14 enero, 2024
Lo aseguró la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, durante el plenario que se está llevando a cabo en el Congreso para debatir el paquete de medidas impulsado por el gobierno nacional. La funcionaria dijo que hubo un «error» en dos artículos de la ley de Bosques; que los periglaciares «nunca serán tocados» y que los cambios en la Ley de Quema son una herramienta permitida, pero que «se tiene que hacer con cuidado».
Llegó la segunda jornada de debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, y fue el turno de la subsecretaría de Ambiente Ana Lamas. Después de una batería de cuestionamientos impulsada por fundaciones ambientales, políticos y la sociedad en general, la funcionaria habló sobre las modificaciones previstas en la Ley de Bosques, la Ley de Actividades de Quema y la Ley de Glaciares.
Lamas, aún no ratificada oficialmente en su cargo, disertó poco más de 4 minutos e hizo hincapié en los ejes que generaron más polémica:
Habló de un «error» en la inclusión de las categorías 1 y 2 y que las mismas serán eliminadas de la Ley. Estas categorías hablaban de la quita de exigencias previstas en la Ley General de Ambiente sobre la información que deben proporcionar al Estado las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sobre las actividades ambientales que desarrollen en distintas zonas clasificadas como categoría I, de color rojo, que alude a áreas de «muy alto valor de conservación que no deben transformarse», mientras que la categoría II son «sectores de mediano valor de conservación».
Quizás el eje más controversial de todos. Aquí la funcionaria fue categórica: «Nunca los glaciares van a ser tocados para hacer cualquier tipo de actividad, tampoco los periglaciares activos. Decimos que las provincias tienen la facultad, con sus leyes de evaluación de impacto ambiental, de verificar que, sobre el periglacial que se quiera hacer alguna actividad, no haya ningún impacto sobre todo en temas hídricos».
«Es una actividad permitida» que se realiza «por cortafuego, por gestión de combustibles» y «tenemos que permitir que las actividades productivas soliciten estas quemas», remarcó la funcionaria, y aclaró: «pero se tiene que hacer con cuidado y las provincias lo tienen que controlar».
Esta marcha atrás sería la segunda que da el gobierno de Javier Milei en términos ambientales. La anterior se dio con la desregulación del régimen pesquero que fue rechazada por gobernadores patagónicos, fundaciones ambientales, funcionarios políticos y gremios pesqueros.
No obstante, es importante aclarar que, hasta el momento, al igual que con las modificaciones en la ley de pesca, solo es un compromiso de palabra. En este sentido, aún no se firmó ningún acta o documento que deje asentada la voluntad del gobierno de darle lugar a los cuestionamientos recibidos.
