11 mayo, 2024
CUESTIONAN EL AVASALLAMIENTO DE LAS AUTONOMÍAS PROVINCIALES
Los opositores a la normativa plantean que generará competencia desleal con la industria local, impacto en los recursos naturales, destrucción de puestos de trabajo y grandes gastos tributarios, entre otras consecuencias. El tratamiento de la Ley Bases entró en cuarto intermedio en el Senado y podría tener tratamiento despúes del 25 de Mayo.
El nuevo proyecto de Ley Bases del oficialismo, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y cuya definición ahora está en el Senado, anuncia en uno de sus apartados: «Créase el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)». La medida generó gran polémica, ya que implica modificaciones importantes en estatutos impositivos, aduaneros y cambiarios. Es por esto que, antes de su votación, los ministros y senadores analizan y discuten los principales puntos del controversial capítulo en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
Mediante el capítulo 8 de la ley ómnibus (ahora mini bus, después de sus numerosos desguaces) de creación del RIGI, el gobierno de Javier Milei busca atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares y fomentar la llegada de capital extranjero y nacional.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, consignó durante el plenario del Senado que este instrumento «pretende atraer grandes inversiones, sobre todo en el área minera, petrolera y gas en grandes montos». Por su parte, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, sostuvo que el objetivo del RIGI consiste «en promover grandes inversiones con proyectos de larga duración».
La propuesta capta el interés de los tres gobernadores de la Mesa del Cobre, Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; y Marcelo Orrego, de San Juan; así como también de las principales figuras de la Mesa del Litio. Sin embargo, el repudio a la normativa ya fue expresado por varios sectores: desde legisladores opositores, pasando por sindicatos, PYMES, y economistas y especialistas en industria.
Pero además de lospro salieron los contras del RIGI. Entre los cuestionamientos se destacaron los mismos puntos en detrimento a la competencia respecto a empresas nacionales, invalidez de normativas que rigen en la actualidad, falta de desarrollo de la figura de proveedores locales preexistentes y perjuicio para las provincias.
Los grandes inversores obtendrán beneficios por 30 años en derechos de importación cero, descenso de 10 puntos del impuesto a las ganancias (del 35% al 25%) y un generoso margen de regalías.
Los detractores de la norma indican además que acentúa el centralismo frente a la soberanía de los recursos mineros de las provincias. Actualmente el 80% de la carga tributaria de la actividad corresponde a la Nación. De aprobarse el proyecto de RIGI, el anterior artículo 162, ahora 163, dispone la nulidad del derecho de las provincias a legislar sobre su territorio respecto a la actividad.
Otra debilidad que señalan al RIGI es que no contempla incentivo de programa de desarrollo del proveedor.
Estos incentivos fiscales implican pérdida de recaudación para el Estado que limita el espacio fiscal, la inversión en infraestructura y la política socia. También vuelven más complejos a los sistemas tributarios, incrementan los costos de administración y cumplimiento, crean espacios para la evasión y la elusión, al tiempo que restan transparencia a la política fiscal y distorsionan la asignación de recursos.
El Senado pasó a cuarto intermedio el tratamiento de la Ley Bases. La Libertad Avanza aceptó el pedido del kirchnerismo de incluir expositores. En este nuevo escenario, los proyectos podrían llegar al recinto recién el 23 de mayo, a dos días del Pacto convocado por Milei.
El Régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para facilitar la llegada de grandes inversionesl al país. Estos son:
– Impuesto a las Ganancias:
– Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).
– Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.
– Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.
– Impuesto al Valor Agregado (IVA):
– Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.
– Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.
– Otros impuestos:
– Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.
– Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.
– Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.
– Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:
– 20% el primer año.
– 40% el segundo año.
– 100% a partir del tercer año.
– Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.
– Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.
– Garantía de no afectación por normativas más gravosas.
Competencia desleal
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advierte que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local, al permitir importaciones sin aranceles.
Otros sectores opositores argumentan que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares deja fuera a las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país.
Invalidez de normativas preexistentes
El artículo 162 de la Ley Bases anularía cualquier normativa previa que limite los beneficios del RIGI, lo que podría vulnerar la autonomía de provincias y municipios, según abogados constitucionalistas.
Reclaman falta de desarrollo de proveedores locales
Los críticos señalan que el régimen no incluye ítems para priorizar el desarrollo de proveedores locales ni especifica sectores a impulsar.
El RIGI, incluido en la Ley Bases, es cuestionado por legisladores opositores, sindicatos, PYMES y econonomistas.
Desde el Centro de Economía Política (CEPA), argumentan que el RIGI otorgará «excesivos beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años a quienes inviertan un mínimo de 200 millones de dólares, sin ninguna exigencia». Y se asevera: «no hay sectores prioritarios, ni obligación de promover proveedores locales, ni agregar valor en Argentina».
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) coincidió con la CEPA al adviertir que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local, al permitir importaciones sin aranceles. El organismo económico destaca esto: «el RIGI pone en riesgo toda la industria local y sus puestos de trabajo al facilitar la importación de bienes que compiten con lo nacional».
Otros sectores opositores argumentan que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares deja fuera a las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país.
Asimismo, la organización que conduce Hernán Letcher, explicita que la normativa que impulsa el oficialismo «aumenta el gasto tributario», y coloca al CIADI (una institución bancaria estadounidense) como tribunal de resolución de conflictos».
También se cuestiona que en caso de ser aprobado, el artículo 162 de la Ley Bases anularía cualquier normativa previa que limite los beneficios del RIGI, lo que —según abogados constitucionalistas— podría vulnerar la autonomía de provincias y municipios.
Además hay importantísimos cuestionamientos a la liberación del uso de los recursos naturales por parte del país, lo que impacta de lleno en las autonomías provinciales y quedaria definido por Ley:
