19 febrero, 2022
Conflictos por el acceso al agua, reclamos de pueblos originarios y otros roces, mostraron la punta de un iceberg: la propiedad de grandes extensiones en manos de empresas y particulares que se autoexcluyen de las leyes argentinas.
“La tierra no crece, y por eso cada día valdrá más; hay que comprar tierra”, aconsejaba el capo mafioso Tony a su hijo en una recordable línea de la serie Los Soprano. A esa dicha certeza se le suman variables muy actuales: el acceso al agua, el mercado de los commodities (alimentos, combustible, energía) e intereses estratégicos de los Estados intervienen en la puja territorial en nuestro continente y, con mayor intensidad aun, en Argentina.
A comienzos de febrero, cuando una comitiva osó penetrar el camino público que conduce a Lago Escondido, personal del empresario Joseph Lewis –que se arroga poder de policía en la zona– agredió a los visitantes, entre ellos a un funcionario que debió ser evacuado en helicóptero. Lewis, lejos de disculparse, subió la apuesta: invitó horas después al mismísimo Mauricio Macri (“su amigo” según el expresidente) a la mansión sureña. Fue en el día de San Valentín y, aunque ambos cumplen años en febrero, resulta difícil suponer que el meeting responda al amor mutuo.
¿De qué hablaron? No se sabe, pero el encuentro triangular se completó con el potentado Árabe Yasir Al-Rumayyan, involucrado por varios medios en el asesinato del periodista Jamal Khashog en 2018 y Gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Mostrarse en Lago Escondido: todo un oxímoron y un mensaje. La exposición voluntaria de una realidad paralela con leyes propias donde la idea de nación o Estado no rige.
Normas que no se cumplen y testaferros rabiosos son parte de las batallas secretas por la tierra que libran los megadueños a través de presidentes locales “amigos” o gobernadores que hacen la vista gorda.
Nicolás Van Ditmar se ganó algunas denuncias oficiando de portero a las órdenes de Lewis. Como testaferro y administrador de Hidden Lake S.A. Van Ditmar, también director y dueño del 1% de las acciones, supo oportunamente reproducir los valores de su jefe a viva voz: “La justicia por mano propia muchas veces es el camino; todos los empleados vamos a pelear por la propiedad privada con sangre si hace falta” había confesado en su encendido discurso el 28 de marzo de 2011, frente a los tribunales de Viedma, disconforme con un fallo adverso (uno de los tantos) según el cual debía liberarse el acceso al Lago.
Por si quedaban dudas, el holandés errante –siempre encabezando pandillas con matones disfrazados de gauchos a caballo para amedrentar– cerró aquella arenga asegurando que impondría sus intereses “Con el Winchester en la cintura”. La bravuconada le valió comparecer oportunamente en la Justicia, pero sin consecuencias. Hoy, el reincidente, afronta una nueva demanda que el grupo de Abogados Solidarios presentó ante la Justicia Federal a raíz de las recientes agresiones contra el grupo que intentaba transitar el camino público al mismo espejo de agua, el 3 de febrero de 2022.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino; todos los empleados vamos a pelear por la propiedad privada con sangre si hace falta”Nicolás Van Ditmar-testaferro de Joe Lewis
Lago escondido y su acceso están cercados desde 1996 cuando el magnate británico compró unas once mil hectáreas ubicadas entre El Bolsón y Bariloche. Lewis –a sus 84 años, uno de los 300 hombres más ricos del mundo y el quinto más acaudalado de Inglaterra– construyó su casa interrumpiendo un camino público ya trazado, a metros del agua, y violando la ley nacional que protege el área como “zona de seguridad de fronteras” según la cual allí solo pueden ser adquirentes ciudadanos argentinos.
Los reclamos formales contra el bloqueo del magnate se suceden desde hace décadas. El caso más reciente: el Procurador General de la Nación, Carlos Balbín, envió en 2016 una nota dirigida al Ministerio del Interior pidiendo que resuelva (Expte. N° S04: 0042681 /2016)»la lesividad” que permitió la venta. Pero no tuvo respuesta del organismo entonces conducido por Rogelio Frigerio. Es más: Balbín, a partir de esa solicitud, fue forzado a renunciar a su cargo.
Por su parte, el escudero Van Ditmar es dueño de la estancia Bahía Dorada, sobre la costa atlántica, en el límite entre Río Negro y Chubut donde parece estar prestando otros servicios a Lewis. Allí, en 2008, se construyó una inmensa e inexplicable pista de aterrizaje de 1.800 metros de largo (extensión similar a la del Aeroparque Metropolitano en CABA) sin funcionamiento comercial o turístico declarado.
La cinta asfáltica, de 50 metros de ancho y capacidad para recibir aviones (Van Ditmar no los tiene) de carga y gran porte incluye un gigantesco hangar y radares de última generación.
Si uno pregunta a la familia propietaria, las explicaciones fluyen cual cuento de hadas; “tenemos un Tío Rico, un padrino, un sponsor (sic) que nos dio una mano enorme para poder cumplir con nuestro sueño” fundamentó Vanessa Mazza, esposa de Van Ditmar en una entrevista al diario provincial Rio Negro en marzo de 2008 al explicar el origen de los recursos que posibilitaron tamaña obra.
Más de 12,5 millones de hectáreas argentinas están en manos de extranjeros
El sueño matrimonial devino pesadilla cuando, según se denunció, desde “Bahía dorada” se operaban vuelos secretos a las Islas Malvinas. Esta y otras sospechas llevaron a que en 2015 la cámara de Diputados de la Nación elevara un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional (Expediente 2428-D-2015) sobre la existencia de un aeropuerto «privado» inglés en la Patagonia argentina, emplazado en Puerto Lobo.
