1 marzo, 2024
A partir de una información publicada por Manuel Adorni en redes sociales, se oficializó la estrategia judicial del Gobierno contra el fallo que obligaba a la Nación a enviarle los recursos correspondientes a los subsidios de transporte a Chubut: inhibir al Tribunal local y pedir la intervención de la Corte Suprema.
«La Procuración del Tesoro de la Nación presentó hoy la primera acción de su estrategia respecto de la causa de Chubut por el Fondo Compensador del Transporte. Se le pidió a la CSJN que inhiba al Juez de Rawson y que intervenga por ser el Tribunal competente para ello, por corresponder la competencia originaria y por la trascendencia institucional de la cuestión», detalló el portavoz presidencial.
El conflicto por el Fondo Compensador al Transporte Público inició el martes 20 de febrero, cuando la provincia de Chubut demandó al Estado Nacional ante la Justicia Federal por considerarlo un recorte unilateral. La medida, presentada por el gobierno de Ignacio Torres, buscó restablecer el flujo de dinero que redujo el Gobierno en el marco del plan de ajuste del gasto público.
En ese marco, el primer fallo del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, obligó a la Nación a enviar el pago de la cuota correspondiente a noviembre. Ante ello, el gobierno de Javier Milei acató esa decisión y envió los fondos, pero en esta instancia buscan inhibir esa decisión para evitar nuevos desembolsos.
La Justicia determinó el martes que se deberá refinanciar la deuda y suspender la quita de fondos de la coparticipación a Chubut, tras el reclamo al Gobierno, que generó la pelea entre el gobernador Ignacio Torres y el presidente Javier Milei.
El fallo tuvo una sentencia favorable para el gobernador de Chubut e hizo «lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la Provincial del Chubut a fs. 22/60 Ap. II a), contra el Estado Nacional – Ministerio de Economía, disponiendo el cese de la retención que en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial».
La resolución judicial indica que en este marco el Estado Nacional «estaría bloqueando recursos coparticipables como herramienta de presión política a la provincia del Chubut, lo que implicaría una manifiesta vulneración del principio de automaticidad».
«Que respecto de la automaticidad en la remisión de los fondos la misma tendría a evitar el bloqueo de los recursos usados como herramienta de presión política a las provincias por parte del gobierno federal», agrega.
La acción judicial de Torres es uno de los tantos reclamos de las provincias hacia el gobierno nacional, en el marco de un conflicto que ya cuenta con más de un capítulo: al freno en la obra pública y en el envío de partidas discrecionales del fondo compensador al transporte del interior y del AMBA, el recorte de partidas para la educación y la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal a la Provincia de Buenos Aires, se le suma la cancelación del envío de $13.800 millones en concepto de coparticipación a Chubut.
El fiscal adjunto de Chubut, Lucas Papini, explicó a Ámbito los motivos de la provincia para no ir originalmente a la Corte y acudir a la Justicia federal. El jurista entendió que el criterio utilizado para no ir en competencia originaria directo a la Corte Suprema fue, en primer lugar, entender “que la competencia federal se halla justificada en razón de la persona ya que se dirige contra el Estado Nacional”.
En segundo lugar, dijo que se tuvo en cuenta que el caso “requería para su desarrollo y solución del análisis de normas de derecho público provincial, así como el examen y revisión, en un sentido profundo y estricto de actos administrativos, legislativos y judiciales de la provincia”.
Papini agregó también que se ponen en juego “no solo normas de contenido Federal, sino que, al encuadrarse el asunto en acuerdos celebrados en el marco del federalismo de concentración, existen normas de derecho local, que aprobaron el Convenio de Asistencia Financiera que también entran en juego”.
Por otro parte, el Fiscal de Estado Adjunto de Chubut argumentó que la Corte Suprema de Justicia de La Nación “en casos análogos a declinado su competencia originaria” por lo cual, consideraron que la mejor opción “en la búsqueda de una solución expeditiva y directa era el Fuero Federal. Y así también lo entendió el Fiscal quien en su dictamen declaró competente al juez y al Tribunal Federal para entender en la materia”.
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