6 abril, 2025
La Corte Suprema no puede seguir siendo un espacio dominado por varones. La incorporación de mujeres con trayectorias reconocidas en la defensa de derechos fundamentales no es un capricho, sino una necesidad democrática.
Por Laura Echezarreta*
El rechazo en el Senado de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla abre la oportunidad de repensar las candidaturas a la Corte Suprema de Justicia con un enfoque que responda a las demandas de la sociedad y a los principios de equidad y representación.
Muchos repiten la consigna ‘Mujeres a la Corte’, pero en la agenda política no hay propuestas concretas con nombres propios de mujeres. Y cuando finalmente se menciona alguna candidata, surgen de inmediato los boicots, directos o solapados, que frenan cualquier posibilidad de avanzar en el debate. El patriarcado, está claro, no se rinde y hostiga/castiga.
La trampa: buscan mantener la consigna pero vaciarla de contenido real. Por eso esta propuesta de poner algunos nombres concretos resulta, para muchos, subversiva. Y no exagero.
En este contexto, analizar figuras que todos reconocen por su idoneidad y coherencia podrían ser un paso en serio en ese camino y se vuelve imperativo transitarlo y proponer nombrar algunas, entre tantas, porque encontré varias. Pero tenemos que empezar por alguna.
Laura Musa y Alicia Tate emergen como alternativas altamente calificadas, con trayectorias impecables en la defensa de los derechos humanos, la justicia y el acceso a los derechos.
Hoy, la Corte Suprema sigue reflejando una desigualdad histórica conformada por todos hombres. Esta falta de equidad de género no es solo un problema de representación simbólica, sino también una cuestión de justicia efectiva: la diversidad en la composición del máximo tribunal permite una interpretación del derecho más amplia, con perspectiva de género y un enfoque más integral en la toma de decisiones.
Laura Musa es una referente en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, un área que históricamente ha sido relegada en las decisiones judiciales de alto nivel. Como directora de la Fundación Sur Argentina, ha trabajado incansablemente en la promoción de los derechos de la infancia, impulsando reformas y políticas públicas esenciales. Su paso como Asesora General Tutelar, que es específicamente para menores de edad, le otorgó una visión profunda sobre el acceso a la justicia y la necesidad de un Poder Judicial más cercano a la sociedad.
Una Corte Suprema de la Nación con Laura Musa entre sus integrantes garantizaría una mirada experta en vulnerabilidad social, justicia restaurativa y protección de derechos fundamentales, elementos clave en una democracia moderna.
Alicia Tate es una figura clave en la lucha por los derechos de las mujeres. A lo largo de su carrera como diputada provincial y nacional, impulsó leyes pioneras en materia de género.
Además, fue una de las impulsoras del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y de la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, antecesora de la actual Ley de Educación Sexual Integral. Su compromiso con la ampliación de derechos también se reflejó en su apoyo a la unión civil entre personas del mismo sexo, antes de la sanción del matrimonio igualitario.
Su trayectoria en el ámbito legislativo y su reciente rol como secretaria de Género del gobierno de Santa Fe, muestran su capacidad para articular políticas públicas con una mirada feminista y democrática.
Tate no solo tiene una sólida formación jurídica, sino que también ha demostrado valentía y coherencia en la defensa de los derechos humanos, incluso en contextos adversos. Una Corte con su presencia garantía ser Suprema.
La Corte Suprema no puede seguir siendo un espacio dominado por varones. La incorporación de mujeres con trayectorias reconocidas en la defensa de derechos fundamentales no es un capricho, sino una necesidad democrática.
Alguien tiene que empezar a proponer nombres. Es ahora. Podemos pensar en Musa y Tate porque una es del interior y otra de CABA y ambas encarnan perfiles de juristas comprometidas con la sociedad, con amplia experiencia en la gestión pública y en la articulación de políticas de derechos humanos. Sus perspectivas aportarían a la Corte una mirada más plural, sensible y acorde a los desafíos del siglo XXI.
Pero como ellas hay muchas mujeres en el ámbito de la justicia con grandes trayectorias pero invisibilizadas.
No es casualidad que la consigna de “Mujeres a la Corte”, que tanto sostienen algunos, en realidad este vacía.
Ya le pasó a Alejandra Lazzaro – que en el concurso para cubrir la vacante disponible desde 2016 en la justicia, fue primera en el orden de mérito del concurso pero cajonearon su pliego y beneficiaron a un varón con menores calificaciones. Y cómo no mencionar a Aida Kemelmajer de Carlucci, admirada y reconocida por tantos/as del ámbito jurídico pero siempre enmarcada dentro de la academia.
El Senado tiene la oportunidad de impulsar candidaturas que respondan a la excelencia jurídica, y a una justicia verdaderamente representativa e independiente. Es momento de dar el paso hacia una Corte más equitativa y comprometida con los derechos de todos y todas. Terminar con la hipocresía. Pongamos nombres reales.
* Directora de «Despierta Progresismo»/PC