28 mayo, 2023
Análisis: 3Ideas disruptivas, pero viejas: ¿qué muestra el mundo sobre las propuestas de Javier Milei?
Otros países ya han puesto a prueba sus proyectos, como Ecuador con la dolarización, Chile con los vouchers en la educación y Brasil con la facilitación para portar armas
Por Inés Capdevila*
Javier Milei quiere una Argentina nueva, una que antagonice con el país de los últimos 70 años y que resetee el futuro de millones de argentinos. Eso buscan probablemente todos los candidatos a suceder a Alberto Fernández. Pero él fue el primero en presentar una plataforma concreta para hacerlo, hace casi dos semanas.
Irónicamente, en el plan que La Libertad Avanza presentó ante las autoridades electorales, el candidato del cambio radical, el outsider que busca destronar a la “casta” apela a ideas disruptivas, pero viejas –y, en algunos casos, caducas–.
La plataforma de La Libertad Avanza dice mucho sobre esas ideas, pero muy poco sobre la relación que el economista tendría con el mundo en caso de ganar las elecciones presidenciales. Salvo por la mención de la liberación total del comercio internacional o del refuerzo de las fronteras nacionales, el documento apenas recuerda que la Argentina es parte de un continente y de un planeta, a los que necesita… y mucho.
A pesar de ese curioso olvido, el resto del mundo tiene algunas experiencias para compartir con Milei. Y todas le advierten que sus ideas ya han sido puestas a prueba en otros países y que la mayoría hoy muestran más debilidades estructurales que éxitos.
La dolarización lejísimos está de ser una idea flamante en América Latina. El primer país en adoptarla fue Panamá, en 1904, poco después de su separación de Colombia y en el mismo año que ingenieros norteamericanos empezaban la construcción del canal; el vínculo decisivo con Estados Unidos comenzaba. Le siguieron, casi un siglo después, Ecuador y El Salvador.
De ellos, el país que más rasgos compartía con la Argentina a la que hoy Milei quiere dolarizar es Ecuador. Su economía era entonces considerablemente más pequeña que la argentina, pero sufría de la misma enfermedad crónica que altera desde hace décadas a nuestro país: inflación.
Como la Argentina, en 1999, Ecuador venía de casi 20 años de tasas anuales de dos dígitos. Ese año, el índice se había disparado a 96,1%, la recesión y pobreza se ensañaban con los ecuatorianos y la tensión política hacía imposible gobernar el país. El 10 de enero de 2000, el entonces presidente, Jamil Mahuad, decidió que el dólar reemplazaría definitivamente al sucre, en una economía que ya estaba prácticamente dolarizada de facto. Las calles estallaron y un golpe de Estado desalojó al mandatario, 12 días después.
Mahuad abandonó Ecuador y nunca más volvió. El costo personal de la dolarización fue altísimo, pero, más de 20 años después, se siente orgulloso de la decisión, por lo menos así lo deja saber en su libro Así dolarizamos Ecuador: un acierto histórico en América Latina, publicado en 2021. Millones de ecuatorianos piensan como él y respaldan la medida frente a cualquier intento de desdolarizar, como buscó sin éxito Rafael Correa a fines de la primera década del siglo.
Los números sustentan ese apoyo. Al año siguiente de la dolarización, la inflación se redujo a casi un tercio de lo que era (2001, 37,7%); cuatro años después, el índice anual llegó a 2,7%. Y salvo en 2008, el número nunca se acercó siquiera a los dos dígitos. El crecimiento avanzó y la pobreza se redujo del 65% en 2000 a 33% en 202, de acuerdo con el Banco Mundial.
Entre 2000 y 2023, Ecuador transcurrió solo una recesión, en 2016. La Argentina, en cambio, tuvo siete períodos recesivos. Estabilidad y crecimiento con la dolarización, los argumentos parecen demasiado atractivos como para que una Argentina desolada los rechace.
