2 abril, 2022
El histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas constituye el punto más sensible y permanente de la política exterior argentina. La guerra no alteró la naturaleza de la controversia.
El histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas que son parte de su plataforma continental y se encuentran a 600 kilómetros de sus costas contra los 10 mil del Reino Unido, no solo posee una profunda dimensión simbólica que tiene para el conjunto de los argentinos, sino también por la importancia geopolítica, económica y estratégica del archipiélago que el Reino Unido usurpa desde 1833.
El Gobierno británico no accede a negociar pese al mandato de la ONU. Más de 134 países apoyan la causa. Estados Unidos, a favor de las negociaciones pero sin un pronunciamiento sobre la soberanía. Gran Bretaña argumentaría su negativa a sentarse a negociar por considerar que ‘ganó la guerra’ y ‘ganó el referendum’ donde los isleños eligieron nacionalidad.
La apelación a una resolución pacífica y diplomática a la disputa se configuró como una de las irrenunciables políticas de Estado desde la restauración democrática de 1983.
La guerra, aunque considerada un retroceso en térmnos diplomáticos, no alteró la naturaleza de la controversia por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que continuó pendiente de negociación y solución.
Así lo estableció en septiembre de 1982 la Asamblea General de la ONU mediante la resolución 37/9, que reafirmó las resoluciones precedentes sobre el tema y solicitó a Buenos Aires y Londres reanudar las negociaciones para encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa.
Comité de Descolonización de la ONU/ Foto archivo: ONU/Evan Schneider
En octubre pasado la Argentina reafirmó su soberanía sobre las Islas ante la Comisión de Política Especial y Descolonización de la ONU e instó al Reino Unido a iniciar las negociaciones “para encontrar una solución pacífica y definitiva”.
El principal apoyo a la causa argentina hoy está en América Latina, a través del Mercosur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Sistema de la Integración Centroamericano (SICA), así como de México y Ecuador.
En noviembre de 2020, los 134 países que integran el G-77 + China en la ONU aprobaron una declaración en la que apoyaron la posición de Argentina sobre Malvinas, reafirmando los derechos soberanos sobre los recursos naturales de la zona y el derecho a emprender acciones judiciales en su defensa.
El titular de la Secretaría de Malvinas -creada en 2013 bajo la órbita de la Cancillería-, Guillermo Carmona, explicó que “La reticencia británica para sentarse en la mesa de negociaciones ha intentado fundarse o encontrar algún justificativo que de ninguna manera lo tiene, en el hecho de que ellos se impusieron en una guerra. La guerra no da títulos internacionales. Y eso lo dijo con mucha claridad la Asamblea de las Naciones Unidas en 1982, con la resolución 379, en donde quedó manifiesto que la situación de la guerra no había modificado el status de disputa de soberanía”.
En efecto, en septiembre de 1982 la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución 37/9, reafirmó las resoluciones precedentes sobre el tema y solicitó a la Argentina y el Reino Unido que reanudasen las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía, reiterando la necesidad de que los dos gobiernos tuviesen en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas.
Ya entonces, la Asamblea General encomendó al secretario general una renovada misión de buenos oficios para acercar a las partes. Este mandato continúa vigente y fue renovado por la Asamblea General y su Comité Especial de Descolonización.
Incumpliendo ese espíritu de diálogo, los británicos fueron extendiendo de manera unilateral su usurpación sobre los espacios marinos circundantes a las Malvinas de manera histórica. En concreto, entre 1987 y 1993, decidieron ampliar la supuesta “zona económica exclusiva” en torno de las islas hasta un total de 551.000 km².
Por su parte, la administración isleña comenzó a otorgar licencias de pesca en esas aguas. Se estima que esos ingresos representan actualmente el 40% del PBI de las islas. Según análisis de expertos, debido a la extracción recursos pesqueros en aguas circundantes a Malvinas, Argentina habría perdido entre 63.000 y 148.000 millones de dólares en las últimas cuatro décadas, a un promedio de 200.000 toneladas anuales.
