5 julio, 2020
PIDEN AMPLIA MORATORIA, REPROGRAMACIÓN DE VENCIMIENTOS, INCENTIVOS PARA CREAR EMPLEO Y, QUE NO SE LANCEN NUEVOS IMPUESTOS ENTRE OTRAS MEDIDAS INMEDIATAS
Fomentar nuevas inversiones y empleo; ampliar el crédito para la producción; recuperar las exportaciones; reactivar la demanda a partir de aportes del Estado; fomentar la tecnología y la industria 4.0, y desarrollar las pymes y las economías regionales son algunos de los reclamos que los industriales le alcanzaron al presidente Alberto Fernández para reactivar la economía post pandemia, según un informe de Andrés Sanghinetti para IProfesional.
Estos pedidos forman parte de un extenso documento que la Unión Industrial Argentina (UIA) le hizo llegar por mail al Jefe de Estado bajo el título de «Hacia una nueva normalidad: propuestas para la reactivación productiva».
El informe, de 75 páginas, se distribuye en cinco aspectos. En el primero, se publica un resumen ejecutivo; en el segundo se analiza el impacto mundial de la pandemia del Covid19, mientras que en el tercero se analiza la situación de la Argentina frente al nuevo escenario.
En el cuarto ítem se habla sobre la necesidad de construir consensos y acuerdos para el crecimiento del país y en el quinto y último capítulo se desarrollan las propuestas para sostener y reactivar la actividad económica.
«La pandemia del Covid-19 dejará fuertes secuelas a nivel global y local, en un contexto internacional inédito con dos rasgos distintivos. Por un lado, se trata de una recesión comparable a la que se produjo con la Segunda Guerra Mundial. Por otro, el mundo se encuentra atravesando importantes transformaciones en los modos de producción y consumo, con una pronunciada aceleración en los procesos de automatización y digitalización de las economías», se explica a modo de prólogo en el documento elaborado por los equipos técnicos de la central fabril que preside Miguel Acevedo.
En el caso de la economía local, los industriales advierten que la crisis agrava los problemas preexistentes y destacan que la transición hacia la «nueva normalidad» estará atravesada por el impacto económico de la pandemia y la vulnerabilidad económica que se arrastra de la fase previa.
«Además, la convivencia con el virus en el presente y futuro inmediato seguirá afectando los procesos productivos, hasta la llegada de una vacuna o de un tratamiento efectivo», detallan mientras recuerdan que el país cuenta con el tercer entramado industrial de América Latina y con mucho potencial para avanzar en su desarrollo.
«Contar con una industria diversificada que puede abastecer al mercado de los bienes esenciales, así como del equipamiento médico y de nuevas soluciones tecnologías, resultó estratégico durante estos primeros meses de la pandemia. Lo será aún más en los tiempos que se avecinan», anticipan.
En este marco, el documento de propuestas tiene dos grandes pilares como son la construcción de consensos e instituciones para el desarrollo y las medidas para sostener la producción generando las condiciones para la posterior reactivación e iniciar un proceso de crecimiento.
Por eso los hombres de la UIA plantean una serie de incentivos para la inversión, el empleo y el desarrollo de las economías regionales y empresas de todos los tamaños. Se trata, dicen, de medidas enfocadas en la creación de incentivos tributarios a la inversión y el empleo, la ampliación del financiamiento productivo en los canales bancarios y del mercado de capitales, la recuperación de exportaciones industriales, la reactivación de la demanda, el desarrollo de la industria 4.0 y la incorporación de nuevas tecnologías y la consolidación de una política pyme y la profundización del desarrollo regional.
Si bien, todas las medidas son consideradas fundamentales, el principal capítulo del documento se refiere a la necesidad de encarar una profunda reforma tributaria, fiscal y financiera que los industriales le reclaman al Gobierno para paliar la crisis.
«En contraste con el bajo acceso al crédito de la economía, la presión tributaria ha aumentado en las últimas décadas y en nivel, se acerca a la registrada en países europeos», se destaca en el informe.
Sostienen desde la UIA que esta presión recae sobre la economía formal (cerca del 65% del total) y aumenta hasta representar ya el 45% del PBI.
Se quejan de la multiplicidad de tributos en distintos niveles (nacional, provincial y municipal) y de los regímenes de retención y percepción muy bajos que implican mucha carga operativa para las empresas que se ve reflejada en una mayor cantidad de horas dedicadas al pago de impuestos que llegan a las 311,5 por año.
En términos globales, con esta cantidad, la Argentina ocupa el puesto 156 de 190 países ordenados desde menos a más horas, por lo cual desde la UIA califican como «clave» avanzar en la simplificación tributaria y en que no se creen nuevos impuestos nacionales, provinciales o municipales que afecten la inversión y el empleo.
Además de los anteriores reclamos, la propuesta tributaria de la UIA incluye:
▪ Ampliación de la moratoria de la Ley de Solidaridad y Plan de facilidades para MiPyMES, incluyendo las deudas devengadas durante la emergencia.
▪ Régimen similar de moratoria y plan de facilidades de pago para personas jurídicas no incluidas en la Ley 27.541, sin distinciones, adaptando los planes de pago para que las MiPyMEs gocen de un beneficio mayor.
▪ Prórroga de vencimientos de IVA y anticipos de Ganancias, que permitan a las empresas disponer de capital de trabajo, dadas las menores ventas y la ampliación de los plazos de pago.
▪ Incentivos a contribuyentes que cancelen sus obligaciones impositivas y previsionales en base a cronograma original.
▪ Reducir el 50% o permitir el cómputo del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios como pago a cuenta de Ganancias, IVA, Bienes Personales, desde el 20 de marzo y hasta 60 días de finalizada la emergencia.
