14 junio, 2020
CATORCE DISTRITOS DEBEN AFRONTAR U$S 19.500 MILLONES
Desde Redacción
Mientras se define la reestructuración macro, el ministro Martín Guzmán comenzó a coordinar con los gobernadores la reestructuración de deudas provinciales, para lo cual avanzan fluidos intercambios de información entre las carteras de Economía.
El objetivo es reducir las colocaciones en dólares, brindar más respaldo a los bonistas y tener el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Chubut asoma entre el pelotón de las más complicadas.
El gobernador Mariano Arcioni se mostró optimista de lograr la negociación para destrabar el ahogo financiero de Chubut, pero dependerá del ánimo y las internas de la Legislatura que conduce su vice, Ricardo Sastre. Este es el escenario político principal que dominará la semana en la provincia, ya que sin este gran escollo que es replantear las deudas se torna imposible prever una solución de fondo para los estados provinciales, sobre todo a partir del cambio de coyuntura que generó el COVID-19.
Paralelamente a las arduas negociaciones que mantiene con los acreedores externos, el ministro de Economía de la Nación está coordinando con las distintas provincias los procesos de reestructuración de sus deudas, con el fin de brindar un mayor respaldo ante los tenedores de bonos, cambiar el perfil del endeudamiento y tener, además, el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para las iniciativas que están encarando distintas gobernaciones del país.
Fuentes de Gobierno y del Ministerio de Economía aseguraron públicamente que en los últimos días hubo conversaciones que mantuvieron el titular de la cartera económica, Martín Guzmán, con algunos gobernadores que han decidido encarar, en forma paralela al Ejecutivo Nacional, la reestructuración de sus respectivas deudas.
Frente a la reestructuración que está negociando el Gobierno Nacional con los acreedores por un monto de 66.300 millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera, el panorama del endeudamiento provincial también muestra un horizonte muy complicado, sobre todo por la concentración de vencimientos en los próximos dos años, que correspondieron a colocaciones de títulos realizadas en un porcentaje mayor entre 2016 y 2019. (Ver gráfico)
Precisamente, en un trabajo realizado por la consultora Abeceb se advierte que 14 de los 24 distritos del país tiene deuda emitida en moneda extranjera, acumulando pasivos en forma global de 19.500 millones de dólares, lo que equivale a un 73% del total de los mismos.
Frente a este panorama, en las conversaciones que mantuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en estos últimos días se puso especial énfasis en la necesidad de “reperfilar” gran parte de la deuda emitida por las provincias en los últimos tres años e iniciar un camino de endeudamiento en pesos.
Este es uno de los trabajos de base que está efectuando la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial para asesorar a los gobernadores.
En muchos casos, los números son contundentes. Las provincias que en este momento registran mayor peso de la deuda pública sobre los recursos tributarios son Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Jujuy, Rio Negro, La Rioja y Santa Fe.
Otro de los aspectos que los bancos de inversión y los fondos externos miran detenidamente para evaluar el riesgo de los estados del interior del país es el score de deuda provincial.
En ese ranking que poseen diversos bancos de inversión, se observa que el mejor promedio de score lo tienen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Salta y Neuquén. Un promedio considerablemente más bajo se observa en la provincia de Buenos Aires y los peores corresponden a Jujuy y Tierra del Fuego.
Frente a estos datos y una realidad que se agravó notablemente en los últimos tres meses por la cuarentena, desde el Gobierno aseguran que se hará un asesoramiento y seguimiento cercano de cada uno de los procesos de reestructuración que están encarando varias administraciones provinciales.
“El objetivo es acompañar a las provincias a que puedan realizar lo mismo que estamos haciendo nosotros, para que la deuda tenga un panorama sustentable y sostenible hacia adelante y en esto también hay respaldo del FMI”, recalcó otro funcionario del gabinete económico.
De todas formas, en Economía admiten que hay un grupo de cinco o seis provincias cuyos niveles de endeudamiento se presenta mucho más comprometido que el resto. El caso más trascendente por peso y desarrollo es Buenos Aires, en la cual el gobernador Axel Kicillof busca reperfilar US$ 7.148 millones: propuso un período de gracia de tres años, con quita de intereses en el orden del 55% y una quita de capital del 7%.
Además de Buenos Aires, son varias las provincias que comenzaron a desfilar el sinuoso camino de la reestructuración de deuda, desafiando el peligro del default. Las más recientes son Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Chubut y Río Negro.
Que Nación se esté ocupando de manera simultánea de los procesos de los estados subsoberanos acercó algo de tranquilidad en muchos distritos donde el desenlace de la renegociación nacional a nivel externo será definitoria para el de lo que suceda con el de las provincias.
En territorio, antes de convencer a los bonistas el gobernador Mariano Arcioni puja por superar las internas políticas para lograr aval legislativo a la reestructuración. La alternativa de alcanzar éxito en el proceso de reestructuración de la deuda pública en dólares que posee Chubut posibilitaría lograr una oxigenación de las finanzas públicas, hasta fin de año, toda vez que dejarían de impactar negativamente sobre los ingresos de regalías hidrocarburíferas los pagos de intereses y capital.
Pero para que ello suceda la Legislatura debe aprobar el proyecto de ley que posibilitaría al gobierno formalizar las negociaciones con los acreedores externos. Y eso significaría ordenar la caya diaria y la complejidad de la coyuntura con la administración pública, lo que la oposición resiste en facilitarle al actual mandatario.
El proyecto girado por el Ejecutivo Provincial a la Legislatura prevé que el primer pago de la cuota de amortización de capital se deberá realizar dentro del ejercicio 2023, es decir antes de que finalice el actual período del gobernador Arcioni.
En ese orden, el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, explicó que “el proyecto deja en claro, en principio, la necesidad que tiene Chubut de enmarcarse en la sustentabilidad de la deuda en el mediano y largo plazo. Tenemos una deuda que supera los 700 millones de dólares. Se trata del reperfilamiento de dos títulos; uno el BOCADE por 650 millones de dólares y el Bono Programa de Obra Pública de Chubut (BOPRO)”.
En declaraciones al diario Jornada, el funcionario indicó que se busca llegar a “una mejor estructura en tiempos de devolución que permita mejorar la situación del déficit que tenemos”.
*MEN, PERFIL, AN. Imágen contexto
