Los jueces del tribunal que resolverá sobre la nulidad de la reapertura de la causa por el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA decidieron incorporar planteos por «inexistencia de delito» en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, un elemento más que podría derivar en el cierre del caso con sobreseimientos y sin juicio oral.
El Tribunal Oral Federal 8, integrado por María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, convocó a una nueva audiencia para el próximo miércoles porque ante esta decisión nueva debe escuchar las posturas del fiscal Marcelo Colombo y de las querellas de DAIA y dos familiares de las víctimas del atentado.
Hasta el momento estas dos querellas no se presentaron a las cinco jornadas por Zoom que lleva la audiencia en la que se debate la posible nulidad de la causa, a raíz de las visitas al entonces presidente Mauricio Macri por parte de dos de los jueces que la reabrieron en diciembre de 2016, los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky
Al finalizar la audiencia del miércoles último y tras un cuarto intermedio que se anunció para revisar la grabación y se extendió por más de 40 minutos, los magistrados anunciaron su decisión de incorporar en esta instancia del debate los planteos de inexistencia de delito.
Los jueces aludieron a razones de «economía procesal» después de escuchar a las defensas repetir que «no hubo delito» y fundamentar al respecto, al reclamar sobreseimientos para todos los imputados.
Además de dar sus razones de manera oral, algunos abogados presentaron escritos vinculados a este eje de la cuestión, antes y durante el desarrollo de la audiencia que comenzó el 16 de julio último con la exposición de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ante esto, la causa en la que fue enviada a juicio junto a parte del que fue su gabinete podría ser cerrada por dos motivos: la nulidad generada a raíz de la conducta de los camaristas Borinsky y Hornos y la consiguiente violación de la garantía constitucional de juez natural e independencia judicial o por inexistencia de delito.
En la causa están procesados además los actuales procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el ministro de Desarrollo de la comunidad bonaerense, Andrés Larroque; y el senador Oscar Parrilli y el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, entre otros.
La denuncia de Nisman por supuesto «encubrimiento agravado» a raíz del tratado firmado en 2013 y que, según sostuvo, habría buscado el cese de las alertas rojas de captura internacional contra ciudadanos iraníes acusados por el ataque del 18 de julio de 1994, fue cerrada por «inexistencia de delito» en febrero de 2015 por el juez federal Daniel Rafecas.
En ese momento, el magistrado de primera instancia argumentó que » el presunto delito nunca se cometió».
Rafecas sostuvo que las evidencias «inhiben el inicio de un proceso penal» al descartar los delitos de «encubrimiento» y/o «entorpecimiento de la investigación» del atentado que causó 85 muertos en Pasteur 633.
Esa decisión del juez de primera instancia fue confirmada después por la Cámara Federal porteña y en mayo de 2016 por Casación, porque el fiscal ante esa instancia, Javier De Luca, no mantuvo la apelación y también evaluó que «no hubo delito»
Sin embargo, el 29 de diciembre de 2019, el máximo tribunal penal federal del país con los votos de Borinsky, Hornos y Ana María Figueroa reabrió la causa tras analizar la supuesta aparición de nueva prueba.
De esta manera la denuncia de Nisman quedó reabierta, Rafecas fue apartado y quedó unificada con otra que llevaba el fallecido juez Claudio Bonadio por supuesta «traición a la Patria«, un delito que luego quedó descartado.
