29 diciembre, 2020
SOBRE UN ESTIMATIVO DE 457 MIL ABORTOS ANUALES, EL COSTO SANITARIO SUPERARÍA LOS $9 MIL MILLONES EN PROMEDIO
En el fuerte intercambio legislativo por la interrupción voluntaria del embarazo, la senadora chubutense Nancy González, del Frente de Todos, se refirió al costo que tendría para el Estado la sanción de este proyecto. “Sabemos que es mucho más económico para el Estado aprobar este proyecto hoy, que sigan habiendo abortos clandestinos”, sostuvo la senadora.
Al cierre de esta edición con el voto de Lucila Crexell, voto 37, la mitad más uno del Senado de la Nación, la definición por la aprobación de la Ley era ya un hecho.
En línea con lo señalado por González, quien anunció que votará a favor de la iniciativa, los datos oficiales muestran que los costos fiscales se reducirían por lo menos 5 veces en caso de aprobarse este proyecto.
Tanto en la gestión de Mauricio Macri como en la de Alberto Fernández se presentaron datos que respaldan este argumento. En 2018, el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein presentó durante las exposiciones por el debate de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso un estudio realizado por la Dirección de Economía que dependía de su cartera.
De acuerdo con las estimaciones oficiales de ese entonces, de aprobarse el proyecto de ley, el 90% de los abortos se haría con medicamentos (misoprostol y mifeprestona) con distintas dosis según el período de gestación. Pero, además, sostenía que el acceso a una práctica más segura reduciría significativamente las complicaciones y, por ende, los gastos en internaciones en los hospitales.
Dos años atrás, según calculó el Ministerio de Salud, un aborto tenía un costo de $ 11.500 y en un escenario de legalización sería de $ 1.914. El costo anual total, con una estimación de 345.627 abortos por año, sería de más de $ 4 mil millones y si se aprobaba la legalización caería a $ 678,6 millones, un 83% más bajo.
El actual ministro de Salud, Ginés González García, informó en su última exposición ante el Senado los estudios de costos públicos que analizan la diferencia entre un contexto de abortos legales respecto a los abortos clandestinos.
Parte de las estadísticas presentadas por el ministro corresponden a la actualización a 2020 de un estudio realizado por Malena Monteverde -doctora en Economía e investigadora Adjunta del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba- y Sonia Tarragona -economista y directora de la Fundación QUANT- titulado “Abortos seguros e inseguros: costos monetarios totales y costos para el sistema de salud de la Argentina en 2018”.
Para el escenario de 457 mil abortos anuales -basados en las proyecciones oficiales de la población femenina de 15 a 49 años para dicho año y las tasas de abortos cada mil mujeres- los costos totales en el peor de los escenarios bajo prácticas legales y seguras alcanzan los $ 9.287 millones en promedio. Mientras que en el actual escenario de ilegalidad e inseguridad de la práctica el costo es de $ 51.902 millones, es decir, más de 5 veces más.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) -dirigido por Hernán Letcher, presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Productivo- publicó un informe en diciembre de 2020 con los estimativos de los costos fiscales que corresponden a los abortos. El documento elaboró 3 categorías para agrupar la gravedad de las complicaciones derivadas de un aborto inseguro: abortos incompletos leves, abortos incompletos de gravedad media y abortos incompletos de gravedad alta.
Según el informe, el costo médico de un tratamiento por las complicaciones derivadas de un aborto incompleto leve es de $ 42.915, el de uno de gravedad media es de $ 81.788 y de uno de alta gravedad es de $ 132.425. Del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requiere una intervención leve, el 31% presenta complicaciones de gravedad media y el 2% corresponde a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.
Así, considerando los 45.604 egresos hospitalarios por abortos incompletos anuales y la probabilidad de ocurrencia detallada anteriormente del tipo de complicación, el costo total ponderado de tratamientos por abortos incompletos alcanza en total la suma de $ 2.586.000.000 al año, frente a los $ 314.416.632 que costaría en caso de haberlos tratatado con misoprostol o con una Aspiración Manual Endouterina.
Posiblemente la definición para la aprobación que se palpita se comenzó a gestar hace bastante. Cuando el ex gobernador de Río Negro y senador nacional Alberto Weretilneck y el peronista entrerriano Edgardo Kueider venían pidiendo un pequeño cambio a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sus votos garantizarían la aprobación de una ley que tenía un resultado muy ajustado, según las previsiones. El anuncio de un acuerdo que sumaría a ambos senadores, y quizás a alguno más, fue realizado en el inicio del debate en el Senado por la pampeana Norma Durango: ‘con acuerdo del Poder Ejecutivo se prometió el veto parcial del artículo 4 inciso B que habilita la posibilidad de la realización de un aborto después de la semana 14 en caso de violación o en el caso de que estuviera en riesgo la vida o “la salud integral” de la persona gestante’.
Lo dijo claramente Durango, la palabra “integral” generaba preocupación y tras consultar al Poder Ejecutivo el Frente de Todos, finalmente se comprometió a un veto parcial que significaría quitar la palabra “integral” del texto que tanto para Weretilneck como para Kueider podía habilitar todo pedido de interrupción de embarazo.
Los senadores del oficialismo lo charlaron con el Presidente, quien avaló la conversación con el senador que actúa como circunstancial aliado. “No es un cambio en la ley”, señalaron desde Casa Rosada donde abrieron la puerta al acuerdo explicando que la reglamentación o el veto parcial resuelven una duda que para algunos senadores era un punto crucial. Y allí se allanó el paso de la ola verde.
*Chequeado, Parlamentario, NA
