2 agosto, 2022
Desde su rol de «superministro», Sergio Massa propone nuevas autoridades al frente del área de Minería. Las extracciones de litio que iniciarán en los próximos meses y las perspectivas de nuevos proyectos en municipios del país que cuenten con licencia social y perspectivas cocretas. En Chubut, la asunción del tigrense reactivaría la discusión por los proyectos que sí quiere concretar parte de los habitantes de la Meseta.
La minería está entre las actividades que acumularán más fichas en esta gestión de Sergio Massa como «superministro» de las carteras integradas de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Tras una reunión reciente con Daniel Scioli, el funcionario habló de «movilizar todas las energías productivas del país y en que el mundo demanda lo que Argentina tiene» y mencionó al litio como una de las prioridades en la nueva agenda extractivista que impulsará el Gobierno. Parte de todo esto lo fue macerando en reuniones recientes con los gobernadores del Norte Grande cuando presidía Diputados.
A tono con esto, prepara cambios en la estructura de la Secretaría de Minería y apura la evolución de proyectos en la Puna.
Concretamente afirman que el líder del Frente Renovador evalúa darle salida a Fernanda Ávila de la titularidad de la dependencia minera y negocia para colocar en su lugar a Flavia Royón, una ingeniera industrial que hoy se desempeña como secretaria de Minería y Energía en la provincia de Salta. En ese territorio el cambio de «figuritas» es interpretado como un gesto de respaldo a las explotaciones en marcha y por venir en detrimento de Catamarca, distrito del que proviene Ávila.
Según fuentes ligadas a la actividad, en el Gobierno no cayó nada bien la subfacturación efectuada en esa provincia por la estadounidense Livent, compañía que en Catamarca opera el proyecto de litio Fénix.
Se estima que la firma generó un perjuicio a esa provincia del orden de los 8 millones de dólares. La Gobernación se mantuvo en silencio ante las irregularidades confirmadas por la Dirección General de Aduana (DGA).
Salta puede resultar clave para las arcas oficiales en tanto hoy acumula 17 de los casi 40 emprendimientos de litio que presentan algún grado de evolución en la Argentina. En esa provincia el área de Minería reconoce hasta 800 catastros de zonas en las que se ha constatado la presencia de concentraciones del mineral.
Se estima que a principios de 2024 la francesa Eramet pondrá en marcha su proyecto emplazado sobre el salar Centenario Ratones, mientras que al año siguiente entrarían en operaciones las iniciativas Mariana, potestad de la empresa china Ganfeng Lithium, y Sal de Oro, bajo control de la surcoreana Posco.
Ambas compañías han prometido al oficialismo inversiones del orden de los 600 y 830 millones de dólares, respectivamente. Hoy por hoy, en la Argentina se encuentran operativos los yacimientos de Salar de Olaroz –en la provincia de Jujuy, a cargo de la australiana Orocobre– y Fénix, propiedad de la polémica Livent, en suelo catamarqueño.
A la par de estos emprendimientos confirmados para Salta, el año próximo entraría en fase de extracción la iniciativa Cauchari Olaroz –Minera Exar, participada por la canadiense Lithium Americas y la china Ganfeng– en territorio jujeño. El yacimiento alcanzará un tope de producción de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
En Catamarca, mientras tanto, dan por hecho que en 2024 habrá extracción de litio en el proyecto de Tres Quebradas, propiedad de Liex, una subsidiaria de la china Zijin. Allí el ritmo extractivista será de 20.000 toneladas del mineral.
Sal de Oro, en tanto, contemplará una producción de 25.000 toneladas anuales de hidróxido de litio. En el mismo distrito se viene desarrollando el proyecto Kachi, con una explotación que podría superar las 25.000 toneladas anuales. En Catamarca dan por descontado que la mina iniciará operaciones en el transcurso de 2024.
Por el lado de Salta, Centenario Ratones ostentará un ritmo de explotación de 24.000 toneladas anuales. En ese distrito también se encuentran muy avanzadas las obras del proyecto Puna Mining, con fecha de inicio de la extracción establecida para el año próximo. Su tope de producción alcanzará las 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
En todo el país la necesidad económica y financiera está removiendo viejas dicotomías sobre producción y ambiente a la luz de las necesidades laborales de las poblaciones. «De que sirve tener el oro bajo tierra si nos estamos muriendo pobres», reflexionaba un habitante de una provincia que han espera por licencia social para explotar recursos.
