8 junio, 2024
La Administración Nacional volvió a registrar saldo positivo en sus cuentas este mes. Desde que inició el año, lleva acumulado $6,4 billones.
El mes de mayo representó un nuevo registro positivo para el Gobierno nacional en términos de superávit primario. Según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que ofrece informes para determinar el impacto de las reformas legislativas, la Administración Nacional alcanzó en mayo $2,5 billones en activos en sus cuentas públicas.
El mismo análisis señala que este mes se destinaron $1,3 billones para los pagos de intereses de la deuda, cifras que se replican si se hace extensivo el estudio desde el inicio del 2024: de los $6,4 billones de superávit primario entre enero y mayo, $2,4 billones se utilizaron para pago de intereses crediticios.
El superávit primario de este mes se explica por el incremento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, con una suba real de 80,4% interanual. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el incremento de la ganancia impositiva producida por la aceleración de los precios en 2023 y por el salto cambiario de diciembre impactó de manera directa en el saldo a ingresar en ese mes.
En ese marco, la recaudación total de impuestos nacionales de mayo creció 10,7% interanual en términos reales, contra una caída de 10,1% en el primer cuatrimestre. El IVA acumula una contracción de 6,3%, debido al desempeño del IVA DGI, que cae 14,1% por la baja del nivel de actividad. Los recursos de la Seguridad Social se contraen 20,1% interanual por la reducción del empleo y la caída del salario real.
Por otro lado, los gastos totales de la Administración Nacional acumularon una caída de 27,6% en términos reales en los primeros cinco meses del 2024: los gastos primarios registraron una baja de 31,3%, mientras que los intereses de la deuda mostraron un incremento de 1,5% interanual real. En subsidios energéticos, el informe indicó que las transferencias a la Cammesa, compañía que administra el sector eléctrico, totalizaron en mayo $ 674.072 millones (-64% interanual real).
El nivel de ejecución del presupuesto nacional aparenta estar en niveles similares al promedio habitual o incluso por encima del promedio. Por caso, la Secretaría de Hacienda informa que al 5 de junio último llevaba ejecutado un 53% de los créditos asignados.
De acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en mayo del año pasado el gobierno llevaba gastados el 36% de los recursos asignados, un nivel que se podría decir que entra dentro de los parámetros.
Claro está que para medir realmente si hay sub ejecución o sobre ejecución se requiere de presupuestos consistentes, algo muy complicado de lograr en contextos políticos adversos para el oficialismo de turno, o porque se suelen subestimar la inflación al elaborar la pauta de gastos e ingresos cuando se presentan los datos al Congreso cada 15 de septiembre.
Este año, por caso, el oficialismo decidió prorrogar el presupuesto 2023, pero sin hacer una estimación de la inflación para todo el período. Entonces arrancó el 2024 con un crédito de $40,2 billones, igual al que había terminado el 2023. Luego le sumó más créditos vía Decreto de Necesidad y Urgencia, con la cual ahora el presupuesto es de $55,8 billones.
Algunos analistas advierten que si el gobierno hubiera actualizado los créditos del presupuesto 2023 con la inflación mas parecida a la que va a transcurrir durante el año, el nivel de ejecución presupuestaria quedaría muy por debajo de 53%.
Casa Rosada tenía dos obsesiones al iniciar su gestión: inflación y déficit fiscal. Como el aumento de precios aún no llega a índices que conformen a la expectativa social, el Presidente se respalda en su otro bastión. Al proyecto sobre las jubilaciones asoman otros tres que pueden irritar más al Presidente, en la previa de la llegada de la ley Bases al recinto del Senado: Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, restitución del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID) y Fondo Compensador del Transporte.
«No entregaré el déficit cero», tituló el mandatario a su publicación en la red social X en donde recuperó su actitud hostil contra la Cámara de Diputados, que parecía haber olvidado después de que lo respaldasen con la ley Bases. Sin embargo, ya no les dice casta: “Lo que la vieja política propone lleva un siglo fracasando y es lo que hemos venido a cambiar».
Milei continúa erigiéndose como presunto defensor de las cuentas públicas. Sin embargo, desde los bloques opositores tomaron dos conductas que pueden erosionar esa estrategia: respaldarse en estudios de gastos para no descuidar el potencial déficit fiscal y avanzar en proyectos que incrementen partidas presupuestarias en temáticas de urgencia que impactan en la agenda pública. Así la responsabilidad queda del lado del Ejecutivo que, eventualmente, tendrá que afrontar el costo político de vetar una mejora de la actual reforma previsional que rige por decreto del propio Presidente.
Aún así, si cuentan con dos tercios de los votos, Diputados lograría ratificar los proyectos vetados, lo que pondría en jaque al Presidente y sentaría precedente para nuevas discusiones. En el Senado, el oficialismo tiene aún menos chances.
“Los docentes tienen sindicatos y las universidades tienen rectores, pero los jubilados no tienen una representación así de organizada y son los que sufrieron el shock del ajuste del Gobierno. Así que nosotros vinimos a tratar esta cuestión de urgencia”, señaló antes de obtener la aprobación el radical Lisandro Nieri, uno de los redactores del texto que se consensuó con el peronismo, quien remarcó que el nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones implica un costo del 0,43% del PBI.
Basta repasar la sesión del martes para detectar que la cuestión del déficit fiscal está plenamente incorporada en el discurso de cada integrante del bloque de la UCR, que solicitó postergar para el 3 de julio el debate por la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales y el FONID. Este último tendría un costo del 0,21%. “Todo va sumando, es cierto, pero el Presidente dijo que se le fue la mano con el ajuste”, agregó Nieri. Una vez que los montos de recomposición financiera se acuerden entre los principales bloques opositores, ambas leyes se aprobarán en Diputados.
