20 marzo, 2023
Por Trivia Demir – La experiencia dicta que en casi todas las gestiones de Gobierno del último medio siglo a esta parte, la pesca ha sido ‘moneda’ de cambio y hasta jubilaciones de privilegio de numerosos exfuncionarios chubutenses. Ahora, para no diferenciarse demasiado, antes de finalizar el mandato el gobierno de Arcioni-Sastre se apresta a entregar nuevos permisos de pesca provinciales por varios millones de dólares en el marco de un proceso, que más allá de los formalismos pretendidos, deja un verdadero tendal de especulaciones y sospechas. Quien lleva adelante ese sinuoso trámite es el secretario de Pesca del Chubut, Gabriel Aguilar, quien podría ser en última instancia el responsable directo de futuras judicializaciones, si la cosa termina mal.
Este jueves, Aguilar recibió nuevamente a representantes del sector pesquero local, con el objetivo de dar tratamiento de manera conjunta «a la inminente designación de los permisos de pesca» según la nueva Ley votada en diciembre.
Tras el encuentro, el funcionario provincial afirmó que “hoy se realizó la presentación de los proyectos, hay 16 pedidos formulados, abrimos un expediente para poder incorporar todos los actos administrativos. Este ya tiene la presentación de notas pidiendo la convocatoria que hizo la Secretaría para que todas las plantas se presenten, están los proyectos que se incorporarán en un anexo y ahora vamos a confeccionar un acta que va a reflejar la reunión de hoy”, señalando que “pudimos evacuar ciertas inquietudes respecto a la designación de los permisos contemplados en la nueva Ley de Pesca IX N° 157”.
Este jueves el secretario de Pesca de Chubut reconoció que hay 16 proyectos que pretende acceder a los nuevos permisos que otorgará este gobierno. Son 3 para flota Amarilla, 3 artesanales y 1 VACOPA
Pero más allá del apuro de la Legislatura por generar la norma que le da marco presuntamente legal, y el de Aguilar de llevar adelante el procedimiento de ‘venta’ hay una serie de dudas en el aire, muchas de las cuáles contemplan ceros en el medio. Actualmente, Chubut tiene otorgados 37 permisos de flota amarilla, límite fijado por la Ley IX – N° 75, y el proyecto «consensuado» prevé elevar ese número a 40. Mientras que son 35 los permisos vigentes de barcos artesanales de hasta 9,90 metros de eslora y se plantea ahora elevarlos a 38. Los VACOPA serían seis permisos que pasarían a ser licencias de flota amarilla y se mantienen los 7 permisos de leyes especiales.
Se trata de un ingreso que representaría varios millones de dólares si se considera un precio base de ‘2,4 millones de dólares para los permisos de los buques fresqueros y 800 mil dólares para los de la flota Aamarilla’ según se sugería en el valor base de la licitación en su momento, elevada a la Comisión de Recursos Naturales, la diputada Rossana Artero.
Concretamente la nueva Ley de Pesca, apurada en una sesión de madrugada en diciembre pasado y cuya letra se desconocía al momento de la arpobación, dispuso como una de las principales medidas, aumentar el esfuerzo de captura en el caladero. Para ello se crearon siete nuevas licencias, pero solo tres tienen requisitos para estar vinculadas a plantas de procesamiento.
En el caso de los tres nuevos artesanales, no tienen esta exigencia, ni tampoco para el sexto VAPOCA creado, por los legisladores chubutenses, en la madrugada del 23 de diciembre de 2022, en aquella sesión amanecida donde se decicidió sobre un sector inconsulto. Algo parecido a lo que sucedió con la zonificación minera frustrada, sólo que en este caso no hubo pueblada que retrotraiga medidas más allá de la desazón del sector privado.
El diputado Carlos Tomás «Ganso» Eliceche ‘padre de la criatura’. Fue el impulsor de la Ley de Pesca que se votó la madrugada del 23 de diciembre sin ninguna intervención o sugerencia nacional ni sectorial, y a libro cerrado.