Pero las cosas están cambiando en varios lugares, afirma Ámbito Financiero en un reporte de la semana pasada. En los últimos días, la escalada dejó como resultado su primera baja política en torno a un conflicto entre Provincia y Municipio por la actividad minera. En concreto, el secretario de Minería de La Rioja, Herman Hunicken, renunció a su cargo en medio de presiones por el desarrollo de la actividad minera en la provincia. Y, aunque adujo que se trató de temas personales, fue difícil no vincular su decisión con el hecho que recientemente volvió a tomar trascendencia el sector minero debido a que un intendente reclamó que habilitaran la minería en su departamento, y los asambleístas salieran a cruzarlo.
Hunicken renunció en medio de presiones de los intendentes para que se habilite la explotación minera en la provincia de La Rioja. El tema volvió a ponerse en discusión cuando el jefe comunal de Felipe Varela, Yamil Sarruff, le pidió al gobernador Ricardo Quintela que lo autorice a desarrollar la minería en ese distrito. “Hay licencia social y seremos muy respetuosos del ambiente”, dijo.
Inmediatamente, desde la asamblea “Taku por el Ambiente del Valle del Bermejo” salieron al cruce advirtiendo que “no hay licencia social porque no hubo una audiencia pública, no se hizo una consulta popular”.
Licencia social. Dos palabras que son claves para entender desde qué lugar se paran aquellos intendentes que buscan plantarse de manos ante los gobiernos provinciales en pos de poder explotar la minería local sin los impedimentos jurisdiccionales que hoy, aseguran, limita su capacidad de crecimiento económico.
Autonomía municipal, las otras dos palabras que también ponen en evidencia los intendentes para poder avanzar en algo que, según su parecer, cuenta con el aval social y, por cuestiones de la propia carta magna provincial, bien podrían llevar adelante dada su libertad para tomar decisiones desde el ámbito comunal.
Pero no todo es tan fácil. Sarruf aseguró que “en el departamento tenemos empleados municipales de planta y cerca de 917 familias que contenemos, se hace difícil porque ya no podemos contener más gente. Creemos que la única salida es que se pueda activar el tema de la minería. En nuestro departamento hay licencia social sobre la minería”.
Sin embargo, cabe recordar que por medio del Decreto Nº 017, el gobernador Ricardo Quintela determinó que “será la autoridad provincial autorizada para otorgar mediante vista previa, eficacia jurídica a la resolución definitiva emanada de la autoridad de aplicación, en el caso de otorgamiento de permisos, concesiones mineras, ampliación y mejoras de pertenencias, autorización de cesiones de derechos mineros, como así también (sic) declare la caducidad o nulidad de permisos y concesiones”. La medida había sido anunciada por el mandatario en enero, en medio de las protestas antimineras con bloqueos selectivos en el departamento.
Sarruf, a su vez, aclaró: “Siempre respetando también los espacios antimineros, pero siempre tenemos que hablar con fundamentos y refutar cuando hablamos de impacto ambiental. Veo que ninguna empresa minera saca un crédito si después va a tener un impacto ambiental negativo, el Gobierno nacional o provincial le van a cobrar el desastre ecológico”.
De esta forma, el intendente consideró que es necesario apuntar al desarrollo de la minería: “Es importante para nuestro departamento que pueda haber minería así la gente nuestra puede tener un mejor sueldo. Cuando ingresa ese dinero no sólo lo gana el empleado minero, se reactiva la economía”.
El jefe comunal de Malargüe (Mendoza), Juan Ojeda, tiene también la firme intención de dar a conocer en los próximos días un proyecto que tiene como fin habilitar la minería metalífera en el departamento sur.
No se trata de una parada fácil. Ojeda viene con el antecedente directo del fracaso en la modificación de la ley 7722 a finales de 2019. Es por eso que ahora modificó el discurso y tomó la decisión de apalancarse en la autonomía municipal para que sea cada distrito quien pueda tomar sus decisiones “respetando y cuidando el ambiente”.
Como parte de ese armado, el intendente planea convertir la Dirección de Minería y “ascenderla” a Secretaría. Eso sí, no sin antes dar el paso indicado: elevar Ambiente a la categoría de Ministerio.