Pero ¿qué interés podría tener una pista aérea estratégicamente cercana a Malvinas que se usa tres veces al año? ¿Acaso el Tío Rico, el padrino matrimonial, tendría algo que ver con el asunto? Otra vez, los caminos (los públicos, los bloqueados, los secretos) conducen a Joe Lewis.
Desde 2005, la causa abierta contra Lewis por estas infracciones a la ley gira en los tribunales rionegrinos mientras los fallos, además de dos normas de origen, claras, concisas –nadie puede apropiarse en la Argentina de un lago e impedir que se acceda a él y ningún extranjero puede ser dueño de tierras en zonas de seguridad de frontera– se siguen incumpliendo.
“Aquí comienza el acceso público a Lago Escondido, según fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, expediente 21690/06” reza el cartel en uno de los accesos. Pero la propia policía provincial, a un costado, garantiza la impunidad de la guardia privada que atacará, como ya sucedió, a quien traspase ese límite. Allí rige la ley Lewis.
Consultada al respecto, la gobernadora rionegrina Arabella Carreras, dijo a Radio Nacional Buenos Aires el pasado 7 de febrero que “los pobladores de la zona de Lago Escondido ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica”.
Contra lo que suele suponerse, hoy es mayor la cantidad de tierras adquiridas por extranjeros en el norte que en el sur del País. La provincia líder en este ranking es Salta, con un 11,5% de su superficie en manos foráneas: nada menos que 1. 727.411 de hectáreas. Le siguen Misiones (11%), San Juan (10,4%), Corrientes (9,2%), Mendoza (8,7%) y Catamarca (8,64%).
En la Patagonia no sólo está Benetton. También son dueños en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz otros particulares y empresas: el Grupo chino Heilongjiang Beidahuang con 330 mil hectáreas, la sociedad francesa Somuncura Patagonia SA con 155 mil, el Rabino estadounidense Elimeir Libersohn con 140 mil, el canadiense Gold Corp con 130 mil, Trillum Corporation (EE UU) con 125 mil, el ciudadano chileno Roberto Hiriart (Chile) con 100 mil, la sociedad comercial sudafricana Anglo Ashanti Gold con 50 mil, el grupo belga Burco, con 85 mil, el mediático estadounidense Ted Turner con 56 mil hectáreas y nuestro ya conocido Lewis, que pese a ser dueño de apenas 38 mil hectáreas (lo más modesto del grupo) superó recientemente en fama a los anteriores.
Como respuesta a la avalancha compradora extranjera de los años 90, el gobierno de Cristina Kirchner impulsó la ley 26.737 sancionada y promulgada en diciembre de 2011 para limitar su acceso a capitales foráneos. Según la norma, una misma nacionalidad no puede tener más del 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país.
Pero la ley no tiene efecto retroactivo y, en consecuencia, pese a su sanción, son muchas los distritos y provincias argentinas literalmente “diezmadas” en su territorialidad. A modo de ejemplo: San Carlos, un área declarada Lugar Histórico Nacional, en los Valles Calchaquíes, pertenece en un 58% a una sociedad radicada en Uruguay, mientras que el departamento de Molinos, sitio turístico e histórico por excelencia, también salteño, es 47% estadounidense y 10% suizo. En total, son 50 los casos de distritos que exceden, por mucho, el límite impuesto por la ley que intentó poner freno a la compra extranjera.
En el invierno de 2017 Santiago Maldonado, el joven artesano que apoyaba el piquete mapuche del grupo Pu Lof en Chubut, desapareció tras el operativo de Gendarmería Nacional en un confuso episodio que terminó con su muerte. Lo que no se dijo entonces fue que Cushamen, donde ocurrieron los hechos, es uno de los distritos cuya superficie pertenece en un 23% a dueños extranjeros: más precisamente a Benetton.
En el hecho y lugar confluirían las tres partes-fuerzas del conflicto: capitales extranjeros privados, reivindicaciones territoriales indígenas y Estado nacional. Sin embargo, otra vez, como en los bloqueos de Lewis, la única fuerza y ley que imperó de esa tríada fue la primera.
Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, activamente movilizada y seguidora del conflicto de Lago Escondido desde 2005, conversó con Télam sobre el caso. La funcionaria tiene una visión optimista en cuanto a que lograr «el libre acceso» a las tierras costeras del espejo de agua que Lewis hoy bloquea podría sentar jurisprudencia en relación con otros espacios cuya problemática es similar.
Por su propia área de incumbencia, Odarda conoce a fondo la situación de las comunidades originarias cuyos reclamos han activado, simultáneamente, la alerta en cuanto a la posesión de tierras en el País por parte de inversores extranjeros.
En noviembre de 2021, la funcionaria celebró el DNU por el cual se prorrogó otra ley que viene al caso referir: la 26.160, sancionada en 2006. Esta norma suspende los desalojos mientras se releva la ocupación ancestral y es complementaria a la preservación de los derechos territoriales de los pueblos originarios, pero también resulta clave para lograr, en suma, el cumplimiento de las leyes argentinas que, en su espíritu y su letra, priorizan el reconocimiento a los derechos de los locales frente al negocio de los visitantes. Finalmente, a juzgar por el aluvión de compradores foráneos que es tendencia en Argentina (y que ninguna ley logra frenar) quizás aquel parlamento de Tony Soprano aconsejando a su hijo haya hecho eco en ciertos magnates que comparten una cosmovisión sobre la propiedad, los derechos, las legislaciones locales, el derecho individual respecto del colectivo y otros tantos asuntos; después de todo, los bienes raíces siempre congregaron a inversores hermanados por intereses y actividades similares que suelen confluir en oportunidades jugosas.