Tal como señala el sitio especializado «Parte de Pesca», «La norma creó tres nuevos permisos Tipo 1 al elevar de 37 a 40 las licencias buques fresqueros amarillos, cuya eslora de arquero sea menor o igual a 21 metros.
En este caso la ley dice que el “excedente de permisos será otorgado por la autoridad de aplicación en el marco de la presente ley y conforme prevea la reglamentación, a las empresas que cumplan los siguientes requisitos: a) Empresas que se encuentren radicados en la Provincia del Chubut, con un mínimo de 5 años. b) Empresas que efectivicen un mínimo de 80 empleados; c) Empresas que no sean, ni hayan sido titulares de permisos de pesca otorgados por la Provincia del Chubut».
Hasta ahora según Aguilar, hay 16 Proyectos Pesqueros ingresados para acceder a alguna de las licencias en danza, pero en rigor dentro del sector hay severas dudas, -así lo admiten en off referentes del sector privado-, respecto de que la convocatoria hecha por la Secretaría de Pesca tenga la intención de fondo de «distribuirlas en forma equitativa y transparente».
Este jueves, en diálogo con los medios, Aguilar hizo un repaso de la agenda de encuentros, recordando que “esta es la segunda reunión que tenemos, la primera se hizo el 24 de febrero donde convoqué por pedido expreso del señor Gobernador a todos los representantes del sector”.
Asimismo reconoció que los proyectos presentados “son muy elaborados; con planos de planta, futuras inversiones, certificaciones, y me parece que estuvo muy bueno el ejercicio de que las plantas presenten su unidad de negocios», comentó sin profundizar demasiado.
Muchos consideran que la ‘invitación’ a presentar proyectos parece ser parte de un ropaje que pretende vestir de transparente y limpio un esquema de reparto, que otros especulan está digitado y, acordado políticamente de antemano, incluso de antes mismo que la Ley fuera votada.
Según el secretario de Pesca, José Aguilar, se formó una “comisión” con amplia participación de referentes sindicales marítimos y del gremio de la alimentación, que oficiarían de ‘filtro’ de las empresas que buscan conseguir un permiso para abastecimiento de sus plantas de procesamiento.
Sin embargo, esta comisión no estaría estipulada por la Ley de Pesca, ni tendría jurídicamente poder de decisión, sino que sería apenas un ámbito ‘consultivo’, pero donde los encumbrados dirigentes sindicales buscarían hacer notar su peso y poder de influencia.
Desde las empresas interpretan que para que un proyecto pesquero tenga luz verde, “ahora habrá que ‘convencer’ también a los gremialistas, vaya a saber a qué costo y qué monto”, cavilan
Analistas especializados en la materia sostienen que, en el caso del inciso que excluye a las firmas que “sean o hayan sido titulares de permisos provinciales”, dejaría a todas afuera o a todas en igualdad de condiciones para competir, ya que en su mayoría las empresas han tenido permisos de Chubut como, por ejemplo, para congeladores, autorizaciones temporales de captura, o costeros vinculados a las plantas.
Además, estipulan que no quedan alcanzados por esa limitación, los permisos cuya naturaleza son leyes especiales, otorgados por la propia Legislatura, porque tienen otro status, tales como Conarpesa, Ecoprom (Ley N° 87) y Red Chamber (Ley N° 133 y 136).
El legislador no aclaró en la redacción a qué tipo de permiso haya tenido vinculado la planta, y como la Ley 157 tampoco está reglamentada, podría quedar a la libre interpretación restrictiva de un funcionario, o de una comisión no prevista en el marco normativo, y que además quedó compuesta a discrecionalidad del titular de la cartera de Pesca.
Otro dato, por normas generales de contratación con el Estado, no calificarían empresas que se encuentren concursadas o quebradas.
En fin. Así las cosas, el primer “zarandazo” que deje en el camino a un grupo de empresas, podría ser también el primer capítulo de un proceso de judicialización, que parece cada vez más inevitable, en este sinuoso entramado de concesión estatal de permisos de extracción de recursos pesqueros de final de mandato que abre más dudas que certezas. Habrá que ver.
