30 septiembre, 2022
EL DEBATE DE FONDO QUE VOLVIÓ A FRENARSE EN DIPUTADOS POR PRESIÓN DE LAS PROVINCIAS, LAS MINERAS Y EL AGRO
Los incendios en diferentes provincias activaron el proyecto de regular y proteger recursos naturales a través de la Ley de Humedales, que componen el 21% del territorio argentino, pero el tratamiento quedó congelado en Diputados frente a la presión de las provincias, la minería y el agro.
El 21% del territorio argentino está compuesto por una gran diversidad de humedales. Fenómenos críticos como incendios en el Delta del Paraná o inundaciones en la Provincia de Buenos Aires los pusieron en el centro de la agenda ambiental.
Organizaciones ambientalistas y vecinales impulsaron la idea de institucionalizar instrumentos que permitan conservar y asegurar un uso responsable de los humedales. Este proceso se reflejó en reiterados intentos de sancionar una ley de presupuestos mínimos para su protección (LPMH). Sin embargo, la divergencia de posiciones impidió obtener la aprobación de los proyectos presentados y avanzar en comisiones esta semana.
La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero nunca pudo ser aprobada por la Cámara de Diputados
La idea tomó impulso luego de los incendios en las Islas del Delta, los cuales afectaron la zona y dejaron a Rosario y otras ciudades santafesinas aledañas cubiertas completamente de humo. Además, periódicamente se repiten incendios forestales en las serranías de Traslasierra, en Córdoba, y en San Luis.
En esa línea, Grosso destacó la importancia de avanzar en la ley, así dijo: “El 56 por ciento de los humedales de América Latina está destruido, los representantes del pueblo debemos asumir la responsabilidad que tenemos”.
Para la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, esta ley tiene más peso que muchas otras que día a día se discuten: “Estamos frente al debate más trascendental, es más importante que el Presupuesto. Es un tema estratégico, el presupuesto es coyuntural. Un 30 por ciento de los argentinos sufre el proceso de desertificación que genera desequilibrio ambiental que afecta la calidad de vida de las personas”.
Sin embargo, esta semana, una vez más, la Ley de Humedales no logró pasar el filtro de la Cámara de Diputados. Por presión de los gobernadores, se terminó suspendiendo el plenario de comisiones que iba a dictaminar el proyecto y, ahora, en los sectores que impulsan la ley predomina la incertidumbre. Si bien el Frente de Todos, junto al socialismo y Graciela Camaño, había estado trabajando durante más de 10 días en un nuevo dictamen, los gobernadores intervinieron, bajaron el pulgar al proyecto y, como consecuencia, arrastraron en su negativa a varios diputados oficialistas.
La iniciativa lo que hace, en realidad, es establecer un inventario nacional de todos los humedales y, luego, un ordenamiento territorial a partir del cual, con un estudio de impacto ambiental, se definirá qué actividades se pueden realizar en aquellos territorios. «No prohíbe la actividad económica», insistieron, durante semanas, desde el oficialismo y el socialismo.
Es que este ordenamiento es resistido por las cámaras mineras y rurales, y recibió una sentencia de muerte con el duro comunicado de los gobernadores del Norte Grande desde Estados Unidos. Y el dictamen que había sido acordado y modificado para incluir reclamos de todas las partes otra vez quedó en stand by. Tras esto, las cámaras expresaron sus sentencias amenazantes si se avanzara con alguna legislación de protección de los Humedales.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), junto con las cámaras provinciales de productores y proveedores mineros, y entidades ligadas a la agroindustria y al desarrollo socioeconómico emitieron un comunicado en donde señalan que en caso de aprobarse los proyectos de Ley de Humedales “se dejaría a nuestro país sin industria minera. Su avance perjudicaría a la industria en producción impactando en el sustento de cientos de comunidades. Lo que no solo significa frenar las nuevas inversiones, sino también poner en riesgo el trabajo de los yacimientos que ya están en funcionamiento”.
