24 octubre, 2022
La Argentina posee el 22% de los recursos de litio a nivel global y el 10% de las reservas. Es el segundo con más recursos del mundo y se ubica en el cuarto lugar dentro de los países productores de este mineral.
Por Sebastián D. Penelli
Según la Agencia Internacional de Energía se estima que la demanda de litio se incrementará entre 13 y 51 veces hacia 2040, por un aumento sostenido, ya que es un insumo insustituible -hasta ahora- para la producción de baterías de ion de litio, que utilizan los vehículos eléctricos o los sistemas de acumulación de energías renovables.
Los 19 proyectos litíferos con mayor avance en el país se distribuyen en tres provincias del NOA: tres en Jujuy, cuatro en Catamarca y once en Salta. Pero solo dos se encuentran actualmente en producción. A mediados de 2022, la capacidad instalada en la Argentina rondaba las 38.500 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (t LCE). Esta cifra podría multiplicarse entre tres y siete veces con la puesta en marcha de nuevos proyectos y ampliaciones.
Para Víctor Delbuono, economista e investigador del Área de Recursos naturales de Fundar, estamos frente a una gran oportunidad. “Poniendo en marcha estos nuevos proyectos y expandiendo las dos operaciones actuales nos puede llevar a un escenario de 255.000 toneladas para 2026, que ubicaría al litio entre los primeros complejos exportadores del país. Depende del precio que uno tome, porque son insumos muy volátiles, se puede hablar de entre 5.000 y 19.000 millones de dólares de exportaciones adicionales por el país”, advirtió.
Uno de los factores que podrían explicar un aumento de la inversión en la Argentina se encuentra la ventaja relativa que ofrece el régimen de concesiones respecto de Chile y Bolivia y el menor costo operativo de la producción a partir de salmueras frente a otras fuentes alternativas (pegmatitas, arcillas, etc.), lo que le da cierta ventaja relativa frente a otros productores como Australia.
Sin embargo, un doble informe de Fundar, el centro de estudios y diseño de políticas públicas que promueve una agenda de desarrollo sustentable e inclusivo para la Argentina, alertó por los problemas para desarrollar la industria del litio. El primero de los documentos aborda las tensiones y los problemas de coordinación específicos que surgen del régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera, que plantea problemas específicos para el diseño y la implementación de políticas orientadas a promover el desarrollo de capacidades en torno del recurso.
El segundo análisis analiza el régimen de gobernanza socioambiental de la actividad y en qué medida permite atender a las preocupaciones crecientes referidas a la sostenibilidad ambiental y social de la minería de litio. Estas se refieren, principalmente, a un eventual impacto negativo de las actividades de bombeo de salmueras sobre la cuenca hídrica en la que se ubican los salares y al respeto de los derechos de las comunidades locales que habitan los territorios donde se lleva adelante la actividad.
El politólogo y director del Área de Recursos naturales de Fundar Carlos Freytes remarcó que son provincias las que tienen la potestad de adjudicar los derechos de exploración y explotación sobre los recursos minerales, en función del dominio originario que detentan por la Constitución. “En todas las estrategias de desarrollo de capacidades en torno de recursos quien da la concesión establece algún tipo de condicionalidad para acceder a los derechos de explotación y puede ser un instrumento poderoso a desarrollar capacidades productivas”, aseguró, y propuso poner la lupa sobre el régimen minero local.
“Configuran un régimen de carácter liberal, que quiere decir que es un régimen que establece pocas condicionalidades para acceder a la explotación de los recursos y que una vez obtenidos esos derechos mineros conceden la libre disposición de minerales que se extraen”, sostuvo Freytes. Actualmente la Nación captura el 54% de los tributos por litio y las provincias un 16%, que para peor no tienen destino específico vinculado al desarrollo productivo del litio. Sólo Salta destina 10% a la promoción de la actividad minera, con lo cual se atenta contra las políticas de Ciencia y Tecnología que este mineral necesita.
Además de este régimen de carácter nacional, el Gobierno nacional concentra los recursos tributarios que provienen de la minería y maneja también los principales instrumentos de política productiva y de política de ciencia y técnica. Para Freytes, las normas así como están, plantean una “serie de tensiones y problemas de coordinación para implementar políticas de desarrollo productivo en torno al litio”.
En FundAr están convencidos que el error es focalizar “aguas abajo” el boom minero, con actividades para el desarrollo de las baterías de litio nacionales y hasta incluso el destino de grandes presupuestos a esta parte de la investigación y la ciencia, cuando el foco debería estar en el terreno donde se produce el litio, aguas arriba. “En el imaginario el litio aparece directamente vinculado al tema de las baterías pero las baterías hoy nos quedan bastante lejos”, consideró Freytes, porque según alertó, la vinculación con los recursos son de naturaleza simbólica, no hay vinculación concreta porque el régimen minero no establece condicionalidad de los que se produce.
