24 agosto, 2020
A 48 años de la Masacre de Trelew, organismos de derechos humanos reclamaron este fin de semana que avance el proceso de extradición de uno de los represores que estuvo al frente del fusilamiento de 16 militantes políticos que estaban detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Chubut.
Se trata del exteniente de la Marina Roberto Guillermo Bravo, quien se encuentra en la ciudad estadounidense de Miami a la espera de que se defina su extradición.
Al respecto, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmaron que siguen «con mucha atención el nuevo proceso de extradición» del fusilador, «que está a la espera de que el juez interviniente, Edwin Torres, emita su sentencia».
«En marzo de este año el fiscal de distrito de Miami, Jason Wu, se pronunció a favor de la extradición. En su memorial, el fiscal descartó que se haya tratado de la represión de una fuga, consideró que fueron ejecuciones extrajudiciales y que, como tales, no pueden considerarse una excepción al tratado de extradición entre Estados Unidos y la Argentina», recordó el organismo.
Y añadió que el fiscal norteamericano «también destacó que los familiares de las víctimas de la masacre de Trelew esperaron la mitad de su vida por justicia y que Bravo evadió a la Justicia por todo ese tiempo».
«Estados Unidos no es un refugio seguro para los acusados legalmente de asesinato en masa en el extranjero, y esta Corte no debe proteger a Bravo de responder a sus acusadores por más tiempo», subrayó el fiscal Wu en aquella decisión que aún no fue materializada por el juez.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, 16 presos políticos detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron asesinados por integrantes de la Armada Argentina.
Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho fueron las víctimas.
En tanto, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar también fueron fusilados, pero lograron sobrevivir y pudieron dar su testimonio sobre los hechos y sus responsables: sin embargo, la represión los desapareció durante la última dictadura militar.
Todos eran militantes de las organizaciones político- militares FAR, ERP, Montoneros, que habían logrado fugarse de la unidad penitenciaria de Rawson y que, ante la imposibilidad de escapar del país, se entregaron a las Fuerzas Armadas.
En 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia consideró un delito de lesa humanidad la Masacre de Trelew y en un histórico juicio oral y público en el Cine Teatro de Rawson (a pocas cuadras de la Unidad 6), condenó a cadena perpetua a los exmarinos Luis Sosa (uno de los mayores responsables, fallecido en julio de 2016 a los 80 años), Emilio Del Real, Carlos Marandino, Horacio Mayorga y Roberto Paccagnini.
Queda por juzgar al exteniente Roberto Bravo por el que reclaman ahora las organizaciones de DDHH, quien fue detenido el año pasado en su mansión de Miami por Interpol, pero pagó 5 millones de dólares de fianza y espera la decisión del gobierno de Estados Unidos respecto a la extradición que pidió el gobierno argentino, y que pese a los pronunciamientos, aún no se concreta.
