2023
Sin el rol del Estado nacional como financista pero que actuará como promotor, el plan es actualizar las concesiones caídas y llamados para nuevos proyectos con incentivos de inversión privada.
Mientras en el sector de la construcción las preocupaciones por el freno de la obra pública siguen siendo el eje de los reclamos y de la agenda que los empresarios pretenden conversar con las nuevas autoridades, el Gobierno acaba de anunciar el desarrollo de un nuevo esquema de inversión privada en grandes obras.
El encargado de anunciar este cambio fue el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, durante una reunión que lideró este jueves 14 de diciembre con autoridades de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA); la Unión Industrial Argentina (UIA); la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); la Sociedad Rural Argentina (SRA); la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).
El objetivo oficial es el de articular el sector público con el privado y lograr la participación de las empresas en la ejecución y financiamiento de grandes obras y proyectos que, orden del presidente Javier Milei de por medio, se quedarán sin financiamiento público.
Esta iniciativa está bajo el mando del ministro de Economía, Luis Caputo, quien, tal como lo adelantó el periodista de iProfesional, Antonio Rossi, no pudo despejar las dudas e interrogantes sobre cómo, cuándo y de qué manera se va a concretar la suspensión de esos proyectos a cargo del Estado.
En este sentido, todo el proceso de revisión quedó a cargo del superministerio de Infraestructura, que comanda Guillermo Ferraro, que frenó todas las licitaciones por venir y hasta canceló las ya aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado.
La idea es que este tipo de obras sean financiadas por el sector privado para generar un ahorro al Estado en por lo menos 2.831 obras públicas de diversas características que están en ejecución y adjudicadas por el anterior gobierno que lideró Alberto Fernández.
Desde el Gobierno adelantaron que para ello serán necesarios cambios en la legislación vigente que incluyan programas de incentivos para proyectos de inversión en infraestructura a partir de un nuevo esquema de iniciativa privada.
El ministro Guillermo Ferraro explicó a empresarios el nuevo esquema de licitación de obra pública
Tras frenar cientos de licitaciones, el ministro Guillermo Ferraro explicó a empresarios el nuevo esquema de obra pública.
Según el detalle de la nota, cerca de la mitad son obras que tienen sus contratos en curso con diferentes grados de avances y que acumulan varios certificados de trabajos realizados sin pagar.
La otra mitad corresponde a obras que se encuentran contratadas y por iniciar; adjudicadas pero pendientes del contrato de inicio de trabajos; licitadas listas para adjudicar y en camino a ser relicitadas.
En el país vecino hay dos sistemas que conviven: el de licitaciones y el de concesiones. Así lo explicó en declaraciones al diario Página|12 el ingeniero comercial y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos Aparicio.
El primero de los dos sistemas, el de licitaciones, es idéntico al que funciona en Argentina. Consiste en abrir una búsqueda de empresas para la realización de tareas, sortear a la ganadora en base al proyecto y el precio sugerido y se abona la contratación directamente a las empresas privadas.
El sistema de concesiones al que Javier Milei hace referencia tiene que ver con un mecanismo por el cual “el Estado le entrega al privado la responsabilidad de poder generar una inversión, entendiendo que las prioridades las define el Gobierno”. A cambio de las obras, el privado recibe el derecho de explotar la inversión. Por ejemplo, si una empresa hace una autopista, puede recibir el derecho a cobrar peajes por los siguientes 20 o 35 años. Finalizado este tiempo, el Estado puede hacerse cargo del servicio o iniciar una nueva licitación para su explotación y manteamiento.
Hasta ahí, nada muy distinto a lo que sucedió en la Argentina décadas atrás. Sin embargo, con otro tipo de obras la situación se vuelve más compleja.
En este sistema, a priori, hay un único criterio de explotación de obras públicas: si es una buena o mala inversión para el privado. Pero naturalmente los negocios de los privados no siempre coinciden con las necesidades de las sociedades.
Un ejemplo paradigmático lo aportó la propia Diana Mondino antes de asumir como canciller, quien sugirió que los propios vecinos deberían hacer las cloacas si no hay una empresa interesada en hacerlo. Pero a las cloacas se le puede sumar otro sinfín de necesidades públicass que debe garantizar el Estado, como la creación de salitas médicas y caminos rurales, sólo por mencionar algunos ejemplos.
En Chile esto no quedó en manos de los vecinos. Así lo explicó Aparicio, que detalló que los desagotes para las lluvias en Santiago se hizo modificando las concesiones que había para la construcción de autopistas. A cambio, las empresas obtuvieron más años de explotación para la gestión de los peajes y realizaron las inversiones del sistema de drenaje. En algunos casos también se recurrió al sistema de licitaciones impulsadas y financiadas desde el Estado.