“La barrera financiera se refiere a los montos de capital necesarios para establecer una gigafactory o megafactoría que produzca baterías. En un mercado donde las ventajas comparativas están dadas por la escala productiva, se necesitan grandes plantas industriales que producen baterías para tener precios competitivos. Ese mercado está dominado por tres grandes productores asiáticos, que son básicamente Corea del Sur, Japón y China. La Unión Europea y Estados Unidos están invirtiendo miles de millones de dólares para desarrollar la producción de ion litio con resultados inciertos. Argentina, al menos en esta coyuntura, tiene un contexto de importantes restricciones fiscales y para acceder al financiamiento internacional, no queda claro de dónde provendrían los capitales para desarrollar ese tipo de actividades”, señaló el investigador.
Otro problema es el fomento de los proveedores locales. El programa más directamente alineado con el objetivo de desarrollar capacidades productivas en torno a la minería (y a otras actividades) es el Programa de Desarrollo de Proveedores, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Esto no significa, sin embargo, que el sector haya hecho un uso intensivo de sus beneficios. En el período 2020-2021 el PRODEPRO tuvo un total de 219 beneficiarios únicos. Las empresas anotadas recibieron aportes no reembolsables (16 de ellas en dos ocasiones), por un monto total de alrededor de 70 millones de dólares. El mayor beneficiario fue el sector de energías renovables, que recibió un 26% de los fondos, seguido por salud con un 20,9%. En conjunto minería e hidrocarburos alcanzaron el 14%. Sólo 3 empresas proveedoras de minería de litio participaron del PRODEPRO, con un monto total de u$s897.500, que representa 1,3% del total provisto por el programa. Ninguna empresa de Jujuy, Salta y Catamarca recibió algún tipo de beneficio, ni en la actividad minera ni en otras actividades.
Pero otra dificultad es la conflictividad social. “Lo que sucede con el litio en términos ambientales implica una paradoja: es un mineral crítico para la transición energética y electromovilidad pero se enmarca en una actividad que es altamente resistida en términos sociales”, describió Victoria Arias Mahiques, abogada especialista en Derecho Ambiental y coautora de las investigaciones de FundAr.
Según comentó Mahiques, el litio se encuentra en una región particularmente conflictiva. “Hay que tener en cuenta que América Latina y el Caribe tienen la tasa más alta en términos de conflictos en el mundo vinculados a la minería y en el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina identifica como mínimo 1.864 conflictos a lo largo de América Latina, con más de 300 proyectos involucrados”, subrayó. De hecho, la Argentina está posicionada como el cuarto país con más conflictos sociales por minería de la región, después de México, Chile y Perú.
“Se habla de la minería de litio como una minería de agua. La extracción del depósito de litio se realiza a partir de bombeo de salmuera y eso se concentra por evaporación en tanques solares. Impacta obviamente en sistemas hídricos, en zonas que son esencialmente áridas. Entonces lo que se señala es que la extracción de litio con el método evaporítico implica una pérdida enorme de agua y produce o puede producir una salinización del agua dulce y esto implicaría una amenaza para los humedales”, alertó la abogada. Mahique proponer apelar a la gobernanza para enfrentar los cuestionamientos. “La gobernanza se refiere al proceso de toma de decisiones sobre los recursos naturales. Nosotros partimos del enfoque de derechos humanos porque pone al Estado en el centro de la discusión y como principal responsable para garantizarlos”, indicó, y propuso “plantear esto como un desafío urgente, en términos de la oportunidad que presenta el litio como recurso”. Freytes remarcó que además es necesario que el litio tenga “algún tipo de legislación especial”, que aumente el control del Estado nacional sobre el recurso, sin que controle directamente el recurso. “La nacionalización del litio es un camino que creemos que es muy difícil que se pueda recorrer exitosamente, porque lo que hace un sistema federal es darle a la provincia capacidad de veto sobre cualquier modificación del statu quo legislativo que afecte sus intereses. Nos parece que es muy improbable que una iniciativa de ese tipo logre prosperar”, sentenció.
Los expertos tampoco ven factible -aunque es deseable- una revisión del régimen de promoción de la actividad minera. “Esta es una idea que ni el sector productivo ni las provincias miran con mucha simpatía porque entiendo que perciben que eso implica abrir una caja de Pandora”, sostuvo Freytes. En FundAr aseguran que abrir una discusión legislativa sobre la Ley de inversiones mineras, un régimen que tiene sus problemas, pero que por lo menos es una palanca para el desarrollo de la actividad, podría potencialmente abrir una discusión con “consecuencias incalculables”.
Lo que sí proponen es iniciar una revisión de la Ley de Mineras, que establezca condicionalidades vinculadas al desarrollo de proveedores locales o en la generación de fondos para financiar los proyectos de ciencia y técnica, que atiendan a las dimensiones productivas y socioambientales de la minería de litio. “Esta idea de establecer condicionalidades o destinos específicos a los recursos tributarios que provienen de la actividad minera es escasamente novedosa, es lo que típicamente hacen los países que tienen sectores mineros bien desarrollados”, concluyó Freytes.
*AF/NA
