23 enero, 2021
En las últimas semanas la provincia de Formosa ha sido noticia por varias situaciones que, gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, han sido imposible de ocultar: el manejo de la pandemia del COVID-19 a nivel provincial dista demasiado de los estándares de respeto por los derechos y garantías individuales resguardados por la Constitución. Hace unos meses ya había sido noticia la enorme cantidad de ciudadanos formoseños impedidos de ingresar a la provincia y frenados en la frontera. Ahora fue noticia las privaciones de libertad en establecimientos escolares de ciudadanos a pesar de haber dado negativo en los tests de COVID-19. Y si hubieran dado positivo, tampoco era el lugar ni la forma. Por si faltara algo, sobre el final de la semana se conoció la detención de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, quienes habían denunciado a Gildo Insfrán por las condiciones inhumanas en los centros de aislamiento.
Frente a todo esto, el oficialismo evade una posible ‘intervención federal’ y politiza la situación, en un presunto intento por desactivar el malestar social, y atemperar los atropellos institucionales con visos de presuntos enfrentamientos partidarios.
En ese marco, con la firma de todas sus autoridades, el Partido Justicialista salió en defensa del gobernador de Formosa, y al cruce de las críticas de la oposición por su política de control de los pacientes con Covid-19. Con la firma de su presidente, el diputado José Luis Gioja, el justicialismo destacó «los indicadores» de salud de la provincia del norte argentino. Estadísticas difícilmente comprobables, afirman desde esa provincia.
“En una pandemia, la principal obligación de todo gobierno es defender la salud y la vida de su comunidad. En nuestro país una provincia se destaca especialmente por los indicadores sanitarios logrados en defensa de su población: Formosa”, dijeron en un comunicado, prácticamente justificando las serias irregularidades que rayan en el atropello a los más básicos derechos humanos.
En ese marco, lejos de hacer un análisis profundo de la situación, el PJ denunció una nueva “feroz campaña política y mediática” en contra de esa provincia, lo que consideran que está lejos de una “preocupación sanitaria”. Paradójicamente calificaron como intencionales las agresión a Insfran por su “gran gestión” en la provincia y por su rol de dirigente del PJ.
“Los insólitos pedidos de intervención federal y las permanentes operaciones motorizadas por sectores de la oposición al Gobierno Nacional dejan en evidencia la intencionalidad política de la permanente campaña de desprestigio contra Formosa. Se dicen democráticos y republicanos, pero buscan, con estas artimañas, lograr los espacios que el voto popular de los formoseños les niega contundentemente”, arremetieron los líderes del peronismo nacional.
En este sentido, agregaron: “El objetivo de la oposición, finalmente, es atacar al peronismo y al gobierno peronista que les ganó en las urnas. Por este mismo motivo llamaron a incumplir la cuarentena, militan en contra de la vacuna y fomentan la grieta en todos los ámbitos posibles”.
En duros términos, el comunicado cierra con las firmas de Gioja, de Lucia Corpacci, Daniel Scioli, Leonardo Nardini, Rosana Bertone y Antonio Caló calificando las actitudes de la oposición como dañinas “a la democracia y a las instituciones”, y de mezquindad en medio de una pandemia que “puede costar la vida de muchos compatriotas”.
Lo cierto es que más allá del discurso y del folclore contestario propio del partido gobernante, no se puede desconocer la realidad ni legitimar cualquier cosa en nombre del ‘ movimiento’. En Formosa, a los casos dudosos o confirmados de contagio del virus afirman que se los están aislando en un centro especial por disposición del gobierno provincial. Contra toda voluntad del enfermo e impidiéndole realizar su aislamiento en sus domicilios. En ese marco, las denuncias por violaciones a los derechos humanos en esa provincia llevan meses. Primero, por la situación de personas varadas a quienes no permitían ingresar a la provincia, con casos resonados por tratamientos de cáncer y otras patologías que requerían desplazamientos médicamente justificados. Luego, por la reclusión en Centros de Atención Sanitaria (CAS), con cuarentenas obligatorias allí en “condiciones inhumanas”.
