14 septiembre, 2022
SON PRÉSTAMOS DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL
El gobernador de la provincia y el ministro de Economía cerraron el acuerdo “para cumplir con los compromisos a futuro”, dijo Arcioni, en el marco de los préstamos de Nación a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. En el encuentro también estuvo presente el funcionario Oscar Antonena.
Fue luego que Massa oficializara la edición 2022 del Programa de Asistencia Financiera, destinado a auxiliar este año a provincias “con necesidades financieras y sin fuentes de financiamiento alternativas” vía préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). El año pasado Chubut accedió a $10 mil millones.
La iniciativa, en la antesala del electoral 2023, se da en el marco de un nutrido pelotón de provincias con superávit, un mejor presente fiscal que acotaría el número de potenciales destinatarios.
Chubut será una de las primeras provincias asistidas aunque no se oficializaron montos. “Ya está constituido el fondo fiduciario que permitirá a Chubut llevar adelante nuevos proyectos para el desarrollo y la generación de oportunidades“, publicó Arcioni en su cuenta de Twitter.
Los préstamos del Fondo Fiduciario serán reembolsables en 24 cuotas mensuales y consecutivas, con un primer vencimiento el último día hábil de enero de 2023. Contará con interés actualizado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), más una tasa aplicable del 0,10% nominal anual. Los servicios de capital e interés vencerán el último día hábil de cada mes y serán pagaderos con la retención de coparticipación.
Ya está constituido el fondo fiduciario que permitirá a #Chubut llevar adelante nuevos proyectos para el desarrollo y la generación de oportunidades.
➡️ La herramienta es el resultado del trabajo conjunto realizado con el ministro de Economía, @SergioMassa pic.twitter.com/Lcy1OuaO9c
— Mariano Arcioni (@arcionimariano) September 10, 2022
En estos términos, Arcioni le agradeció a Massa por el trabajo en conjunto realizado desde su asunción en la cartera económica nacional.
Con más dichos, el mandatario provincial escribió que “la sostenibilidad económica, fruto del esfuerzo que estamos realizando entre la provincia y las y los chubutenses, empieza a dar cada vez más frutos”. Y agregó: “cumplir los compromisos genera confianza en nuestras capacidades y en nuestro futuro“.
El Fondo Fiduciario Para el Desarrollo Provincial se viene utilizando desde el año 1995 y se utiliza la figura jurídica del fideicomiso, introducida en la legislación argentina por la ley 24.441.
El año pasado Chubut fue la provincia del país que más deuda tomó con el 16% del total que repartió Nación. La gestión de Mariano Arcioni se quedó con $ 10.000 millones de los $ 62.250 millones que se repartieron entre las jurisdicciones, lo que representó el 16% del total de las partidas que distribuyó el fondo que está bajo la órbita del Ministerio del Interior. Este año aún no se conoce el monto al que accedería la Provincia, pero se estima que será superior al de 2021.
De esos 10.000 millones de pesos que tomó el ministro de Economía, Oscar Antonena el año pasado, la mayoría se derramaron para el pago exclusivo de sueldos. Con excepción de una porción mínima que se repartió a los municipios, que también deben devolver los fondos bajo las mismas condiciones que Chubut, en cada caso de acceso al Fondo Fiduciario.
Mientras afina la lapicera en pos de recortar el gasto público, el ministro de Economía Sergio Massa oficializó la edición 2022 del Programa de Asistencia Financiera, destinado a auxiliar este año a provincias “con necesidades financieras y sin fuentes de financiamiento alternativas” vía préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).
La iniciativa, en la antesala del electoral 2023, se da en el marco de un nutrido pelotón de provincias con superávit, un mejor presente fiscal que acotaría el número de potenciales destinatarios. Aunque la resolución dejaría “grises” en materia de alcances.
Se trata de la reedición de un mecanismo aplicado por Nación en los últimos años, para atender “los requerimientos de aquellas provincias que presenten necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas para la implementación de políticas públicas para el desarrollo y la consolidación fiscal”. El plazo de gracia es hasta fin de diciembre y el primer vencimiento operará a fin de enero.
“Son las mismas condiciones con las que se dieron los créditos de corto plazo durante el aislamiento por el Covid”, dijeron desde un despacho provincial, y consideraron que serían pocos los distritos potencialmente alcanzados porque la mayoría “tiene superávit”.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que pone la lupa en el consolidado de las provincias y CABA, 2021 fue el cuarto año consecutivo con superávit primario ( $ 264.684 millones), y el primero desde 2010 con resultado financiero positivo ($ 89.230 millones).
Pero la mirada individual muestra distritos con duros desafíos por delante, con AMBA a la cabeza, y en un pelotón donde a Chubut aparece también con urgencias de fondo.
Según los entendidos, el mecanismo permitiría, para cuidar la situación del Tesoro, una ´sustitución´ de financiamiento directo (vía ATN, por ejemplo) por un crédito, de modo tal de cortar con los envíos sin devolución y que las Provincias (partiendo de la base de que tienen una mejor situación fiscal) asuman el pedido de fondos extras como deuda.
En los considerandos de la Resolución 570/22 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía subraya que “resulta indispensable tomar medidas para sostener las finanzas de las jurisdicciones que lo necesiten a través de un programa de asistencia que posibilite atender tanto su normal funcionamiento como cubrir las necesidades financieras, en la medida de las posibilidades del Gobierno Nacional garantizando la sustentabilidad de su esquema financiero y fiscal”. El foco está puesto en el financiamiento “para la atención del déficit financiero y para regularizar atrasos de Tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales”.
Para recibir la asistencia debe haber un pedido concreto de asistencia y monto por parte del gobernador en cuestión, atado a una evaluación técnica de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, dependiente de la Secretaría de Hacienda que comanda Raúl Rigo.
La ingeniería involucra obligaciones que deben cumplir los gobernadores, incluido el suministro a Hacienda de “información fehaciente para el seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas durante todo el período de vigencia del convenio”. Un lote que incluye data sobre la deuda provincial, la nómina salarial y la planta de personal y la letra chica del gasto público, entre otros ejes.
“La Provincia se compromete a no emitir títulos públicos de circulación como ‘cuasi moneda’”, dice. Asimismo el mecanismo requiere que el convenio sea refrendado por la Legislatura.
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