Desde la CAEM comunicaron que tomando en cuenta los proyectos mineros más avanzados existe “un potencial para llegar a exportaciones anuales por U$D 12.000 millones -más del triple de las actuales- y para lograr inversiones por U$D 20.000 millones”.
Ante esta situación, consideraron que “esto es lo que se arriesga cuando se precipitan cambios en las normativas que generan incertidumbres y perjudican la llegada de inversiones que son de gran volumen, con largo plazo de recupero y que requieren de un contexto de estabilidad normativa y reglas claras”.
Desde CAEM remarcaron que la aprobación de las actuales propuestas impactarían en la “producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego”. Por esta razón manifestaron su rechazo, argumentando que se da “una falta de federalismo de concertación en el debate de los proyectos legislativos de protección de humedales y la necesidad de participación de los sectores productivos afectados.”
De igual manera, expresaron su oposición “a toda propuesta de regulación que desde el desconocimiento condene la producción y la calidad de vida digna en las zonas alejadas de los grandes centros productivos de nuestro país donde la minería se desarrolla, y que vaya en contra del espíritu federal de nuestra constitución nacional”.
Más allá de la necesidad de protección y ordenamiento, la realidad es que gran parte de la vida productiva se vincula a los humedales argentinos. El agro reclama que se apliquen las leyes vigentes antes de aprobar una nueva. En este sentido, el diputado Ricardo Buryaile repasó la historia desde 2013 a la fecha y acusó al oficialismo de no querer escuchar a los productores.
Mientras que desde el INTA, uno de los oradores a través de su representante, el ingeniero agrónomo Gerardo Mujica. En este sentido, resaltó los sistemas productivos y personas que viven y dependen de los humedales.
“Hay una gran cantidad ganadera en los diferentes humedales. Podemos ver forestaciones, frutihorticultura en los valles irrigados tanto de Patagonia como en Cuyo, como en los valles intermontanos del NOA. Y también hay minería de litio, y salares de sal común en el Norte. Y una minería de turba en Tierra del Fuego, que también debe ser considerada como parte de los objetivos del país de la importancia económica y estratégica que tiene que tener el país para su desarrollo futuro”, remarcó Gerardo Mujica, uno de los especialistas del Instituto de Investigación de Suelos del INTA.
Mujica también habló de producciones como la arrocera y la ganadera que hoy se realizan en los humedales argentinos. “Podemos ver que en las seis provincias de las regiones más húmedas del país tenemos el 52% de los humedales, y en esa superficie se concentra el 35% del stock bovino del país. Si analizamos en todas estas provincias, la cantidad de población vinculada a esos departamentos de esas provincias y jurisdicciones, vamos a ver que hay un enorme porcentaje poblacional que vive en zonas de humedales que dependen del trabajo, del empleo y de los servicios que provee el humedal”, aseguró.
En el Noreste del país existe una de las áreas más grandes de humedales en los que hoy se da algún tipo de producción agropecuaria. “En el caso del Chaco es el 60% de la población de la provincia que está vinculada directamente o indirectamente a la formas de vida en el humedal”, graficó.
¿Qué pasa en Corrientes, del otro lado del río Paraná? “Allí en los humedales de la provincia reside el 41% de la gente y tienen el 55% de la ganadería en el humedal”, apuntó.
“Ellos por ahí aportan poco, un 5% o el Chaco el 3% a la ganadería nacional, pero no obstante ello, es muy importante por el folklore y la forma de vida en esos lugares”, remarcó.
Más al sur, en Entre Ríos, desde el INTA la consideran como una provincia con bajos porcentajes de humedales en su composición y por ende pocos habitantes que dependan del mismo. Sin embargo el 75% de los RENSPA del SENASA de Entre Ríos están inscriptos para la comunidad europea. “La provincia representa el 25% para la Cuota Hilton. Es la carne más preciada del mundo, y es estratégico para el país que sigamos produciendo porque es la ganadería de isla la que completa la cuota Hilton”, aseguró.
