El Superior Tribunal de Justicia de Chubut aguarda el resultado de la auditoría al área judicial que actuó en el otorgamiento de la tenencia de Ángel López a su madre, quien se encuentra detenida por el crimen, para saber qué medidas tomar.
A mediados de abril se realizó una intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario por su actuación en el caso de Ángel, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia. En el escrito de presentación, se indicó que se lleva a cabo una “auditoria y contralor del debido cumplimiento de las misiones y funciones encomendadas a ese organismo por la normativa vigente”.
Andrés Giacomone, presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, habló y confirmó que la revisión interna está concluyendo con la entrega del último informe técnico.
«Una vez analizado ese informe se verá cuál es el resultado al que se arribó y en base a eso también se tendrán que tomar medidas», afirmó.
En su explicación, Giacomone remarcó que en esta auditoría se analizó el funcionamiento general de los organismos que intervienen en situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes y no la parte penal de los integrantes.
«Nosotros lo que tenemos que analizar es el conjunto, verificar si el sistema como tal está funcionando de manera correcta y cuáles son las posibles mejoras», detalló.
Aun así, no descartó que en un futuro se puedan analizar desempeños particulares de los actores en dicha área judicial.
Un caso que conmocionó al país
El caso de Ángel López investiga la trágica muerte del niño de 4 años ocurrida en Comodoro Rivadavia, tras sufrir maltrato infantil severo y traumatismos de cráneo.
Ángel murió de un paro cardiorrespiratorio el domingo 5 de abril. Según la versión de su madre, el nene se descompensó mientras dormía en su casa y murió poco después en el hospital.
El padre denunció irregularidades en el proceso de la tenencia y apuntó directamente contra la madre. Pero las denuncias familiares se entrecruzan. El nene había sido apartado de la casa de su padre y su madrastra el 4 de noviembre de 2025, cuando la Justicia dispuso darle la tenencia a la madre biológica.
Desde el lado materno apuntaron contra el padre, quien fue denunciado en el pasado por tres episodios de violencia contra Ángel, razón por la que estuvo preso algunos días en el 2024.
En el acta judicial se dejó constancia de que Ángel le expresó al juez de familia que “vive con su ‘mami’ y le gustaría seguir viviendo allí”. Por otro lado, respecto de la situación con su padre Luis, el mismo documento señala que el chico afirmó que “no quiere verlo”.
Pero luego de la tenencia a la madre, el niño evidenció que seguían los maltratos también en la otra casa. Así lo expusieron videos del menor llorando y pidiendo por favor no ir con su mamá. Finalmente Angel falleció meses después y la autopsia determinó más de 20 golpes en el cráneo, entre otras cosas.
La Justicia imputó a su madre biológica, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González.
Los detalles más importantes y el estado de la causa incluyen la imputación a la madre, acusada de homicidio agravado por el vínculo, mientras que el padrastro enfrenta cargos por homicidio simple. Ambos se encuentran con prisión preventiva.
La autopsia arrojó datos escalofriantes de violencia recurrente contra el nene de apenas cuatro años. Más tarde, la defensa buscó enfatizar un cuadro respiratorio agudo (bronquiolitis y bronconeumonía), aunque los querellantes sostienen que la violencia aceleró el deceso.
La familia paterna denunció graves fallas del sistema judicial, ya que la tenencia había sido otorgada a la madre meses antes por la justicia, a pesar de las alertas, con intervención de profesionales en psicología y sociología familiar. El abogado querellante, Roberto Castillo, ha impulsado un jury contra los funcionarios y jueces de Familia intervinientes.
Hasta ahora, y más allá de la auditoría, la Justicia ha llevado adelante audiencias clave para determinar el alcance de las responsabilidades y revisar solicitudes de los acusados para que la causa escale a la Corte Suprema.
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