9 abril, 2023
Alberto le dijo a los inquilinos que no está de acuerdo con abandonar la ley, como le pidió el ministro. Algunos diputados piden reabrir el debate. El PRO exige la derogación. Los inquilinos en ‘compás de espera’ y sin soluciones.
Ley de alquileres: las internas del Gobierno complican la suspensión que pide Massa
Las internas del Frente de Todos complican la suspensión de la ley de alquileres propuesta por Sergio Massa, quien se le planteó a Alberto Fernández en la última charla privada que tuvieron.
La idea del ministro de Economía es dejar sin efecto al menos algunos artículos de la norma por seis meses y evaluar si de esa manera aumentan la oferta y bajan los precios.
Lo confirmó el diputado Carlos Selva, uno de los más cercanos a Massa. «Es un tema delicado hasta internamente para nosotros. Lo que garantizo es que no se va a derogar la ley de alquileres, sino que se van a suspender algunos de los artículos que tiene la ley hasta que tengamos un nuevo modelo», aclaró el mercedino.
Pero por ahora la idea no tiene pleno consenso en el oficialismo, mientras que el PRO reclama la derogación por ley y no por decreto. Massa ya había anunciado en noviembre de 2021 que promovería la suspensión de la regulación del mercado de alquileres, cuando todavía era presidente de la Cámara de Diputados y se aproximaba un debate sobre el tema.
Su idea no prosperó pero tras dos meses de discusiones el año pasado tampoco hubo un consenso para aprobar otra ley y quedó la actual, surgida pocos días antes del final del gobierno de Mauricio Macri, quien la había resistido durante la gestión.
Los principales promotores fueron los miembros de la asociación de inquilinos agrupados, cuyo titular, Gervasio Muñoz, la defiende y asegura que el problema es la falta de cumplimiento. Este miércoles, en diálogo con IP, contó que habló con Alberto Fernández y le aseguró que la ley seguirá vigente.
A la confesión le siguió un nueva y áspera conversación entre el presidente y Massa, convencido de que lo mejor es suspender las regulaciones por un semestre para evaluar resultados.
En el Congreso tampoco hay una agenda prevista. El diputado del Frente de Todos por Salta Hugo Godoy, quien debería liderar un nuevo debate sobre alquileres por presidir la comisión de Legislación General, anunció que por ahora no está en carpeta reanudar la discusión.
«Son trascendidos que se va a derogar, no hay nada concreto, pero si es un tema recurrente sentarse para analizar cuáles son los mejores mecanismos, como si los contratos por 2 o 3 años ha sido perjudicial, actualizaciones anuales por la inflación que también resulta complicada para ambas partes».
Massa le dijo a Alberto que quería suspender la ley de alquileres por decreto. Pero los inquilinos la defienden y aseguran que el presidente la va a sostener. En Juntos no hay consenso y el PRO exige la derogación.
Pero Godoy consideró que «la desregulación no es la solución y hay que buscar las alternativas para una ley que provoque que haya más ofertas, el precio no se eleve y existan regulaciones en lo contractual que protejan más al inquilino por parte del Estado».
El cuadro de imprevisibilidad lo completó el PRO, que el año pasado no logró consenso en Juntos por el Cambio para derogar la ley. Tras la cumbre Alberto-Massa, 20 diputados de esa bancada presentaron un proyecto para insistir.
«Si el Gobierno no quiere demorar más y seguir generando angustia a millones de argentinos el oficialismo debe votar este proyecto sin más excusas o estratagemas», reclamó Hernán Lombardi, autor de esa iniciativa.
La ley de alquileres surgió de un desprolijo consenso en 2019 en el que participaron referentes de todos los sectores del mercado inmobiliario, con un texto de base que era la aprobación de 2016 en el Senado que se había caído por falta de tratamiento.
Quien monitoreó los debates fue el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, que presidía la comisión de legislación general, pero tan amplio fue el acuerdo que la ley fue aprobada con 191 votos y sólo 24 abstenciones. En el Senado se aprobó un semestre después sin la oposición, que se fue en rechazo a debatir cuestiones que no se refieran a la pandemia.
La ley pasó los contratos de dos a tres años, con subas anuales a través de un índice que combina la inflación y la variación salarial. La estampida de precios pospandemia y la presión de la paritarias dispararon los valores de las propiedades. Y lo que es peor, las cámaras inmobiliarias aseguran que hubo una retracción de oferta, pero los inquilinos agrupados lo niegan.
Además, la norma tiene otros beneficios para los inquilinos como el de no pedir depósitos mayores a un mes y la posibilidad de recibir la devolución al precio del último pago. O el menú de garantías para elegir, que además de propiedades incluye aval bancario o seguro de caución.
Juntos hizo campaña en la Ciudad de Buenos Aires en 2021 con la promesa de pedir la derogación de la ley, pero ni María Eugenia Vidal ni Martín Tetaz lograron convencer a sus pares.
Prosperó en el interbloque de Diputados la decisión de un dictamen que flexibilice los contratos pero mantenga los beneficios a los inquilinos, quienes de lo contrario podrán acusarlos de cualquier perjuicio posterior.
El dictamen opositor propuso que los contratos vuelvan a 2 años y se actualicen libremente entre los 3 y 12 meses, con la posibilidad de usar los índices oficiales como opción. El objetivo, señalaron, es que los propietarios no se defiendan con el precio inicial y pacten subas en los momentos en que los inquilinos puedan pagar.
Pero JxC no logró consenso con los partidos provinciales ni con los liberales, decididos a exigir la derogación. Y menos con el oficialismo, que firmó un dictamen con la ley actual y beneficios impositivos para aumentar oferta.
El Frente de Todos hasta se animó a una chicana y en la última sesión de 2022 incorporó los dictámenes para tratarlos, sabiendo que JxC no iba a dar quórum.
La suspensión de la ley por un semestre no fue tenida cuenta, pero Massa volvió a pedirla. Alcanza con un decreto. Y lo tiene que firmar el presidente.
