24 octubre, 2022
Se trata de la causa Gotti, en la que se investiga si a través de ese grupo se lavó dinero proveniente de la obra pública en Santa Cruz. El principal apuntado es el financista Ernesto Clarens, que en una causa anterior involucró a empresarios de Chubut en la ruta del dinero K.
Obra Pública: otro tribunal, diferente del que juzga a Cristina realizará el juicio por lavado
Por Néstor Espósito
La Cámara Federal de Casación resolvió que el tribunal oral que juzga a Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad no intervendrá en una causa conexa en la que se investiga a las empresas del Grupo Gotti por presunto “lavado”.
En un fallo unipersonal, el juez Mariano Borinsky consideró que el “lavado” es un delito autónomo, que debe ser juzgado de manera independiente del “delito precedente”, que originó el dinero y los bienes ilegales a los que se busca darles apariencia de legalidad.
Borinsky, el juez de las visitas a la quinta de Olivos para jugar al paddle con Mauricio Macri, coincidió con el dictamen del fiscal Mario Villar y asignó la Causa Gotti –cuyo principal imputado es el financista Ernesto Clarens– al Tribunal Oral Federal número cinco.
Ernesto Clarens, el financista considerado pieza clave del circuito de lavado de dinero de la era K, se declaró arrepentido en la Causa Cuadernos. Ahora será investigado en relación a la Causa Vialidad. En sus declaraciones anteriores involucró a conocidos empresarios de Chubut
El mes pasado, el juez federal Julián Ercolini elevó el segundo tramo de una ruta de dinero en la que intervino Ernesto Clarens, el financista K que habría ayudado a Lázaro Báez a lavar fondos. El expediente investigó un blanqueo de 160 millones de dólares y en esta instancia terminó de enviar a juicio oral a un segundo grupo de personas que participaron de las maniobras. El magistrado reiteró que los fondos lavados provinieron de la obra pública que el gobierno de Cristina Kirchner le dio al Grupo Austral.
En esa maniobra que describe el magistrado estuvo involucrada Austral Construcciones utilizando la firma Gotti, una constructora que terminó en manos de Báez.
En la resolución Ercolini dio por corroborado que parte de los fondos obtenidos de la obra pública concedida por el gobierno de Cristina Kirchner a Lázaro Báez fue volcada a operaciones de blanqueo. Este caso es conexo al expediente sobre la presunta corrupción en los contratos viales de Santa Cruz, donde la vicepresidenta y Báez están siendo juzgados por asociación ilícita y fraude al Estado. Cabe recordar que Clarens fue aceptado como ?arrepentido’ en la Causa Cuadernos en 2018.
Ahora se suma la investigación de la investigación anexa a la Causa Vialidad por lavado de dinero que llevará adelante un tribunal integrado por los jueces Daniel Obligado, Fernando Canero y Adriana Palliotti.
En este expediente se investiga si el Grupo Gotti, dedicado a la construcción y contratista de obra pública, lavó fondos del empresario Lázaro Báez y Austral Construcciones provenientes de la asignación de obra pública.
La obra pública de Santa Cruz -que está siendo juzgada por el tribunal oral federal número dos y tiene a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y al propio Báez-, es el “delito precedente” generador del dinero que supuestamente se “lavó” a través de Gotti Hnos.
Los jueces del Tribunal número cinco sostenían que los mismos jueces que están juzgando la Causa Obra Pública de Santa Cruz, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, debían celebrar también el juicio oral por el supuesto lavado de esos fondos obtenidos de manera presuntamente ilegal.
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