12 octubre, 2021
La grave amenaza al reconocido caricaturista Nik fue la hilacha que mostró Anibal Fernández a tres semanas de haber asumido como ministro de Seguridad de la Nación, en un organismo hasta paradógico para un funcionario que arrastra polémicas y señalamientos de las mas graves vinculadas a resonados delitos y escándalos no tan lejanos.
La polémica por la solapada sugerencia a Nik sobre el colegio a donde asisten sus hijas derivó en un repudio generalizado y hasta un pedido de renuncia por parte de la oposición.
Lo más concreto es que ya aterrizó la primera denuncia en Comodoro Py contra Aníbal Fernández por su tuit. El abogado Santiago Dupuy de Lome la presentó vía mail y recayó ante el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini.
El abogado se anticipó al humorista Nik y denunció penalmente al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por los presuntos delitos de “abuso de autoridad y amenazas” por un intercambio de Twitter entre ambos en las últimas horas.
La denuncia fue radicada vía mail y que quedó registrada con el número 6580/2021 y recayó ante el juzgado federal número diez, a cargo de Julián Ercolini.
El abogado cuestiona: “El ministro de Seguridad Aníbal Fernández utilizó su cuenta de red social Twitter para amenazar al dibujante Nik indicando al colegio al que van sus hijas y brindando información falsa sobre subsidios que recibe dicha institución”, sostiene el escueto texto de denuncia.
“Me pregunto: ¿esa información, de dónde la saca el ministro? ¿Acaso hacen seguimiento o inteligencia interna prohibida por ley sobre quienes son críticos del gobierno?”, añadió. Dupuy de Lome consideró que “estas son cuestiones muy graves que no pueden ni deben ser pasadas por alto ya que remiten a un pasado muy grave de la historia”.
“Quien como ministro debería de ocuparse de la seguridad se ocupa de amenazar a un dibujante y sus hijas menores por el simple hecho de criticar y dice semejantes falsedades tirando lo que vulgarmente decimos ‘carpetazos’”, insistió. Sin identificar los delitos reprochados, el abogado pidió que “se tenga a bien actuar con la seriedad y celeridad que el caso amerita”.
La Oficina de Sorteos de los tribunales federales porteños identificó como posibles delitos los de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas”, que contemplan penas de hasta dos años de prisión.