En vista de esa situación y del incumplimiento de los compromisos por parte de los británicos, en marzo de 2007 el gobierno de Néstor Kirchner comunicó a Londres la decisión del gobierno argentino de dar por terminado el acuerdo de 1995 en materia de actividades en el Atlántico sudoccidental.
Reino Unido realizó diversos actos unilaterales, como por ejemplo, el establecimiento de una base militar en Mount Pleasant, que comenzó a operar en 1986. (Archivo DEF)
La situación se vio agravada con la llegada, en febrero de 2010, de la plataforma “Ocean Guardian” para realizar prospecciones en busca de petróleo a 100 km al norte de las islas Malvinas. El gobierno argentino acusó a los británicos por la “expoliación de los recursos naturales no renovables de nuestro país”. En esa misma línea, el Congreso aprobó una ley que sanciona a las compañías petroleras extranjeras que cuenten con concesiones en aguas adyacentes a las islas.
En marzo de 2013, mientras tanto, el gobierno isleño convocó a un referéndum, rechazado por Argentina, en el que, según datos difundidos por la administración kelper, el 99,8% se pronunció a favor de mantener al territorio bajo la soberanía británica. La Cancillería argentina rechazó el carácter de esa consulta a la luz del Derecho Internacional y señaló que “el Reino Unido carece de derecho alguno a pretender alterar el estatuto jurídico de esos territorios, aún con el disfraz de un hipotético referendo”.
Ya en democracia la Cuestión Malvinas estuvo atravesada por una política exterior pendular, entre gobiernos más proclives a un alineamiento automático con EE.UU y potencias europeas y aquellos gobiernos que fundan su integración al mundo desde posturas latinoamericanistas.
Mientras unos optaron por establecer una serie de entendimientos sobre asuntos «prácticos», relegando el reclamo a un mediano o largo plazo; otros lo ubicaron como eje central en cualquier tipo de negociación con Londres.
Raúl Alfonsín retomó la histórica reivindicación por las vías diplomáticas, y de la mano de su canciller Dante Caputo, volvió a recurrir a la ONU.
Caputo logró además sumar votos contra el colonialismo británico, por ejemplo, desde el grupo de los llamados Países No Alineados, en medio de una Guerra Fría todavía vigente entre EE.UU y sus aliados y la Unión Soviética y sus satélites.
El gobierno radical fracasó en su intención de restablecer las relaciones bilaterales con el Reino Unido, incluyendo en la agenda reiniciar las negociaciones por Malvinas, algo que fue rechazado por Londres, pero logró mantener con éxito la vigencia jurídica de la disputa.
La llegada de Carlos Menem a la Casa Rosada (1989-1999), en el contexto del fin de la guerra fría y el auge global del Consenso de Washington y el neoliberalismo, inició una nueva etapa de la política exterior, ensayando en la Cuestión Malvinas un «política de acercamiento» con Reino Unido, con eje en la cooperación.
Fueron tiempos de «relaciones carnales» con EE.UU y de una política «amigable» con Gran Bretaña, que tuvo su expresión más extrema en los ositos Winnie Pooh con los que el entonces canciller Guido Di Tella intentó «seducir» a los habitantes británicos implantados en las islas, que Londres siempre utilizó como excusa para no avanzar en el diálogo.
Con todo, en 1994, la Convención Constituyente puso en la letra de la ley suprema argentina el reclamo por las islas y que éstas debían ser recuperadas de modo pacífico.
El restablecimiento de relaciones bilaterales se producirá a través de los Acuerdos de Madrid en 1989 y 1990 bajo fórmula del paraguas de soberanía.
El gobierno de Menem firmó con Reino Unido 47 entendimientos sobre una multiplicidad de temas, 17 de ellos vinculados a Malvinas, y particularmente con cuestiones económicas que fueron especialmente problemáticas desde un inicio.