▪ Reestablecer la devolución parcial de IVA para compras con débito bancario.
▪ Cuenta corriente consolidada que permita la libre compensación de los saldos a favor de los contribuyentes contra cualquier saldo a pagar, ya sea impositivo, o previsional, incluidos los correspondientes a su calidad de responsables sustitutos.
▪ Devolución de los saldos técnicos a favor, a los efectos de la compensación de otros impuestos.
▪ Promoción de inversiones en actividades productivas a través de estímulos fiscales, en particular el ajuste por inflación derogando la imposibilidad de aplicación de sus efectos en aquellos casos en los que su aplicación genere una reducción de la base imponible de Ganancias.
▪ Régimen de deducción de intereses sobre el capital propio destinado a la inversión.
▪ Reducción de limitaciones en el uso de quebrantos.
Pagan buenos sueldos y contratan personal pese a la crisis: este es el sector del momento
▪ Promover las actividades de prestación de servicios en Argentina hacia el exterior.
▪ Reglamentar tratamiento fiscal de transparencia, reorganizaciones societarias internacionales, deducción de intereses entre entidades vinculadas.
▪ Cómputo pleno del impuesto sobre operaciones bancarias
• Amortización acelerada y la devolución anticipada de IVA para las inversiones en bienes de uso tangibles e intangibles relacionados con la digitalización y la Industria 4.0.
• Incentivos diferenciados adicionales cuando estas inversiones impliquen una integración productiva local y provengan de bienes de origen nacional.
«Por la fuerte caída de la facturación y la dificultad de acceder al crédito, las empresas han aumentado sus deudas con las administraciones impositivas en todos los niveles. Al mismo tiempo, han hecho importantes esfuerzos para sostener el empleo en un contexto de crisis sin precedentes», detalla el informe de la UIA.
Esta combinación de factores, agrega el trabajo, deja un panorama muy complejo para la sostenibilidad de las empresas, la inversión y la capacidad de generar empleo a futuro. Por eso, el documento reclama avanzar en un esquema tributario que promueva la inversión, el empleo y la competitividad de la economía.
Para la UIA el Gobierno también debe reglamentar que estas medidas tengan incentivos diferenciados mayores cuando impliquen la creación neta de puestos de trabajo, con diferenciales superiores para nuevo empleo a jóvenes, mujeres y en zonas alejadas de grandes centros urbanos.
Pero al margen del pedido de reforma fiscal, el documento de los industriales se refiere a la necesidad de incrementar el financiamiento.
En este capítulo, los pedidos son:
▪ Para empresas que están operando, con cupos regulados para los bancos (símil LCIP), para colocar la liquidez excedente de los bancos.
▪ 12 meses de plazo, 3 meses de gracia, tasa 24% o menos con diferencial para PyMES
▪ Comprende empresas que están operando, pero arrastran situaciones de estrés financiero y aquellas que no operan.
▪ Fondeada y garantizada por el BCRA, absorbiendo el riesgo para asegurar un alcance generalizado.
▪ 12 meses de plazo, 3 meses de gracia luego de retomada la actividad.
▪ Instrumentos de corto plazo a tasas de interés que acompañen los costos para preservar el capital de trabajo.
▪ Desarrollar el mercado de instrumentos de cobertura cambiaria para administrar el riesgo.
• Previsibilidad para evitar comportamientos precautorios no deseados.
• Factura de crédito electrónica, e-cheq, ON PyMES, Valores de Corto Plazo.
▪ Promoción de la demanda de instrumentos PyME vía inversores institucionales como aseguradores, el FGS, el FONDEP.
▪ Mayor alcance de las garantías SGR para incrementar su accesibilidad.
• Pre-financiación y post-financiación de exportaciones: para cuidar mercados.
▪ Líneas de largo plazo (5/10 años) para financiamiento de inversiones.
▪ Tasa fija para incentivar inversiones productivas.
▪ No penalizar pre-cancelación anticipada.
▪ Fortalecer BICE como banco de desarrollo.
▪ Mayor capitalización para aumentar las líneas de crédito para la inversión.
Además de las medidas tributarias y financieras, el documento de la UIA reclama contar con una ley de inversiones en hidrocarburos: para explotar el potencial de Vaca Muerta y otras fuentes convencionales y no convencionales, que incluya la minería, el desarrollo de la cadena de empresas proveedoras, la promoción del empleo directo e indirecto y el aumento de las exportaciones.
Hace referencia a las energías alternativas con la renovación de ley 26093 de promoción de biocombustibles y una reglamentación de la norma para que ofrezca incentivos diferenciados mayores cuando impliquen la creación de trabajo.
Piden también fortalecer la infraestructura de los parques industriales como mecanismo para fortalecer competitividad de las empresas.
Un incentivo a la radicación de empresas o ampliación de instalaciones; la continuidad de los planes de ATP hasta fin de año para empresas con fuerte caída de ventas o trabajadores licenciados. Inclusión de empresas de todos los tamaños.
Agregan en el pedido, un seguro de desempleo para apoyar la transición de trabajadores a nuevas formas de trabajo.
También que se permita la jubilación anticipada voluntaria, para personas que se encuentran cerca de esa edad; que se eviten la quiebra masiva de empresas ante la alteración de la cadena de pagos para evitar un colapso del sistema económico y del sistema jurídico.
El informe suma el REPRO simplificado para empresas en procedimiento de crisis; una regulación que promueva el teletrabajo; la promoción de empleo en nuevas tecnologías; reforzar la ley de economía del conocimiento, entre otros pedidos.
*UIA, IP