Los cambios están presentes en el texto, que por ahora está en una fase de revisión legal y técnica bajo la mirada de un equipo de abogados. Las modificaciones permitirían mayor cercanía geográfica para los organismos de control. Ese punto es parte de una serie de propuestas en torno a la revisión del impacto que pueda tener la actividad, y va en concordancia con distintos pedidos que se vienen haciendo desde que se busca reimpulsarla.
Si bien el gobernador Rodolfo Suarez manifestó que no insistirá en tratar de flexibilizar la 7722, en Mendoza se esperan algunas movilizaciones para salir nuevamente a las calles a defender la vigencia de la ley tal como se aprobó en 2006, durante la gestión de Julio Cobos.
La postura de Ojeda es firme: “El presidente (de la Nación, Alberto Fernández) no quiere hacer Portezuelo del Viento, no quieren El Azufre, no tenemos gasoducto, no podemos hacer nada con el río más caudaloso que corre por Mendoza ni sabemos si algún día podremos hacer alguna obra de infraestructura. Nosotros reclamaremos poder hacer minería en Malargüe. Los otros departamentos que tomen su decisión”, dijo semanas atrás.
Y agregó: “Tendremos que buscar acompañamiento político, la movilización del pueblo y si tenemos que convocar a una rebelión lo haremos, porque no podemos vivir más así. Es una cosa rara lo que pasa en Malargüe. Si realmente amamos a Mendoza y a Malargüe, lo vamos a lograr”.
Aquello que Ojeda no imaginó es que quién saldría a cruzarlo. Nada más y nada menos que un intendente del mismo color político que él: en este caso, Rolando Scanio, a cargo de la cercana San Carlos. “Esta ley prevé el cuidado del agua y sería contradictorio en este momento, en el que por la pandemia necesitamos más que nunca del agua para los cuidados contra el coronavirus, que se avance con algún proyecto que vaya a contaminarla”.
Otras épocas. En 2019 Sergio Massa afirmaba en declaraciones radiales en Esquel que el litio debía salir con valor agregado del país. Hoy ante la crisis que asume la generación de dólares lo obliga a poner fichas en la minería del litio a granel
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció en diciembre pasado la derogación de la ley de zonificación minera sancionada entre gallos y medianoche por la Legislatura provincial, lo que generó protestas y violentos incidentes de organizaciones ambientalistas y vecinos. En ese marco el Gobernador anticipó la convocatoria a un plebiscito “para escuchar a todas las voces del pueblo” en este tema. En concreto, la zonificación minera solo duró 5 días. Lo suficiente para una ganancia exponencial de acciones de la empresa.
Pero el plebiscito fue un modo de salir de la situación. Ese proceso de «diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra”, como anticipó Arcioni, núnca se dió. No hubo plebiscito. Y por cuestiones políticas, el tema se corrió de eje, hasta incluso afirmar que el de la minería era «un tema cerrado» en su gestión.
Todo esto provocó que los intendentes de Telsen, Leonardo Bowman; de Gastre, Genaro Pérez; y de Gan Gan, Santiago Huisca, emitieran un comunicado conjunto en el que pidieron que se respete la voluntad de los vecinos de la Meseta Central que los votaron en el marco del apoyo a la ley de zonificación minera en la región.
“Cuando nos propusimos como candidatos a jefes comunales de cada una de nuestras localidades fuimos claros en nuestro diagnóstico y en nuestra propuesta: la Meseta Central requería la habilitación de la actividad minera”, agregaron Bowman, Pérez y Huisca. “Esta habilitación permitirá a la región salir de su ostracismo y brindará trabajo y seguridad a nuestra gente. Los vecinos nos acompañaron con la sana expectativa de hacer de la región una zona más habitable para ellos y para sus hijos”, sumaron.
Y para cerrar, dijeron que “luego de mucho esfuerzo” lograron “que la Legislatura del Chubut, por primera vez en su historia, tome en cuenta a la Meseta Central como sujeto de derechos, estableciendo un Plan de Desarrollo que garantiza el cuidado de nuestro ambiente y propicia el trabajo privilegiando la mano de obra local”.
Pero todo cambió. Y tal como se presenta el desconcierto político provincial, es probable que por largo tiempo, por lo menos hasta después de 2023 el tema no vuelva a dicusión. Sin embargo hay grupos económicos de peso cercanos a Massa y Arcioni que ya ven con expectativa la asunción del tigrense en el superministerio nacional.
