19 junio, 2024
En un nuevo capítulo del ajuste, el Gobierno recortó una iniciativa para mejorar el acceso a agua potable, cloacas y caminos con obras que estaban pautadas en diferentes municipios del país. Esto fue definido por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 452/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Según plantea el Gobierno Nacional, el objetivo sería evaluar los proyectos en ejecución para determinar el nivel de cumplimiento, el otorgamiento de fondos y si es necesario que se finalicen con financiamiento nacional o si corresponde el traspaso a las provincias o municipios respectivos.
En el caso de las obras patagónicas, se trata de un plan de infraestructura esencial para 19 municipios de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que se coprometieron en el marco del programa Argentina Hace, lanzado por el anterior gobierno nacional con una inversión de 2.270 millones.
Esas obras fueron comprometidas por Nación durante una videoconferencia desde la residencia de Olivos entre el expresidente Alberto Fernández y los intendentes de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, General Pico, Santa Rosa, Centenario, Cutral Có, Neuquén, Cipolletti, General Roca, San Carlos de Bariloche, Viedma, Caleta Olivia, Pico Truncado, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia.
Ahora, las directrices estipuladas por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 452/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, disponen que considerando que “resulta pertinente establecer lineamientos respecto de los proyectos u obras que se encuentren en curso de ejecución en el marco del “Plan Argentina Hace” que deberán seguir la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Economía, sus dependencias o los organismos que funcionan en su órbita, como paso previo a dejarlo sin efecto”.
El Gobierno argumentó los lineamientos sosteniendo que desde su asunción “se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del estado nacional” y recordó que con el DNU 70/23 “se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, ante la severidad de la crisis que atraviesa el país”.
Asimismo, retomó parte de lo expuesto por el mencionado decreto señalando que “ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente, como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.
A partir de esto, manifestó que “se considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.
En primera instancia, la administración de Javier Milei evaluará los convenios marco de adhesión y los convenios específicos que se encuentren en curso de ejecución del plan “Argentina Hace”.
Si se verifica un incumplimiento por parte de la provincia, municipio u otro ente ejecutor, se podrán tomar medidas para corregir la irregularidad, recuperar los fondos correspondientes y/o rescindir el convenio. Además se instará a la parte pertinente a que finalice la obra con fondos propios.
En caso de que no haya incumplimiento, también se analizará la viabilidad de que la Provincia, Municipio u otro ente ejecutor asuma el financiamiento de la obra sin asistencia financiera del Estado Nacional.
En caso de que la Provincia, municipio u otro ente ejecutor no pueda continuar con la obra, se evaluará la conveniencia de continuar con el convenio, teniendo en cuenta el grado de avance de la obra, el interés público comprometido y los costos que conlleve.
Las obras cuya asistencia financiera se decida continuar deberán concluirse en un plazo máximo de 120 días, con posibilidad de prórroga.
El Plan Argentina Hace quedará sin efecto a los seis meses posteriores al cumplimiento del mencionado plazo de 120 días.
En caso de devoluciones de fondos, las mismas se actualizarán conforme a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina. Cumplido el plazo otorgado en la intimación sin que la Provincia, el Municipio y/o cualquier otro ente ejecutor haya acreditado los fondos cuya devolución se requiere, la citada jurisdicción deberá iniciar las acciones judiciales para su recupero.
Por su parte, el sector de la construcción mira con pesimismo lo que resta del año, en medio de un contexto de fuerte ajuste fiscal sobre la inversión pública directa que hace el Gobierno nacional pero también los recortes a las transferencias de capital de las provincias.
Ante empresarios, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Gustavo Weiss, estimó, en una cuenta de trazo grueso, que la paralización de obras echaría a perder unos USD 6.000 millones de inversión, reportó Infobae.
Camarco se prepara, la semana que viene, para celebrar su convención anual en La Rural, en un contexto difícil para el sector. Weiss reiteró en distintas ocasiones que el 2024 ya “está perdido” para la construcción y estimó que se perdieron unos 100 mil puestos de trabajo y que podrían ser más. La entidad empresaria recibirá entre otros funcionarios, al ministro Caputo y al secretario Giovine, junto a Gobernadores.
El ahogo financiero de Nación a provincias, que incluye los envíos de capital, fue recogido en un análisis apartado que hizo el Fondo Monetario Internacional en el último informe de staff técnico que publicó este lunes. El organismo estimó que el consolidado provincial terminó el 2023 en situación de equilibrio fiscal, situación que comparó con 2019 (déficit conjunto de 0,6% del PBI) y 2015 (rojo de 0,9% del PBI).
“Los ingresos provinciales ya han disminuido drásticamente en términos reales, incluso como resultado de la reducción de los ingresos coparticipados (un descenso del 17% interanual en los primeros cuatro meses de 2024) debido a la recesión y la decisión anterior de aumentar el piso de Ganancias; y recortes en las transferencias provinciales discrecionales y para fines específicos (una caída del 76%)”, señaló el documento del FMI.
“Mientras tanto, los ingresos propios provinciales también se están viendo afectados negativamente por la recesión, y el gasto provincial se está ajustando proporcionalmente (en ausencia de acceso a los mercados)”, mencionaron los técnicos. Y en ese sentido, trazó como panorama, que “el alcance del ajuste del gasto puede diferir entre provincias”.
“Probablemente las provincias más pobres con capacidad limitada de movilización de ingresos (y por lo tanto más dependientes de transferencias federales) podrían terminar ajustando más, mientras que las provincias más ricas, incluidas aquellas que dependen de regalías mineras, podrían necesitar ajustarse menos”, analizó.
Y concluyó que “son necesarios esfuerzos para mejorar la calidad del ajuste ampliando los impuestos coparticipados (reformando Ganancias y reduciendo los gastos tributarios). Esto también ayudaría a evitar recortes en el gasto esencial a nivel provincial y mitigar el riesgo de financiamiento disruptivo (es decir, atrasos o cuasimonedas)”. Una provincia ya incurrió en los dos casos: La Rioja defaulteó su deuda en dólares que intenta reestructurar y emitió el Bocade, o “Chacho”, la cuasimoneda provincial.
