7 diciembre, 2022
Aunque pasó desapercibido, en paralelo a la condena penal a la vicepresidenta, la Corte Suprema resolvió en paralelo este martes por unanimidad impulsar la causa «Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ responsabilidad por daños» a fin de cuantificar y cobrar el impacto sobre el Estado.
Los bienes de Cristina Kirchner, en la mira de la Justicia: la Corte ordenó impulsar el cobro por daños y perjuicios al Estado
Cuando el juez Julián Ercolini procesó por asociación ilícita y administración fraudulenta a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, le trabó embargo por $10.000 millones, y advirtió que debía ser enjuiciada también por daños y perjuicios al Estado, en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Ese convenio multilateral establece que «los Estados parte deben adoptar las medidas necesarias para garantizar a los perjudicados por actos de corrupción su derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener una indemnización», recordó Ercolini.
A raíz de esto, la Dirección de Vialidad inició una causa por daños y perjuicios contra el Estado contra CFK. Pero los jueces de varios fueros se «pelotearon» el expediente hasta este martes, cuando en paralelo a la condena penal, la Corte Suprema definió que la Justicia en lo Comercial debe impulsar el cobro de esos daños a Cristina Kirchner.
En el acuerdo de este martes, los cuatro miembros de la Corte Suprema resolvieron por unanimidad impulsar la causa Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ responsabilidad por daños.
Para ello, definió que será competente para cobrarle a la expresidenta el dinero del Estado que habría sustraído para su propio enriquecimiento al Juzgado Civil y Comercial Federal 11, a cargo de la juez subrogante Bibiana Alicia Pérez.
Según informó el propio tribunal, «la Corte Suprema resolvió, por unanimidad, que el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal 11 será el que intervenga en la acción civil que inició la Dirección Nacional de Vialidad contra Cristina Kirchner, por daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional con su actuación en la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz».
«En el marco del proceso penal seguido contra Cristina Fernández y Lázaro Báez, entre otros, cuya sentencia se conoció hoy, la Dirección Nacional de Vialidad los demandó civilmente», recordó la Corte, y enumeró el consiguiente recorrido de esa demanda:
1. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que juzgó la causa penal, declinó su competencia en materia civil en favor de la Justicia Civil y Comercial Federal.
2. La jueza Civil y Comercial federal 11 no aceptó la competencia, y la declinó, a su vez, en favor de la Justicia en lo Contencioso Administrativo.
3. Cristina Kirchner apeló esa decisión y la Cámara revocó la declinatoria. El tribunal entendió que el juez civil y comercial no tiene potestades para atribuir la competencia a un tercer órgano judicial, facultad que sólo se reserva a la Corte Suprema.
4. En cumplimiento de esa decisión, la jueza de primera instancia se declaró incompetente y devolvió la causa al TOCF 2.
5. El Tribunal Oral penal insistió en su criterio.
6. El expediente fue elevado a la Corte para que resuelva qué tribunal debe intervenir en la acción civil.
Varios jueces rechazaron la causa por daños y perjuicios al Estado contra CFK
Ya en esta instancia, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, entendió que le corresponde resolver a la justicia en lo Civil y Comercial Federal, a la que ordenó remitir el expediente.
Según un informe de InfoVeloz**, Cristina FK fue cambiando la titularidad de sus bienes y vendiendo mucho de ellos de 2016 a esta parte. En ese año se daba cuenta que:
. La casa que ella tenía en la localidad de Monte Aymond, Río Gallegos, fue adquirida junto a su esposo Néstor Kirchner en 1979. Hace unos 6 años, se la cedió a su hijo Máximo Kirchner.
. Tampoco continúa a su nombre el departamento de la calle Juncal al 2100, en La Recoleta: Fue cedido también a Máximo y a su hija Florencia.
. En este herencia en vida entraron también dos de sus principales negocios hoteleros, claves en el caso Hotesur: el Hotel Las Dunas, en El Calafate y el hotel Los Sauces, ahora propiedad de sus hijos.
. Florencia y Máximo también pasaron a ser propietarios de otro departamento en Recoleta (Uruguay al 1300) que pertenecía a su madre desde 1999.
. Una casa de Orkeke al 400 en Río Gallegos, Santa Cruz, alquilada durante mucho tiempo al socio familiar, Lázaro Báez, también fue cedida por la ex Presidenta a sus hijos.
. Cristina también cedió a sus hijos la parcela 7 manzana 192B de El Calafate: son 18.258 metros cuadrados, un terreno baldío valuado en varios millones de pesos.
. La ex presidente le «regaló» también a Máximo y Florencia otra gran propiedad en El Calafate, de 44.106 metros cuadrados ubicados en una zona urbanizada del nordeste de la ciudad.
. La casa en la que Máximo Kirchner montó su inmobiliaria, ubicada en el número 496 de la calle que lleva el nombre de su padre en El Calafate, era de Cristina Fernández.
. Lo mismo pasó con un local que la ex Presidenta tenía en Chacabuco y Alcorta, Río Gallegos.
. En 2006, CFK compró un terreno en El Calafate a precio fiscal, 7,5 pesos el metro cuadrado. En 2008, la ex mandataria, sucesora de su marido, cedió por primera vez parte de ese predio. Fue a Lázaro Báez. La mitad que le pertenecía ahora es también de sus hijos.
. Sus herederos son también los nuevos titulares de la casa en El Calafate que habita su madre, y en la que murió su padre. Es la Parcela 5, Manzana 42C v Parcela 5H Manzana 42C.
La situación que evalúa la Justicia es que con este panorama tras la condena, si deciden embargarla, se encontrarán que ya no tiene casi nada de lo que alguna vez tuvo.
Cuando el 9 de marzo próximo se conozcan los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner, el exsecretario de Obras Públicas, José López y el empresario Lázaro Báez, también quedarán definidos los «decomisos» de bienes de los condenados, por considerar que son frutos de delitos.
Pero, ¿cómo se puede asegurar que los condenados tendrán fondos cuando la sentencia quede firme eventualmente en unos años?
Esto será posible porque, en el momento de la instrucción en la causa, el juez Ercolini dictó el embargo de los procesados en aquel momento, y condenados ahora.
Los montos fueron $10.000 millones para todos los procesados por ese magistrado, bajo la acusación de asociación ilícita y administración fraudulenta, y un cuarto de esa cifra, $2.500 millones, a algunos acusados sólo por administración fraudulenta.
El juez Ercolini calculó que, el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas a Lázaro Báez asciende a $46.230,9 millones según determinó la Dirección Nacional de Vialidad.
El juez Ercolini embargó por $10.000 millones a CFK, Báez, López y otros procesados
«Así, si bien aún no fue determinado el valor concreto de los perjuicios al Estado, lo cierto es que a la fecha se tiene la certeza de que el presupuesto original fue aumentado en promedio en un 15%», aseguró Ercolini.
Por esta razón, el magistrado tomó ese parámetro y estimó «suficiente para cumplir con el objetivo de las previsiones legales la suma de $10.000 millones para todos los integrantes en la asociación ilícita ya descripta, y para los intervinientes en el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública considero prudente que se reduzca en un cuarto».
Así, Ercolini ordenó «la inmovilización y el congelamiento de las cuentas bancarias que registren a su nombre los procesados, con excepción de las cuentas tipo sueldo, o en las que se acrediten los salarios, jubilaciones o pensiones».
*iP/ by Dolores Oliveira
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