15 julio, 2025
Durante su liderazgo en DOGE, el servicio creado por Trump, Elon Musk accedió a información sensible de al menos siete agencias federales. Aunque no hay pruebas de uso indebido, los posibles conflictos de interés inquietan a sus competidores revela The Washington Post
Por Carolina De La Torre/PS*
Mientras dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado por Donald Trump a inicios de su segundo mandato, Elon Musk y su equipo accedieron a información altamente sensible de al menos siete agencias federales. El objetivo público de DOGE era eliminar gastos innecesarios en el gobierno, pero una investigación de The Washington Post reveló que lo que realmente tuvo Musk en sus manos podría darle una ventaja decisiva sobre sus competidores durante años.
Registros comerciales internos, contratos confidenciales, algoritmos de apps financieras, evaluaciones de licitaciones, datos personales de millones de ciudadanos e incluso expedientes sobre investigaciones laborales de sus propias empresas. Todo eso quedó expuesto ante el equipo de Musk, conformado en parte por ex empleados de Tesla, SpaceX y xAI.
Durante poco más de cuatro meses, Musk dirigió DOGE bajo la figura de “empleado especial del gobierno”, un estatus que lo eximía de varias normas éticas que rigen a los funcionarios públicos. El decreto que creó DOGE exigía a todas las agencias federales entregar acceso a sus sistemas no clasificados. Lo que no preveían era que ese acceso sería aprovechado por uno de los empresarios más influyentes —y ambiciosos— del mundo.
El Post no encontró pruebas de que Musk usara directamente esa información para beneficiar a sus empresas. Pero el solo hecho de haberla tenido en sus manos, sin un marco claro de control o supervisión, tiene alarmados a varios sectores. Un ejecutivo que compite con SpaceX lo resumió así: “Lo que le entregamos al gobierno damos por hecho que está protegido. Ahora, se siente vulnerable”.
Según la revisión del Washington Post, DOGE accedió a los sistemas de datos internos de:
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB): que almacena secretos comerciales de apps como PayPal, Zelle o Cash App.
El Departamento del Tesoro, la Seguridad Social y Educación: con información financiera y crediticia de millones de estadounidenses.
La NASA y la Administración de Servicios Generales (GSA): con detalles confidenciales sobre licitaciones y contratos actuales y futuros.
El Departamento de Trabajo: que contiene expedientes de investigaciones sobre condiciones laborales en empresas de Musk, como Tesla o SpaceX.
En algunos casos, DOGE no solo accedió a bases de datos: también obtuvo cuentas de usuario, contraseñas, control de redes sociales de agencias como la CFPB, e incluso participación directa en procesos internos de revisión de contratos.
Uno de los focos de atención fue el acceso de DOGE a la información de la CFPB. Según el Post, los asesores de Musk pidieron el control administrativo del sitio web de la agencia, sus redes sociales y bases de datos. La CFPB almacena, entre otras cosas, algoritmos de apps financieras que funcionan como competencia directa de los planes de Musk con X, su plataforma que busca convertirse en una “superapp” al estilo de WeChat, con funciones bancarias, de pagos, seguros y servicios digitales.
Tras dejar DOGE, Musk firmó una alianza entre X y Visa para comenzar a operar pagos entre pares, marcando el inicio de su expansión formal hacia los servicios financieros. A la par, DOGE —aún bajo control del personal que Musk había designado— presionaba para obtener información de la industria desde el gobierno.
Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el de la NASA. DOGE solicitó a empleados de la agencia una hoja de cálculo con evaluaciones detalladas de más de 13 mil contratos y subvenciones. Para cada uno, se pedía indicar si debía mantenerse, reducirse o eliminarse, con su respectiva justificación.
La hoja de cálculo terminaba en manos del equipo DOGE, instalado físicamente en la oficina del director de la NASA. Para cualquier empresa que compita por contratos federales, tener acceso a esa información significa jugar con todas las cartas a favor. Lo dijo Christoph Mlinarchik, experto en contrataciones del gobierno: “Es la moneda de cambio más valiosa para ganar licitaciones. Esa ventaja podría durar años”.
Según el gobierno de Trump, los asesores de DOGE firmaron acuerdos de confidencialidad y se capacitaron en manejo ético de datos. Pero múltiples demandas presentadas por sindicatos y organizaciones de vigilancia acusan que no hubo los controles necesarios para evitar conflictos de interés. En algunos casos, funcionarios de agencias reportaron haber recibido órdenes explícitas de “no oponerse ni hacer preguntas” ante las solicitudes de DOGE.
En el Departamento de Trabajo, por ejemplo, los asesores de DOGE pudieron haber tenido acceso a los expedientes de OSHA, la agencia que investiga lesiones laborales. Tesla y SpaceX tienen un historial documentado de multas y sanciones por condiciones inseguras. Esos expedientes también incluyen los nombres de los empleados que hicieron las denuncias.
“Ese tipo de datos debe permanecer confidencial por ley”, dijo Jordan Barab, exfuncionario de OSHA. “La posibilidad de que esos nombres caigan en manos equivocadas es preocupante”.
Aunque Trump llamó a DOGE “el bebé de Musk”, la relación entre ambos se tensó tras la renuncia del empresario y su crítica al presupuesto federal. Aún así, la administración ha evitado dar respuestas claras sobre los alcances de DOGE y su posible permanencia en el futuro.
Mientras tanto, competidores, legisladores y exfuncionarios siguen lanzando alertas. “Ningún otro empresario del planeta tiene acceso a este tipo de información sobre sus rivales”, concluyó uno de los documentos legales presentados en contra de DOGE.
La pregunta ahora no es solo qué hizo Musk con la información, sino qué podría hacer en el futuro.
¿Podría Trump ser responsable directo de esto y ser acusado formalmente?
