25 marzo, 2024
La Corte Suprema frenó nuevos proyectos y ordenó al gobierno de Raúl Jalil no emitir más declaraciones de impacto ambiental. Aunque no paraliza las actividades en marcha, pone en peligro nuevos proyectos e inversiones.
Si bien el fallo anti minería de la Corte Suprema de Catamarca no afecta las actuales operaciones de los seis proyectos para la extracción de litio de la Cuenca del Río de Los Patos, en la provincia alertaron que sí pone en riesgo unos 6.500 puestos de trabajo a futuro. La demanda fue interpuesta por el cacique Guitián que reclama en la Justicia local por la desaparición de un río y la remoción de tierras donde estaba enterrado su bisabuelo
Catamarca se concentra en la minería metalífera y de litio, principalmente con producción de carbonato de litio y oro, y es la quinta provincia más exportadora de minería en Argentina: en 2023 acumuló más de 6% de todas las exportaciones que sumaron más de u$s4.000 millones.
Actualmente la provincia cuenta con una cartera de 22 proyectos: 2 en estado de producción (1 de litio y 1 de oro), 3 en construcción (litio), 3 en exploración avanzada (2 de oro y 1 de litio). En tanto, posee otros 14 en estados previos iniciales, entre los que se incluye uno de cobre y otros 10 de litio.
En la zona de Los Patos- Salar del Hombre Muerto-Antofagasta de la Sierra hay seis proyectos de litio: Fénix, Sal de Vida, Sal de Oro, Virgen del Valle Litio, Candelas, Candelas Oeste. Según fuentes calificadas, estos no se verán afectados de ningún modo por el fallo de la Corte, que esta semana ordenó “otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental (en los términos del Código de Minería y Ley de Aguas de la Provincia), hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral”.
“A las empresas que estamos en la zona no nos afecta en nada, nuestra producción sigue normal, esto es para nuevos permisos de expansión o exploración, o los que no tienen la DIA”, aseguraron a Energy Report desde uno de los principales proyectos.
Lo que sí afecta es a la marca “Catamarca minera” a nivel internacional que se presentó recientemente en la feria PDAC de Canadá y a las inversiones futuras, porque conocido el fallo muchas de las compañías de litio que operan en Los Patos tuvieron que enviar explicaciones del caso a sus casas matrices para aclarar que no se afectan los planes vigentes.
“Si hoy alguna una empresa quiere hacer una expansión ahora está en duda y Catamarca se puede perder millones en inversiones”, agregaron las fuentes consultadas.
“Esto es de ahora en adelante, los que están siguen operando normalmente porque ya tienen los permisos legales con anterioridad”, aclararon.
En riesgo, dicen, hay unos 6.500 puestos de trabajo de la minería en la provincia. A esa cifra hay sumar las cadenas de proveedores y otros trabajos vinculados. Si se tiene en cuenta el efecto multiplicador del empleo en minería, esto es, el cociente entre el empleo total -directo e indirecto- generado por una actividad y el empleo directo, en la minería metalífera y de litio se registra 1,32 puestos de trabajo indirectos por cada nuevo empleo directo, mientras que en la no metalífera se estima uno de 1,40, lo que implica 0,40 puestos de trabajo nuevos por cada empleo.
La Corte Suprema de Catamarca hizo lugar parcialmente a una demanda contra el Poder Ejecutivo local, que arrastraba desde 2022 y abarca a proyectos que iniciaron su actividad en 1997. En realidad, este caso comenzó en la Justicia federal, pero en 2021 pasó a la provincial, motivo de disputa y conflictos todavía abiertos.
En la demanda se le exigía a la Provincia una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y “acumulativa” de todos los proyectos, además de determinar la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi Pampa-Incahuasi o Punilla, con la participación del Consejo Federal de Ambiente, la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y en consulta permanente con la comunidad originaria.
La demanda también alertaba que lo autorizado hasta ahora por el área de minería del Gobierno no había contado con audiencias públicas, aunque no tuvieron en cuenta que en ese entonces no eran requeridas.
Con el caso avanzado el procurador catamarqueño dictaminó la incompetencia de la Corte provincial para resolver, pero el tribunal opinó lo contrario y el miércoles pasado lanzó el fallo, justo cuando el gobernador exponía sobre minería en un foro internacional.
“De las constancias de autos surge que efectivamente se están desarrollando diversos proyectos mineros cuyas consecuencias impactan en idéntica zona; esto, sin el debido estudio de impacto ambiental acumulativo e integral”, indicó la Corte, en el voto de presidencia Fernanda Rosales Andreotti, que se pronunció primera en la sentencia a la que accedió este medio.
El fallo fue respaldado por los jueces Carlos Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez, Néstor Martel, Marcela Soria Acuña, Rita Saldaño y José Ricardo Cáceres.
El amparo fue solicitado por Román Elías Guitián, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, y familiar directo de trabajadores mineros de la industrial del litio. Guitián tiene 48 años y seis hijos. Una de sus parientes es la encargada de llevar adelante importantes proyectos de relacionamiento entre las compañías extractivas y las comunidades locales.
Desde 2021 Guitián reclama en la Justicia local por la supuesta desaparición de un río y la remoción de tierras donde estaba enterrado su bisabuelo. Sin embargo, la actividad del litio recibe permisos especiales tras estudios geológicos de las zonas a remover y utiliza agua de las napas subterráneas, a varios metros de profundidad bajo los salares. Esa agua no se utiliza para animales, seres humanos, ni riego, y tampoco es la que llena los ríos, que en la Cordillera se alimentan del deshielo.
El equipo de gestión de Jalil estalló de bronca cuando se enteró de la firma del fallo. El gobernador estaba en un evento público en Buenos Aires con trascendencia mundial. Cerca suyo admiten que lo esperaban.
En Catamarca aseguran que la sentencia de la Corte contra la minería -principal actividad económica de la provincia además de la soja, olivo, tabaco y algodón- se gestó en la previa al recambio del Gobierno nacional, en noviembre del 2023, por una puja salarial entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Pero la tensión escaló cuando Javier Milei asumió y recortó los fondos provinciales por coparticipación.
A partir de ese momento la gestión de Raúl Jalil decidió limitar los aumentos salariales y –como reveló Energy Report- otorgó un 15% de aumento salarial al Poder Judicial en febrero, pero retroactivo a enero. Los gremios judiciales pugnaban por un 35% de recomposición, argumentando que sin más fondos no podían cumplir su trabajo correctamente.
Fue entonces que la Corte firmó una acordada por mayoría otorgando el incremento y solicitando la ampliación de partidas, pero el malestar fue inmediato. Jalil había aplicado recortes del 20% de la planta política y la reducción de un 30% del presupuesto judicial que se había incrementado muy por encima del promedio de otros estamentos.
Según pudo saber Energy Report, en los próximos días el Gobierno de Jalil dará una contundente respuesta a la Justicia con documentación complementaria a los estudios de impacto ambiental que cada proyecto de litio ya presentó. Pero tampoco se descarta que la pulseada salarial se alivie y que la balanza de la Justicia se vuelva a equilibrar.
*AF/ by Sebastián D. Penelli