En el caso de la Patagonia es mucho más relevante la dependencia de las economías regionales al agua que proveen los humedales. Allí, en Santa Cruz, Chubut y Río Negro se tiene apenas el 6% de todos los humedales del país, pero concentran el 65% del stock ovino patagónico y el 34% de la ganadería ovina del país. “Es sumamente importante para la producción de lana y carne ovina”, sostuvo Mujica.
“En esos valles irrigados también se produce frutihorticultura. Solo Río Negro, Neuquén y Mendoza concentran el 100% de la fruta de pepita en los valles irrigados de los ríos Tunuyán, Atuel, Río Negro y Colorado. Y en la desembocadura del Colorado tenemos el CORFO Río Colorado, que provee de alimentos al país: hortalizas y cereales. Son colonizaciones importantes en los que la gente vive. Allí hay verdaderamente políticas de Estado”, sostuvo en el debate que se dio esta semana en el Congreso.
Junto a Mujica participó la bióloga Fabiana Navarro, bióloga y especialista del Instituto de Suelos, quien obtuvo su doctorado en Ciencias Naturales en 2005 en el Instituto de Geografía Física de la Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente de la Universidad de Friburgo, Alemania. Navarro le pidió a los legisladores “seriedad” a la hora de establecer los tiempos de relevamiento de humedales en el país que se proponen en diferentes proyectos de Ley.
“En Jujuy se concentra el 90% de la producción de camélidos en los valles y las vegas de altura”, siguió Mujica, quien en sintonía con Navarro pidió consensuar para “un mejor balance entre la producción y la conservación. Que sea una ley que tenga incentivos, que no sea una ley punitiva y con limitaciones. Estamos viendo muchas limitaciones, que son severas para las tecnologías actuales de producción. Ponerle limitaciones a esto es como pegarle a la línea de flotación del barco”, cerró Mujica.
1- Para unificar políticas a nivel nacional. Los humedales son la principal fuente de agua dulce y albergan el 40% de la biodiversidad del planeta. Están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques y desde 1970 se ha perdido el 35% de los humedales del mundo.
2- Con la iniciativa se pide una ley de presupuestos mínimos para promover el uso respetuoso de los humedales. Todas las provincias tendrían que respetarlo. La Constitución Nacional, en su artículo 124, declara que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales de sus territorios. Sin embargo, eso no quiere decir que pueden hacer lo que quieran con ellos, sino que se pueda asegurar una protección uniforme a lo largo de todo el país, como sucede con los glaciares y los bosques. Para que no haya diferencias de protección.
3- El proyecto propone redireccionar los incentivos que entrega el Estado a actividades perjudiciales hacia la promoción de acciones de conservación, uso ambientalmente respetuoso y restauración.
4- El tema del inventario y la moratoria es una de las grandes trabas de los proyectos. El inventario es necesario para poder identificar los humedales con los que cuenta la Argentina y cuáles son los usos que podrían alterar el ecosistema sin un plan de manejo adecuado.
5- Frenar la amenazas a los humedales: el avance de la frontera agropecuaria con los incendios y el uso del suelo, así como la utilización de agroquímicos hace peligrar muchos de estos ambientes acuáticos en la Argentina. También el desarrollo inmobiliario. En el país la región del Delta del Paraná, se ve afectada por estas actividades. La actividad minera amenaza a los humedales: los hielos alrededor de los glaciares cordilleranos son un ejemplo. La explotación del litio entra dentro de estos potenciales riesgos ya que las salinas son humedales.
En definitiva, este es un debate central pero difícil de zanjar vinculado a los recursos naturales, la producción y el trabajo, que probablemente domine los próximos meses la coyuntura política y legislativa como así también la opinión pública.