Cabe destacar que el modelo de obras públicas en Chile también cuenta con una serie de cuestionamientos muy profundos. Uno, por ejemplo, completamente vinculado a este dilema de cómo se avanza con las obras necesarias, pero no rentables.
Denise Misleh, profesora del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile, explicó a este medio que “la infraestructura cumple una función social y no siempre es rentable para las empresas desarrollar infraestructuras en áreas más lejanas e insulares con menor número de usuario, donde el Estado tiene que proveer igual los servicios básicos”.
Para Misleh, el modelo de las concesiones “cumplió una función por un periodo de tiempo”, por ejemplo, en la década de los 90’ permitió construir rápidamente “una infraestructura que apoyara el desarrollo del país”, pero en la actualidad tiene una “utilidad altamente cuestionada”.
En la actualidad, además, aparecieron los problemas vinculados a la transparencia: por ejemplo, cuando se trata de obras que las propias empresas ofrecen al Estado, estas se aprueban sin licitación, es decir, sin competencia, y no está en claro con qué criterio se consideran, o no, los proyectos.
Otro punto, señalado por Misleh, tiene que ver con la renegociación de las concesiones, donde el Estado muchas veces terminó subsidiando las obras ejecutadas para que generen utilidades privadas. Así, El Estado termina transfiriendo dinero a los concesionarios sin un proceso competitivo y poco transparente”.
Un tercer elemento expuesto por la especialista tiene que ver con las consecuencias de la explotación. Por ejemplo, en Santiago, es cada vez más caro para los usuarios circular, lo que generó una serie de protestas por el uso del cobro automático y la falta de caminos alternativos de opción gratuita.
Más allá del entusiasmo por incorporar otra política pública, hay perjuicios para las arcas públicas en danza. Tras conocerse este nuevo esquema, desde Camarco advirtieron que dar de baja estas obras que se licitaron y están próximas a iniciarse, generará una cantidad similar de juicios de las empresas afectadas; pérdida de alrededor de 200.000 puestos de trabajo y el pago de penalidades económicas por la caída de los créditos concedidos por organismos internacionales (Banco Mundial, BID, Banco de Desarrollo de América Latina-CAF) para los proyectos de infraestructura y servicios que sean cancelados.
Es más, hasta quedarían sin continuarse obras energéticas clave para apuntalar y transportar la producción de Vaca Muerta y reducir las importaciones de gas como la «Reversión del Gasoducto Norte» y la segunda etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK).
En este sentido, Ferraro intentó en la reunión dejar un mensaje de tranquilidad al sector, al explicar que el Gobierno buscará que todas las obras que despierten el interés de las empresas sean afrontadas por el sector privado y sentenció que detrás de cada gran emprendimiento, «hay futuros usuarios dispuestos a pagar por ella».
El ministro resaltó las «grandes posibilidades» que existen para actualizar la infraestructura actual en concesiones caídas con tenencias precarias que han provocado un severo proceso de desinversión.
Asimismo, el funcionario explicó que a esas oportunidades se sumarán llamados para la presentación de nuevos proyectos de iniciativa privada, estableciendo «un cambio en el rol del Estado para que actúe como un promotor y facilitador de grandes obras de infraestructura en todo el país».
Al respecto, Gustavo Weiss, presidente de Camarco, valoró la convocatoria oficial «porque el objetivo es trabajar en conjunto con las autoridades de turno y que a tres días de haber asumido nos convoquen a esta reunión, es música para los oídos».
En representación de los trabajadores de la construcción, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, también valoró la reunión y aseguró que el gremio tiene una propuesta en consonancia con los intereses de la Nación, «que en forma conjunta con esta gran alianza estratégica que tenemos con la Cámara de Construcción y los integrantes del G6, nos da la oportunidad de estar sentados en esta mesa, teniendo la oportunidad no solamente de estar, sino también de opinar y proponer».
A su turno, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, también rescató la iniciativa y aseguró: «Mirar el país federalmente es algo que nosotros consideramos imprescindible, por el deterioro del entramado. Además, el rol y la participación del sector privado es algo que nosotros veníamos reclamando».
En la reunión, de la que también participaron Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, Javier Bolzico, presidente de ADEBA, Marco Pereda, Vicepresidente de la Sociedad Rural y Rodrigo Pérez Graziano, secretario de la CAC; el ministro Ferraro presentó a quienes serán sus secretarios de Transporte, Franco Mogetta; de Obras Públicas, Luis Giovine; de Vivienda y Hábitat, Héctor Lostri y de Comunicaciones y Conectividad, Ignacio Cingolani; quienes participarán de las futuras mesas técnicas del CPI en sus respectivas áreas.