Sin embargo, los números esconden tendencias que alimentan también las críticas a la dolarización, hoy concentradas entre economistas del resto del mundo y la izquierda ecuatoriana. Las primeras que surgen en la Argentina son a cuánto dolarizar y cómo se abastece la dolarización, de dónde vienen los billetes en un país sin dólares. En Ecuador, esa base estaba cubierta por las exportaciones de petróleo (monopolizadas por el Estado) y por las remesas, que en ese momento representaban el 7,5% del PBI.
Con su experiencia, Ecuador aporta otras dudas y advertencias. La más importante golpeó a ese país en la pandemia, cuando otros gobiernos agigantaron sus gastos para sostener las economías: ante la pérdida de la soberanía monetaria y de capacidad de maniobra fiscal, ¿qué instrumento le queda a un gobierno para correr al rescate de un país en caso de un shock extremo?
Los costos también son sociales. Ecuador vive hoy una epidemia de inseguridad, alimentada, en parte, por el creciente poder del crimen organizado, que lava allí los dólares provenientes de la venta de drogas.
Los especialistas apuntan a otro costo social, el crecimiento de la desigualdad pese a la caída de la pobreza. Responsabilizan a dos fenómenos que limitan a futuro el potencial del país, la distorsión de los precios internos por la dolarización y la desindustrialización del país (el 60% de las exportaciones de Ecuador son petróleo crudo, crustáceos y plátanos).
La idea a la que apunta Milei para su tercera generación de reformas en la educación lleva ya 42 años de vida, éxitos y crecientes polémicas en Chile. Cuando la dictadura de Augusto Pinochet innovó con el sistema de vouchers en 1981, tenía un proyecto en mente: aplicar la lógica del libre mercado a la educación. Sin recursos para valorizar la educación pública pero también sin margen social para eliminarla del todo, el gobierno buscó alentar la competencia entre escuelas particulares.
En lugar de subvencionar a los establecimientos, subsidió a los alumnos y los colegios debían competir por ellos. Así nació un sistema de tres grupos: las escuelas públicas; los colegios particulares subvencionados, que podían cobrar un copago a las familias; y los institutos totalmente privados.
La industria de la educación despegó y comenzó a incorporar más y más alumnos, lo que dinamizó y amplificó la escolarización en Chile. Entre 1981 y 1987, los colegios subvencionados incorporaron 540.000 alumnos. En la década siguiente, el gasto por alumno creció un 114%. Pero con los años, el sistema que hizo que Chile avanzara en las pruebas estandarizadas y globales de educación empezó a mostrar sus grietas.
“Lo que comenzó a ocurrir con el sistema fue algo así como un ‘descreme’ porque las escuelas empezaban a elegir a los mejores alumnos porque se necesita menos recursos para educarlos y, además, pedían un copago. Eso generó nichos educativos y una importante segregación. A las escuelas subvencionadas se les permitía su propio programa y obtener utilidades. A las públicas, no se les permitía nada”, explica, en diálogo con LA NACION, Dante Contreras, profesor de Economía de la Universidad de Chile, especializado en vouchers.
El primer gobierno de Michelle Bachelet intentó suavizar las fisuras desiguales del sistema e introdujo vectores de calidad y equidad en los colegios particulares subvencionados, pero el rechazo a una reforma mayor se hizo sentir de inmediato.
Mientras tanto, emergía de a poco la mayor debilidad del sistema de vouchers, que, como con la dolarización, es silenciosa, estructural y frena el crecimiento a largo plazo: el malestar social.
“En 2006, los estudiantes secundarios empezaron a reclamar mejor educación pública, ellos tenían menos acceso a las mejores universidades. Esa misma generación continuó con la rebelión en 2011″, agrega Contreras.
Ese malestar aún irresuelto condiciona y marca al Chile de hoy como ningún otro fenómeno social, político o económico. Por un lado, dejó un presidente; Gabriel Boric encabezó las revueltas de 2006 y 2011 y se convirtió, en 2021, en la cara del cambio presidencial. Por el otro, ese fastidio social por la inequidad educativa fue la chispa que incendió las calles chilenas en 2019, que hizo estremecer su economía y que, eventualmente, condujo a la actual búsqueda de una nueva Constitución.
