6 noviembre, 2020
El Gobierno nacional avanza en la reducción de la ayuda a sectores perjudicados por la pandemia.El programa estatal ATP, con el cual se ayuda a las empresas a pagar salarios, concluirá a fin de año, anunció esta semana el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
También adelantó que la idea es que el Ingreso Familiar de Emergencia (bono Anses IFE) de $10.000 sea «absorbido por otros programas sociales o bien por nuevos empleos».
«El ATP está previsto que finalice a fin de año», señaló Kulfas en una entrevista radial. No obstante, no fue tan asertivo acerca del futuro que tendrá el IFE, una asistencia que está dirigida a los sectores más vulnerables de la economía argentina.
Dijo que «la expectativa es que el 2021 sea un año de fuerte recuperación de la actividad económica».
Con el paso de los meses, el Gobierno fue acotando el universo de empresas a las que brindó el subsidio.
Días atrás, y tras una reunión del gabinete económico, se definió que el programa de asistencia ATP 7 se otorgará, en manera de asistencia salarial, sólo a los sectores «críticos» de la economía.
Para el resto de los sectores seguirá vigente la posibilidad de acceder a créditos a tasas subsidiadas, pero ya no se dará asistencia para que las empresas paguen los salarios.
Esta semana, el Gobierno extendió por decreto hasta el 31 de diciembre el programa ATP, que desde hace cinco meses tiene como eje el pago de parte de los salarios en las empresas que así lo piden.
«Extiéndese la vigencia del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) establecido por el Decreto N° 332/20 y sus modificatorios, hasta el 31 de diciembre de 2020», estableció el Decreto 823/2020, publicado en el Boletín Oficial.
El Senado inició esta semana el debate sobre el Presupuesto 2021 y el oficialismo apuesta a lograr una rápida aprobación como parte de las señales de respaldo político al plan económico que busca presentar al FMI para refinanciar deuda por u$s 44.000 millones.
El jefe de la bancada oficialista, José Mayans, subrayó que «sería importante dar esta herramienta para poder ir al Fondo Monetario Internacional», al tiempo que buscó tender puentes con la oposición, que dio a conocer sus críticas a través de los senadores Martín Lousteau y Esteban Bullrich, aunque sin mostrar voluntad de rechazo.
Ante una observación de Lousteau y del chaqueño Víctor Zimmemann sobre el gasto social, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, confirmó que en el Presupuesto 2021 las asistencias del IFE y el ATP implementadas en el marco de la pandemia «no están, pero hay programas que buscan tender este puente».
En este sentido, Rigo, subrayó que «hay casi 100 mil millones de pesos asignados para financiar acciones que tienen que ver con la promoción de la actividad económica y subsidio de tasas de interés».
Martín Guzmán deslizó frente a Héctor Magnetto y Paolo Rocca algo que, tal vez, le resulte inconfesable delante de Cristina Kirchner: la posibilidad de que, en 2021, el déficit fiscal sea inferior al 4% del PIB. Algo que le viene reclamando el establishment desde el mismo momento en que el ministro de Economía declamó al presentar en el Congreso el proyecto de Presupuesto para el año que viene.
Desde aquel (lejano) 15 de septiembre a hoy pasaron algo más que 50 días. Aquella fecha coincidió con los anuncios de Miguel Pesce de un súper ajuste en el cepo, lo que disparó la desconfianza y las brechas cambiarias.
Guzmán, en las últimas dos semanas, comenzó un trabajo para desatar algunos de aquellos nudos. Empezó por despejar algunas regulaciones en el mercado cambiario. Siguió con los anuncios de emisiones de deuda, que en los hechos reemplazarán a las emisiones de pesos por parte del Banco Central.
La agenda fiscal tendrá dos capítulos: una (veloz) negociación con el Fondo Monetario Internacional y la reducción del objetivo fiscal para el próximo año.
Guzmán recibió críticas por aquel 4,5% de déficit previsto para 2021. Sobre todo, señalan algunos dentro del propio gabinete económico, porque podría haber enviado una señal a los «mercados» sin que eso signifique un ajuste en los hechos.
Es muy posible que hayan sido razones políticas las que, en aquel momento, pusieron límites a los objetivos fiscales del ministro. Un escenario que se modificó con la disparada de los dólares «alternativos» y el desplome de las expectativas.
En el terreno político, la carta de Cristina Kirchner de la semana pasada funcionó, en ese aspecto, como el guiño que necesitaba el Presidente y su ministro para «hacer lo que se necesite para evitar la devaluación».
Así, entonces, se comprende la flexibilidad que Guzmán mostró frente a los empresarios más poderosos del país, que lo visitaron la tarde del lunes en el Palacio de Hacienda.
La idea del ministro sería la de mostrar una meta de rojo fiscal en torno al 4% del PIB para el año próximo, o incluso algunas décimas más abajo. También prevalece la intención de moderar el agujero de las cuentas públicas de este pandémico 2020, que el propio ministro estimó en 8% del PIB.
Algunas señales ya se dieron, en ese sentido: el secretario de Energía -que depende del ahora empoderado titular de Economía, ya anunció que el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos finalizará el 31 de diciembre. La idea, según presentó el propio ministro en el Congreso, sería mantener los subsidios estables en términos del PIB, lo que desembocaría en un aumento de las tarifas unos puntos por encima de la inflación.
Los denominados «gastos Covid» también ya comenzaron a moderarse. El más elocuente refiere al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), cuya cuarta ronda estaba agendada para inicios de octubre y quedó literalmente en suspenso.
El Gobierno, no descarta otorgar una última ronda de $10.000 durante diciembre, justo antes de las Fiestas.
No obstante, Economía ya anunció un serio recorte al programa ATP, por el cual el Estado pagó parte de los salarios de los trabajadores del sector privado durante la pandemia. Esa ayuda, que hasta el mes pasado incluyó a 1.291.000 trabajadores, para este mes se calcula que alcanzará a no más de 500.000.
En las próximas semanas, Alberto Fernández enviará al Congreso la nueva fórmula para actualizar los haberes de los jubilados y pensionados. Ya trascendió que el Gobierno intentará que los incrementos vayan por detrás de la inflación, algo que ya sucedió a lo largo de este año, en el cual los aumentos fueron otorgados por decreto.
Lo mismo, se espera, sucedería con los salarios de los empleados públicos. No hace falta esperar a 2021 para inferir que fueron una de las variables de ajuste del Estado. Ya este año, el Ejecutivo convalidó incrementos salariales muy por debajo de la inflación (por ahora de tan sólo 7%).
Está más que claro que «el camino de Guzmán» no puede anunciarse desde algún salón de la Casa de Gobierno ni desde el quinto piso del Palacio de Hacienda. No se trata de buenas noticias para «la gente». Más bien son señales muy concretas al «mercado», y también al Fondo Monetario con quien Guzmán negocia un nuevo acuerdo.
Justamente, los empresarios de AEA que fueron a verlo al ministro en el inicio de la semana ponderaron esas negociaciones con el FMI. Para los ejecutivos, un rápido acuerdo con Washington servirá para anclar las expectativas sobre la marcha de la economía.
Los empresarios también se mostraron a favor de un acuerdo político, económico y social, en el que se incluyan las posiciones del establishment, los sindicatos y los movimientos sociales. En ese punto habría, entonces, un mismo punto de vista entre CFK y Magnetto.
*iP, NT
