24 marzo, 2022
Hay varias comunidades de la puna jujeña que acampan en sus tierras comunitarias en el paraje Tanques en Susques, para denunciar que la empresa Minerales Australes s.a. instaló de prepo maquinaria en su territorio sin ningún permiso para extraer litio.
También comunican que personal de civil y policía han amedrentado a ancianas del acampe con la amenaza de ser desalojados. A pesar de las denuncian, las empresa no ha movido sus instalaciones.
Desde el 12 de marzo, las comunidades hicieron una asamblea y decidieron permanecer acampando en el Paraje Tanques, Arroyo Seco Aguadita, que pertenece a Susques. Lugar donde se encuentra desplegada la maquinaria.
En un comunicado emitido el lunes explican que muchas familias están siendo perjudicadas y que numerosas comunidades están movilizadas y a pesar de que han presentado las denuncias correspondientes la empresa minera no se ha retirado del lugar, “La Comunidad Indígena Ayllu Intillaku Apu Qollamboy, Comunidad Indígena San Juan de Quillaques, Comunidad Indígena de Coranzulí presentes en el lugar, haciendo notorio que pese a haber presentado la denuncia correspondiente al Cese de actividades por parte de la Empresa Minera, ésta CONTINUABA trabajando. Habiéndose cumplido el plazo de 48 hs. para que presente la documentación respaldatoria, la Empresa Minera «Minerales Australes» S.A., quien se encontraba OPERANDO ILEGALMENTE sin el CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO, NO presentó los papeles correspondientes para su autorización de operar en Territorio Comunitario, propiedad privada de la familia Quispe”.
Lo sorprendente es que la policía y los medios de comunicación regionales actuaron para resguardar los intereses de la minera argumentando que estaban “irrumpiendo” y desconociendo la propiedad comunitaria, en este caso habitada por la familia Quispe. Incluso denuncian la intimación policial contra ancianos indígenas en acción conjunta con personal de civil que según testigos pertenecen a la empresa Minerales Australes S. A.
“Por tal motivo se procede a las 15:45hs. a informarles el cese inmediato por incumplimiento a leyes que nos amparan Art. 75 Inc. 17 de la C.N, Ley 26.160 y Convenio 169 O.I.T. También se le notifica a los efectivos policiales que tal INTIMACIÓN de DESALOJO a los familiares damnificados que se encontraban «DENTRO» de su Propiedad (y no como en varios medios se mal informaban que estaban irrumpiendo la ruta) constataba de varias IRREGULARIDADES: que no se notificó a los familiares como corresponde, que tal INTIMACIÓN de DESALOJO estaba fuera de horario 00:20 de la madrugada, y que NO presentaba ningún sello ni firma por parte de los Fiscales Dr. Fernando Enrique Alancay y la Dra. María Eugenia Di Pietro. Repudiamos enérgicamente y denunciamos los hechos suscitados hacia la Sra. Aurora Choque informándonos que se presentaron personas por parte de la Empresa Minera y efectivos policiales para intimidarla y exigirle sus datos personales, amenazándola con desalojarla de su territorio comunitario. Esto da cuenta la VIOLENCIA INSTITUCIONAL y la impunidad que ejercen sin perspectiva de género hacia las mujeres Indígenas de nuestros territorios”.
Como comentaron comuneros, la minera trae el conflicto entre las propias comunidades. La conflictividad social que ha traído el extractivismo se ha visto en todos los casos en donde las empresas prometen empleos y bienestar económico que luego no cumplen, pero para desarticular las protestas fracturan pequeñas pueblos que antes vivían en armonía como es el caso de Andalgalá en Catamarca y tanto otros. Así continua el comunicado:
“Debido a esta problemática con la empresa minera, se volvió a suscitar un antiguo problema limítrofe entre tres comunidades de la zona, agravando aún más el conflicto, debido a todo esto, las comunidades decidieron que la empresa minera continúe con el cese de actividades, comunicándole lo decidido al encargado Juan Carlos Palarik, a quién se le entregó en mano una nota firmada por los comuneros, tras lo cuál el encargado se comprometió a cumplir con lo solicitado. Quedando las comunidades originarias en ALERTA MÁXIMA, para observar el verdadero acatamiento por parte de la empresa, minera. De no respetarse lo solicitado por las comunidades originarias se procederá a retomar la medida de fuerza”.