«Se están violando los derechos humanos -ratifica-. Hay hacinamiento, falta de higiene, personas con crisis que no tienen contención psicológica; de noche hay lugares donde les cierran las puertas con candado, les apagan la luz, no los dejan salir al patio. Hemos hecho todo lo posible, hemos ido a la Justicia y no hay respuestas»., relató la concejala Gabriela Neme que terminó detenida por protestar por esta situación, afirmando que son verdaderos «centros de detención»
“Hicimos una denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por toda la situación y es probable que vayamos al Sistema Interamericano por una cautelar”, anticipó Mariela Belski, Directora Ejecutiva Amnistía Internacional, en diálogo con Tiempo al reconocer la intervención del organismo.
En función de las denuncias y testimonios afirman que “adentro de los centros la situación es de hacinamiento, con un solo baño; desayunan y comen en las camas; las condiciones de estar ahí son tremendamente inhumanas. A veces están mucho más de 14 días. Una persona estuvo 22 días, nadie explica por qué. No tenés con quién hablar. Hay chicas jóvenes –como una mamá con un bebé- muy afectadas emocionalmente. Es como estar detenidas, y no tienen contención psicológica”.
La detención de dos concejalas que denunciaron todo esto públicamente durante una protesta en esos espacios, reflotó los reclamos para que el gobierno de Gildo Insfrán adopte medidas sanitarias que no vulneren los derechos humanos. Lo que rescata el PJ es que las concejalas representan al partido opositor.
Toda esta situación ocasionó la movilización de gente por redes y presencial, no sólo referentes políticos, sino ciudadanos que condenan el modo de gestionar la crisis sanitaria en Formosa. De hecho un grupo de manifestantes realizó una protesta el miércoles contra el gobernador Gildo Insfrán en la Casa de la Provincia de Formosa, ubicada en el centro porteño.
Los presentes reclamaron por las condiciones de vida en los centros de aislamiento para infectados de coronavirus, la prohibición del ingreso a la provincia durante la pandemia, el acampe de personas en la ruta y la falta de esclarecimiento de la muerte de un joven de 23 años mientras intentaba cruzar el Río Bermejo, entre otras demandas.
El edificio de la calle Hipólito Yrigoyen al 1400 fue empapelado con carteles con el retrato de Insfrán y la palabra “dictador”, y consignas como “Insfrán = Stalin” y “No a los campos de concentración en Formosa”.
“Hay un avasallamiento de los derechos humanos, ya que no los dejaban salir y si no volvían a una determinada hora los detenían”, cuestionó Aura Marina Ríos Flores, perteneciente al Equipo Republicano, uno de los espacios que convocó la protesta. Y agregó: “No se sabe si estamos en la Argentina actual o en la época del Holocausto”, afirmó una participante
Ante este panorama, desde Amnistía Internacional ya evalúan acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Vamos a presentar medidas cautelares por la situación general. Es una situación contundente de violación de derechos humanos”, definió. Y agregó que, incluso en situaciones especiales como la pandemia de covid, donde se dan limitaciones a la libertad individual, éstas “tienen que ser razonables y medidas”.
“No pasa esto en ningún lado del mundo”, dijo Belski sobre el modo en que funcionan los CAS en Formosa, donde personas sintomáticas y asintomáticas permanecen mezcladas, sin que se les permita cumplir las cuarentenas en sus domicilios y, en muchos casos, por más de 14 días. “No pasa esto en ninguna otra provincia. Las provincias han limitado libertades individuales y algunas se han excedido en el uso de la fuerza, hubo casos. Pero con estas decisiones de armar centros de aislamiento donde mezclan todo, con condiciones inhumanas, no hay otros en el país”, remarcó.
*DC, MZO, NA
