19 abril, 2021
Por Trivia Demir
La depuración de la política chubutense está claro que está lejos de terminar, y seguramente será tema de reflexión profunda de una ciudadanía que no termina nunca de elegir bien entre las escuálidas propuestas electorales que aparecen, y mucho menos de ejercer su derecho a auditar a cada gestión, a través del involucramiento activo, y sobre todo de la exigencia de publicación efectiva de la información y documentación de áreas públicas.
Por hecho, Lotería hace años que no publica sus balances como todas las numerosas empresas del Estado que terminan siendo cotos políticos. Y si lo hace, no los facilita a la opinión pública y mucho menos a los medios de prensa, siendo que se trata de una industria del juego oficial, supuestamente con sentido social de recaudación e inversión, que ameritaría por el caudal de recaudación y de necesidades existentes, una muy buena auditoría social.
No es extraño entonces que aparezcan sorpresas tales como que algún funcionario de alto rango se llevó hasta la tabla de planchar. Y no sólo una vez, sino de manera histórica y recurrente, se ciernen no sólo sospechas sobre este oscuro ‘instituto’ del azar, sino que llueven causas nunca del todo bien resueltas para el gusto popular y devolución de lo mal habido .
Esta semana, como corresponde a un año preelectoral donde se agilizan mecanismos de acción, saltó una nueva causa sobre el expresidente de Lotería del Chubut, Carlos Barbato. El funcionario en cuestión empezó a trabajar en el Estado en 2003 y afirman que amasó una fortuna entre las que se contaría una mansión valuada en unos $25 millones, vehículos de alta gama, propiedades en Puerto Madryn y viajes en primera clase para él y su mujer. Los fiscales ahora lo acusan de enriquecimiento ilícito, piden que vaya a juicio y que se le decomisen todos los bienes.
Un tema que sensibilizó sobremanera a la comunidad en el marco de una emergencia sanitaria que redimensiona el rol y las arcas del Estado, y que criticó amargamente la noticia por emisoras radiales y redes sociales desde que se anunció la investigación.
Ahora en eso andan los diligentes fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams quienes directamente acusaron a Barbato por “enriquecimiento ilícito”. En el escrito, que se presentó la semana pasada en Tribunales, piden que el caso se eleve a juicio y que en caso de recaer condena, se le decomisen todos los bienes para que vuelvan al Estado.
Barbato, de 54 años, ingresó al Estado durante la gestión dasnevista y en su declaración jurada, indicó que poseía un Fiat Palio y un Ford Falcón modelo ´80. Entre los cargos que desempeñó, fue Gerente de Lotería, ocupó cargo en la Coordinación de Gabinete y fue asesor en la Legislatura. Desde 20015 estuvo en el IAS hasta 2019, que renunció en el marco de causa por violencia de género en la que fue condenado.
La acusación de los fiscales detalla minuciosamente las compras que realizaron Barbato y su ex mujer, Érica Perrone, en bienes y propiedades en los últimos años, entre los cuales también pusieron a nombre de su chofer Adrián Quinteros y su padre, Carlos Barbato. “Excedió sus posibilidades económicas acorde a sus ingresos legítimos. Tuvo un incremento patrimonial de 12 millones”, sostuvo el acusador en base a los peritajes contables.
La acusación contra Barbato, Érica Perrone, Adrián Quinteros y Carlos Barbato (padre) es por “enriquecimiento ilícito”, previsto con prisión de dos a seis años, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua.
De acuerdo al relevamiento judicial, los acusados compraron un lote por $230 mil, un cuadriciclo por $190 mil, un automóvil Ford Mondeo por $540 mil y un Ford Fiesta por $300 mil. “Durante ese año percibió un sueldo de $76 mil, y compró por 1.250.000 pesos”, indicó Rodríguez y sostuvo que “los números no le cierran”.
En su acusación, indican que “en 2017 compró un lote por $200 mil en Playa Unión de 300 metros cuadrados, una camioneta Ford Kuga por $786 mil y también adquirió un BMW 418 X1 y una camioneta Chevrolet S10 por $545 mil. “El promedio de sueldo durante ese año era de $89 mil pesos y adquirió bienes por $1,5 millones”.
En el año 2017 comenzaron la construcción de una mansión de 200 metros cuadrados en Playa Unión. “La tasación actual es por $25 millones”, sostuvo Rodríguez. Y ejemplificó que “solamente en VS Deco pagó $1.144 millones por artículos de decoración”.
En 2019 adquiere un UTV Artic Cat 750 cc por $450 mil en efectivo y una camioneta S10 por $566 mil; a la vez que Érica Perrone compra una camioneta Nissan Murano por $590 mil.