Se creó la Comisión de Pesca del Atlántico Sur para la Conservación de Recursos Pesqueros. Sin embargo, Londres promovió acciones unilaterales tanto en esa materia como en explotación hidrocarburífera, lo que derivó en el incumplimiento de normas del derecho internacional y de la resolución 31/49 de la ONU, que prohíbe innovar en el área en disputa.
En el gobierno de Carlos Menem se empezó a negociar por ítems, y ya no desde el reclamo soberano. Otra variante respecto del tradicional enfoque fue la aparición de los isleños jugando como tercer actor en la disputa: esa fue la base de la política de seducción encarada por el entonces canciller Guido Di Tella. (Foto AFP)
Se estableció luego el «Acuerdo de Comunicaciones», que implicó un vuelo entre las Malvinas y Punta Arenas, con una escala en Río Gallegos, que habilitó nuevamente, bajo la firma de pasaportes (y bajo fórmula de soberanía), el movimiento de pasajeros entre las Islas y el continente.
La etapa iniciada en 1989 continuará hasta el 2003 con los gobiernos de Fernando De la Rúa y el de Eduardo Duhalde, en los que el acercamiento al Reino Unido sigue estructurando la relación bilateral.
Sin embargo, en 2000, a partir de las acciones unilaterales británicas, Argentina dejó de participar en la Comisión de Hidrocarburos. En tanto, el gobierno de Duhalde, sumergido en la profunda crisis argentina del año 2001, no realizó sustantivas modificaciones en la agenda Malvinas.
Con la asunción de Néstor Kirchner (2003-2007) comenzó una nueva etapa en la política exterior y, dentro de esta, de la Cuestión Malvinas, que tuvo su continuidad bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
En un escenario internacional marcado por una mayor multipolaridad y al compás del surgimiento de organismos regionales (Unasur en 2008 y la Celac en 2011), Argentina llevó adelante una política exterior definida como una «política de firmeza».
El entonces canciller Jorge Taiana entendió que los acuerdos provisorios lejos de acercar a las partes a la mesa de negociación, tendían a crear una cierta consolidación del status quo y un paulatino fortalecimiento de la posición británica.
Bajo esa premisa, la firmeza del nuevo gobierno se tradujo en la revisión de los entendimientos que favorecían la posición británica en el Atlántico Sur.
En 2003, Argentina dejó de autorizar los vuelos chárter, que se analizaban caso por caso, de forma excepcional, ya que no formaban parte del acuerdo de 1999 y propuso la constitución de un nuevo acuerdo, sobre un segundo vuelo, entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino, a través de la aerolínea de bandera.
En 2005, en relación a los recursos pesqueros, Argentina envió 15 notas de protesta al Reino Unido, a la vez, que propuso una agenda de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, que puso de manifiesto la relación que había entre la conservación de los recursos pesqueros con la irresuelta cuestión de fondo: la soberanía del archipiélago.
Reino Unido rechazó ese proyecto y continuó con acciones unilaterales, por lo que la Argentina dejó de participar en dicha comisión y, en 2007, dio por finalizado el entendimiento de hidrocarburos de 1995.
Entre 2003 y 2015 la intención argentina de sentar a Londres a una mesa de negociación obtuvo el apoyo de la ONU, la OEA y otros foros internacionales y regionales como el G77 + China, Unasur, el Mercosur y la Celac (que incluye a los países del Caribe que son parte del Commonwealth).
La llegada de Alberto Fernández a la Presidencia en 2019 significó el retorno de una política exterior multipolar que vuelve a tener a la Cuestión Malvinas como un eje central de su agenda.
La nueva administración reflotó la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y buscó y consiguió renovados apoyos al reclamo argentino en foros y organismos internacionales y regionales.
También propuso y logró que el Congreso Nacional convirtiese en Ley tres proyectos tendientes a resguardar a Malvinas como política de Estado: la constitución del Consejo Malvinas, la ratificación de los límites de la plataforma continental y una norma vinculada a la defensa de los recursos pesqueros.
