8 abril, 2022
De esta manera, le reclamó al máximo tribunal extender el plazo mediante una acordada o en tal caso asumir las consecuencias de una parálisis del organismo que selecciona y remueve jueces, en el inicio de un conflicto de poderes que se suma a las preocupaciones del Gobierno.
«Quedan cuatro días. El tiempo es muy escaso para darle en Diputados un tratamiento responsable a un tema de tanto calibre», tuiteó Martínez, minutos después de la aprobación de la ley en el Senado, que eleva la integración de la Magistratura de 13 a 17 pero mantiene afuera a la Corte Suprema.
Pero no la hay: este jueves, Graciela Camaño, del interbloque federal, le dijo al diario Clarín que votaría en contra, luego de haber afirmado que no descartaba acompañar si el presidente de la Corte integraba el Consejo pero no lo presidía.
El texto aprobado en el Senado deja abierta esa posibilidad, porque incluye a 4 representantes de «todas las instancias» de la justicia.
«El problema es que la Corte no quiere someterse a un proceso electoral. Además, presidir siempre la Magistratura le garantiza la administración del presupuesto de la justicia», explicó a LPO un senador oficialista que trabajó la ley.
En diciembre, la Corte emitió un fallo que declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura vigente desde 2006, por no tener equilibrio entre los políticos que la integran y los estamentos, que son jueces, abogados y académicos.
Otorgó 120 días al Congreso para sancionar otra ley y si no se cumple, como anticipó Martínez, el fallo solicita que vuelva la integración de 2006, con 20 miembros.
Completarla no será fácil. Los abogados y jueces aceleran por estos días sus elecciones, pero Cristina Kirchner y Sergio Massa deben tramitar un consejero por Cámara, respetando las proporciones.
En la oposición no los imaginan cumpliendo ese trámite, lo que paralizaría de hecho la Magistratura e impediría nombrar un juez o iniciar un juicio político. «En un mes vamos a estar acusándolos de detener el organismo», sostuvo ante LPO un líder de Cambiemos.
Tiene el dato de que en los próximos días habrá un último intento del Gobierno para aprobar decenas de concursos pendientes de jueces afines. Si esa es la estrategia, una prórroga de la Corte sería funcional.
En el oficialismo ya se sienten en guerra con la Corte. «Quiero saber si Rosatti se va a animar a sentarse de prepo el 16 de abril en el Consejo de la Magistratura y presidirlo», planteó ante LPO un referente del Frente de Todos en Diputados.
En el Senado había otra duda: ¿Los jueces removidos en los últimos 15 años le harán juicio al Estado y pedirán su reincorporación?. Muchos creen que estarían en su derecho.