Otro de los hechos por lo que acusan a Barbato está vinculado a un automóvil Audi A1, que, según la acusación, Barbato puso a nombre de su chofer. En 2019, cuando manejaba su hijo, lo chocó y sufrió destrucción total del rodado. El seguro por la destrucción total lo cobró Érica Perrone.
Así las cosas, la causa parece ser una de las más resonantes que se dirimirá durante 2021 en Chubut, una provincia que no da tregua a la justicia por los numerosos casos de corrupción institucional evidenciados.
Al final de cuentas uno se pregunta ¿qué cara les queda a todos aquellos que alguna vez se gastaron lo que no tenían en ‘un cartón’ a la espera que la barita del azar los favorezca con el premio mayor, pero perdieron? Un espejo duro pero que debería permitirnos ver la dimensión de las estafas, cuando provienen de los administradores públicos de turno.
Porque la cuestión en todo esto debería servir -además de obtener la condena individual si les cupiera-. para revisar la ‘institucionalidad’ y el des-funcionamiento de las estructuras del Estado, además de analizar la cadena de responsabilidad que pudieron haber existido. Posiblemente porque el enriquecimiento de unos pocos, permitió el vaciamiento de las arcas públicas y la indigencia que hoy padecen no sólo empleados estatales, sino por transitividad toda la ciudadanía, debido al descalabro de la estructura económica y financiera provincial que implicó el ‘robo para la corona’ de cada gestión.
De hecho, el enriquecimiento de Barbato y vaya a saber cuantos más en la cadena de presuntos desvíos, repercutió en prácticamente el quiebre del IAS. En agosto de 2020 los propios empleados plantaron bandera ante la crisis del organismo y la deuda salarial y de servicios que arrastraba, que se estimaba superior a los $400 millones.
En esa debacle, Carlos Barbato cumplió el rol de ‘presidente’ de Lotería del Chubut, no de gerente como erróneamente se lo señala en algunas crónicas. Eso probablemente agrava su responsabilidad respecto a las presuntas excedidas atribuciones y desvío de fondos, pero también abre interrogantes respecto a lo que le compitió a la cúpula del organismo, donde según el organigrama de aquel entonces, existía una amplia estructura vinculada que debería haber percibido o alertado algo de todo este despilfarro personalísimo.
Como repaso, el segundo en cuestión (o primero en términos políticos) era nada menos que Federico Gastón Verdeau, el yerno del finado gobernador Mario Das Neves. El gerente de Asuntos Legales, era el doctor Martín Manuel Saavedra y la gerente de Contabilidad y Finanzas, era la Contadora Pública Soledad Marío Onofre. En todos estos casos, la sorpresa por la causa de enriquecimiento ilícito que se le abre a Barbato seguramente deberá ser mucho más conmocionante que para el vecino de a pie, por el grado de involucramiento que los alcanza en el marco de las responsabilidades que desarrollaban respecto a la guarda de la gestión y los dineros públicos.
A la par, cuando Das Neves da uno de sus más enfáticos discursos en ‘defensa’ de la gestión de Barbato en Lotería, allá por marzo de 2017 durante la apertura del período Legislativo, habló de todo lo que se había logrado pagar merced a la buena administración, enunciando que cuando recibieron el IAS del gobierno de Martín Buzzi se arrastraba una deuda superior a los $200 millones. En ese momento, quien estaba sentado a su diestra era el vicegobernador y presidente de la Casa de las Leyes, Mariano Arcioni. Tres años después Arcioni -ya asumido como gobernador transitorio- debió enfrentar el colapso de Lotería, y la deuda ya ascendía a unos $400 millones o mas o menos por ahí, según los anales de entonces.
Actualmente poco y nada se sabe de la deuda real, de la metodología de saneamiento y de la administración del IAS, algo que debería ponernos en alerta para no encontrarnos nuevamente con otro ‘agujero negro’ en unos años más, y una nueva catarata de culpas al pasado difícil de constatar, sobre todo más allá del camposanto.
El actual organigrama tiene por supuesto a la cabeza al propio Mariano Arcioni transitando como gobernador de su propia gestión, a Luis María Aguirre como Presidente de Lotería del Chubut, y a la gerenta de Asuntos Legales a la doctora Analía Nahuelpang como reemplazo de la anterior gestión. Como continuidad sin embargo se mantienen como Gerente General, Francisco Salto (exsecretario privado de Das Neves), y la misma gerente de Contabilidad y Finanzas, Contadora Pública Soledad María Onofre.
De todas maneras es de suponer que ya nos enteraremos en detalle hasta cuanto estaba viciado el sistema, si es que los fiscales van a fondo con las investigaciones y no se quedan solamente en la espuma mediatizante de una condena solitaria de la punta del iceberg que presuntamente avizoraron. Habrá que ver…
*JCH, EC