Impacto ambiguo y peligro a largo plazo: en la política, en la Argentina o en donde sea, prevalecen los absolutos, siempre en forma de eslóganes fáciles, para enfrentar problemas complejos. Muchos de ellos le sirvieron a Jair Bolsonaro para sorprender al mundo en 2018 al imponerse en las elecciones presidenciales brasileñas.
Brasil venía de años de escándalos de corrupción, falta de crecimiento y records de violencia. El año anterior, el número de homicidios había alcanzado su pico histórico (casi 60.000 muertes en un año). La propuesta de Bolsonaro era simple, tanto como es la de Milei hoy: liberar la tenencia de armas, armar a “las personas de bien” para disuadir a los violentos.
Apenas después de asumir, en 2019, el entonces presidente firmó un decreto que autorizó a cada brasileño a comprar hasta cuatro armas. En los siguientes cuatro años, se emitieron casi un millón de nuevas licencias de armas. En los siguientes años, los asesinatos también se redujeron, al punto de que, en 2022, tocaron su mínimo histórico (40.824 muertes, de acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública).
Como era de esperar, Bolsonaro adjudicó la reducción de muertes a la ampliación de la tenencia de armas. “Vieron que el número de homicidios por arma de fuego cayó a su menor número histórico. La prensa no dice que es por la liberación de armas. Pero, ¿si hubiese aumentado, quién hubiera sido el culpable?”, dijo en 2021.
Los investigadores lo contradijeron con un “a más armas, más homicidios” y enumeraron otras razones para la reducción de homicidios: la “profesionalización” de los grupos criminales; el aumento de recursos para seguridad en los estados y el envejecimiento de la población. Hoy, los foros de investigación advierten incluso que la tendencia empezó a revertirse en el último trimestre de 2022, cuando los asesinatos crecieron un 7,6%, de acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública.
“Hoy verdaderamente no hay un veredicto definitivo sobre la caída de los homicidios. El impacto de la flexibilización en la tenencia de armas no suele ser inmediato. Pero hay dos fenómenos que sí sobresalen hoy [por la política de Bolsonaro]. Por un lado, cuando uno lanza tantas armas al mercado, baja su precio tanto en el mercado legal como el ilegal. Eso implica que los pequeños criminales tienen acceso a armas más potentes. Por el otro lado, Bolsonaro introdujo un elemento más propio de Estados Unidos. Buscó que la gente estuviese armada para defenderse de las medidas del gobierno que no le gustan. Hoy no sabemos cómo va a repercutir eso en la vida brasileña”, opina Ignacio Cano, sociólogo y profesor de la Universidad de Río de Janeiro, especializado en el estudio de la violencia.
Si el impacto de la flexibilización en la tenencia de armas recién empieza a revelarse –y, fundamentalmente, con efectos oscuros–, el de otro plan de Milei emerge con más claridad, pero también contrastes.
El economista y candidato de La Libertad Avanza suele decir que si no tiene mayorías legislativas y el Congreso se opone a sus proyectos de ley, él no dudará en apelar a una consulta popular para imponer sus ideas.
Más allá de que tendría un pequeño problema constitucional para hacerlo, la experiencia de otros países podría indicarle que no le conviene ni a él ni a el país.
La nación con más experiencia en democracia directa o semidirecta en la región es Uruguay. Allí, con un ejercicio que comenzó en 1934 para ampliar la participación ciudadana, las leyes pueden ser sometidas a un referéndum. En las últimas décadas, hubo cuatro referéndums. El detalle es que esas consultas solo pueden ser convocada por los ciudadanos (el 25% del padrón) y no por el presidente, como le gustaría a Milei.
En un país el presidente sí pude convocar a un referéndum abrogatorio: Venezuela. Apenas llegó a la presidencia, en 1999, Hugo Chávez se convirtió en el rey de las consultas populares; las usó para ampliar su propio poder y para comenzar a diluir la influencia de la oposición política y sindical. Su Constitución, punto cero de la recesión democrática de Venezuela, es la única que le permite al Poder Ejecutivo llamar a una consulta para dar de baja una ley.
¿Cuál de los dos caminos seguiría una Argentina gobernada por Milei y consultas populares, el de la ampliación democrática o el de la deriva autoritaria?
