6 noviembre, 2020
YA CUENTA CON MEDIA SANCIÓN EN EL SENADO DE LA NACIÓN
Por Trivia Demir
La Ley Yolanda suena amigable, pero políticamente puede acarrear un simbronazo de responsabilidades extra en las gestiones públicas. No será lo que se dice un ‘batracio’ digerible para muchos, que hoy por hoy deciden sobre los recursos naturales y políticas públicas urbanas sin demasiados miramientos ni priorización del medio ambiente, muchas veces apañados por el desconocimiento que circunscribe responsabilidades.
A modo de ejemplo en Chubut sobran casos: loteos sin servicios, desmonte de zonas intangibles, destrucción de bosques o médanos, lagunas negras históricas sin resolver, disposición de líquidos pesqueros sin tratamiento al mar, uso de agua potable para usos industriales, y una larga listas de etceteras entre las que comienza a figurar el entusiasmo por el desarrollo minero, que se podrían comenzar a resignificar a la luz de la capacitación exigida a los funcionarios públicos.
El hecho es que la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados comenzó a debatir este viernes la Ley Yolanda, que plantea que funcionarios de los tres poderes del estado reciban capacitación obligatoria en cuestiones de medioambiente y desarrollo sostenible.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, está inspirada en Yolanda Ortiz, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del presidente Juan Domingo Perón, y la primera mujer en toda la región en ocupar esta cartera, pionera en plasmar la complejidad e integralidad de la cuestión ambiental.
En la Cámara alta el dictamen aprobado unificó dos proyectos de las senadores del Frente de Todos, Eugenia Catalfamo y de la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo sustentable, la legisladora del PRO, Gladys González.
“El proyecto nace a través de una necesidad específica que vimos: que las personas que desempeñaban la función pública no siempre tenían en cuenta la perspectiva ambiental , fundamental para que todas las políticas públicas sean sostenibles y tengan en cuenta a las generaciones que vienen, que estas puedan gozar del mismo ecosistema y de nuestros mismos derechos”, remarcó la diputada del PRO Camila Crescimbeni, autora de otro de los proyectos.
Dijo también que la perspectiva ambiental y de desarrollo sostenible “es transversal a todas las áreas y niveles de gobierno”, y justamente “la ausencia de la comprensión de este elemento llevó a que muchas medidas e iniciativas no sean más que parches”, por ello, afirmó, “es momento de buscar soluciones integrales y transdisciplinarias”.
Crescimbeni afirmó al respecto que los aportes de Yolanda Ortiz “tanto en lo que representó su figura como norte para impulsar transformaciones ambientales de los últimos 50 años, como así también el fuerte simbolismo que implica superar la típica dicotomía que hay en cuanto a líderes del pasado de nuestro país, fueron dos pilares fundamentales para avanzar en esta ley”.
La diputada nacional consideró que la recuperación económica después del Covid-19 tendrá “que abordar simultáneamente la crisis sanitaria, la económica y la climática, reduciendo al mismo tiempo las desigualdades”.
Asimismo, este proyecto viene en línea con otras iniciativas que se trabajaron desde el interbloque Juntos por el Cambio, como el proyecto de la Ley Nacional de Educación Ambiental, presentada en 2017 por Gisela Scaglia y trabajada en conjunto con el COFEMA, la Secretaría de Ambiente de Nación (2015-2019) y organizaciones de la sociedad civil.
“El mundo que viene no va a ser el mismo y vamos a seguir viendo modificaciones estructurales de nuestras sociedades durante los próximos años. Es hora de reconfigurar la forma en las que interpretamos a los otros y también al ambiente, y en este sentido, Yolanda pretende ser piedra fundacional de un nuevo paradigma social”, concluyó Crescimbeni.
Yolanda Ortiz, quien falleció el año pasado, asumió como secretaria de Ambiente en 1973, en la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. “Es muy valioso darle un reconocimiento a su lucha”, expresó Eugenia Catalfamo (Frente de Todos), autora de uno de los proyectos consensuados.
Catalfamo mencionó hechos como “la industrialización, la deforestación, la agricultura a gran escala, situaciones que no están alejadas de nuestro país, fenómenos extremos como las sequías, las lluvias persistentes, la contaminación de las aguas o los incendios forestales”.
“Es fundamental promover una verdadera conciencia ambiental, sobre todo en los funcionarios que deben definir las políticas públicas”, subrayó la puntana, y aseguró que esta ley “va a tender un puente entre los tres poderes del Estado y la comunidad científica para fomentar el trabajo en equipo”.
Gladys González (Pro), quien también trabajó en el tema, opinó que “nos debemos un cambio cultural en la agenda ambiental” al igual que en la agenda de género. “Luchamos por los mismos valores: la igualdad, la equidad, la justicia y los derechos humanos, con la misma mirada transversal que debe existir en cualquier lugar del Estado”.
“La ‘ley Yolanda’ no es el punto de llegada, sino el punto de partida, de base, sobre la educación ambiental. Necesitamos conocimiento para garantizar la calidad de nuestras políticas públicas”, manifestó.
De acuerdo al texto, en los 90 días posteriores a la sanción de la ley, la autoridad de aplicación deberá establecer “los lineamientos generales destinados a las capacitaciones”, para cuya confección deberá convocarse a “instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones”.
Se deberá contemplar, “como mínimo, información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”.
Las máximas autoridades de los organismos serán responsables de garantizar las capacitaciones, mientras que para las máximas autoridades de los tres poderes, la capacitación estará a cargo directamente de la autoridad de aplicación.
“La información comprendida deberá ser clara, precisa y de base científica, y deberá ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde. El material desarrollado por la autoridad de aplicación será de libre disponibilidad, contemplando su difusión y circulación para actividades de capacitación que quisieran replicarse en jurisdicciones públicas provinciales o municipales, así como en otros ámbitos privados de la República Argentina”, indica el proyecto, que invita a las provincias a adherir a la norma.
También dispone que las personas que se nieguen “sin justa causa” a realizar las capacitaciones “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación”, y el incumplimiento de esa intimación “será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”.
Como sanción adicional, la autoridad de aplicación podrá hacer pública la negativa a participar en la capacitación en su página web.
Esta Ley está avanzando en paralelo al Plan de Desarrollo Minero nacional proyectado a 30 años que la gestión de Alberto Fernández lanzó esta semana con el apoyo de funcionarios provinciales y nacionales que entienden la necesidad de desarrollo industrial y de dólares que posee el país, pero con un discurso vinculado a la sostenibilidad que habrá que iluminar a la luz de Yolanda. Habrá que ver…
Ver documento:
*Parlamentario, BN, NA
